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El capitalismo, como sistema de producción anárquico, carece de una cabeza que mueva sus hilos de forma centralizada; es más un metabolismo social o un mecanismo impersonal donde se articulan distintos intereses que tienen como principal objetivo la acumulación privada de la riqueza circulante. Y, como tal, los valores de su filosofía liberal-pragmática que se practican para alcanzar ese fin en la economía de su espacio geográfico se replican también en la política.

El Perú, que presenta un capitalismo atrasado en la periferia del sistema capitalista global (imperialista), tiene, sin embargo, algunas características particulares que hacen que la aplicación del marco de desarrollo capitalista llamado neoliberalismo sea diferente al de otros países de la región. En el Perú se ha formado, como en todos los países, una gran burguesía financiera (GBF) cuyo poder reside principalmente en la costa centro-norte, al ser la zona que ha ofrecido mejor oportunidad para generar una economía de escala donde logra acumular más plusvalor. Esta ha tratado de encuadrar el desarrollo capitalista del Perú dentro del marco capitalista global (FMI, Banco Mundial, OCDE, UNESCO); sin embargo, dichas intenciones se han visto frenadas por la emergencia de una burguesía media que, por las características particulares de la geografía peruana en altitud y latitud, muestra poca capacidad de articularse en un proyecto común, pero sí de converger en contra de los proyectos que vayan en contra de sus intereses.

De ahí que la mayor parte de la burguesía media, principalmente de la costa y selva centro-norte del país, se haya opuesto a cualquier tipo de regulación al mercado educativo, de transporte, minero, etc., que les impida acumular más riqueza y llegar a tener el nivel de poder de la gran burguesía. Para este sector burgués, la ingente informalidad propia de un capitalismo atrasado no es un problema a resolver; por el contrario, es la oportunidad para crecer, así signifique la sobreexplotación de la gran masa trabajadora, la incubación de economías ilegales y el retardo tecnológico del país.

El gobierno tras la caída de Pedro Castillo

La dispersión de la burguesía media respecto a un proyecto común, pero su convergencia en lo que rechaza, se ha manifestado con mayor plenitud en los últimos tres años y medio desde que fue derrocado Pedro Castillo. La legislación que impuso la burguesía media en el poder estuvo encaminada a desregular distintos sectores de la economía para disputárselos a la GBF; en ese proceso, las regulaciones y los estándares mínimos de los organismos internacionales fueron vistos como trabas que debían ser pasadas por alto para mantener y profundizar el modelo. Asimismo, buscó ganarse al máximo a las fuerzas del orden a través del blindaje y la impunidad para que sigan ejecutando la represión contra todo lo que amenazara el modelo, algo en lo que sí converge con la GBF.

De las distintas expresiones políticas de este sector burgués, la que ha tenido hegemonía ha sido el partido Fuerza Popular (el fujimorismo), que en conjunto con la coalición que dirigía en el Congreso (el llamado «pacto mafioso») preparó toda la legislación electoral para que la sucesión del gobierno no significara una pérdida del poder que habían conseguido hasta hace poco. El debilitamiento de las elecciones primarias, la enorme cantidad de organizaciones políticas en contienda y el cambio a un sistema bicameral debían hacer posible ese objetivo.

Y, efectivamente, la política fragmentaria —no solo de la burguesía media (con decenas de partidos), sino también de los partidos con más componente popular (Juntos por el Perú, Ahora Nación, Venceremos) e incluso los de la GBF (Partido Morado, Buen Gobierno, Primero la Gente)— terminó dándole la victoria en primera vuelta al partido que tenía, aunque pequeño, mejor asegurado su voto duro: Fuerza Popular. Esto permitiría la continuidad del control legislativo y la posibilidad de disputar el Ejecutivo con la siguiente organización política en obtención de votos: Juntos por el Perú.

Fuerza Popular como franquicia política

Fuerza Popular (FP) ha demostrado hasta ahora ser la franquicia política mejor organizada. Su resiliencia se la debe no solo al recuerdo de la dictadura de Alberto Fujimori, sino también a que ha sabido funcionar mejor como un «atrapalotodo» de intereses de la burguesía media que emergió durante la década de los 90, e incluso de parte de la GBF —principalmente los agroexportadores—, que consolidaron su poder también durante esos años. A esto se suman sus lazos con las economías ilegales que la ponen en estrecho vínculo con el lumpenproletariado, así como el apoyo de la pequeña burguesía conservadora y el proletariado informal sobreexplotado de las grandes ciudades de la costa y la selva centro-norte.

En el caso de estos dos últimos sectores, su adhesión, más que al partido o al ideario que defiende FP, es a la imagen de orden y mano dura que el gobierno de Alberto Fujimori trató de representar durante el Conflicto Armado Interno (CAI), y que esperan ver replicada en un gobierno de Keiko Fujimori contra el crimen organizado.

El rol de Juntos por el Perú y la segunda vuelta

El contendor de Keiko en la segunda vuelta fue Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JP), un elemento de la pequeña burguesía limeña que se asume como socialcristiano y tiene una dudosa honestidad. Sánchez, sin tener una masa militante detrás, supo atraer a aquellos sectores más descontentos tras la represión que se ejecutó luego de la caída de Pedro Castillo. Sin embargo, para ganar la segunda vuelta se requería más que los sectores populares de la zona surandina. Sánchez creyó erróneamente que el antifujimorismo, que había sido tan efectivo para hacer perder a Keiko en segundas vueltas anteriores, sería suficiente para garantizarle la victoria. Detrás de él se ubicaron el campesinado y la pequeña burguesía del ande (principalmente del sur andino), el proletariado organizado y la pequeña burguesía progresista de la costa y la selva centro-norte.

En la campaña para la segunda vuelta reinó la improvisación por ambas partes, pero solo el fujimorismo se dio cuenta de que se encontraba en un contexto altamente polarizado y supo, nuevamente, atraer mejor tras de sí a todos los sectores que, más que un proyecto común, compartían un rechazo: el miedo a una mayor inestabilidad de sus intereses.

Sánchez, que no partió con la ventaja de simpatía y orígenes que anteriormente tuvo Castillo en la primera vuelta de 2021, se concentró en tejer alianzas con sectores del centro político moderando su discurso y en prestarse intelectuales y técnicos al carecer de ellos, pero sin explotar —salvo tardíamente— la principal preocupación de gran parte de los sectores populares: la inseguridad ciudadana.

La arremetida del crimen organizado en los últimos años, propiciada por la laxa legislación aprobada por el Congreso, ha hecho que este problema se vuelva la principal preocupación de la población, sobre todo de los sectores medios y populares de la costa y la selva centro-norte, donde los lazos comunitarios son más débiles. Un lenguaje más confrontativo de parte de Sánchez hacia el crimen organizado, y una asociación temprana de Keiko como la «Señora del Caos», hubiera restado fuerza a la imagen de mano dura que el fujimorismo vendía como garantía de lucha contra la delincuencia (siendo ellos mismos responsables de que el lumpen se haya empoderado tanto). Pero Sánchez y su equipo fueron menos perspicaces ante las emociones de la masa que Castillo cuando recogió la indignación por los estragos del COVID-19 en el 2021.

Para Sánchez no importaba si la victoria se alcanzaba con tan solo 40 000 votos como lo logró Castillo; de ahí que no se preocupara por el cambio del ministro de Relaciones Exteriores por un perfil afín al fujimorismo como Carlos Pareja el 23 de abril, ni por las nuevas normativas para el envío de los resultados en las actas del extranjero (Resolución Jefatural N.° 000090-2026-JN/ONPE). Para él, la tendencia a la derrota de Keiko y la moderación de su propio discurso para atraer a las clases medias bastaban para asegurar un escueto triunfo, bajo la premisa de que él iría creciendo mientras Keiko disminuía.

Y aunque el día de la elección, el 7 de junio, el conteo rápido pareció repetir la historia de 2021, esta vez la comedia se convirtió en tragedia. La escueta ventaja que JP parecía sacarle al fujimorismo se vio revertida con el paso de los días a medida que llegaban tardíamente los votos del extranjero. Así, la victoria de Keiko Fujimori terminó consumándose por una ventaja de 50 000 votos.

El panorama del nuevo gobierno fujimorista

Con ello se formaliza el poder que la burguesía media ha venido ejerciendo desde el 7 de diciembre de 2022, al tener la mayor parte de las instituciones del Estado copadas y bastándole unos cuantos votos para tener la mayoría absoluta en el poder legislativo. Sin duda, estos votos se los darán los partidos de «centro» (Buen Gobierno) que, en la segunda vuelta, junto con sectores radicaloides pequeñoburgueses, le hicieron el juego llamando al voto nulo. El fujimorismo ya no tiene límites para terminar de barrer cualquier elemento progresista en el Estado y usar este sin control para ejercer la persecución, la represión y el control de todo aquello que cuestione al modelo o a sus particulares intereses.

Todo ello ha profundizado el desánimo en el movimiento popular, que no ha terminado de recuperarse de la derrota sufrida en el estallido sociopolítico de 2022-2023, y que ahora, amenazado también por el crimen organizado, debe soportar que retorne formalmente al gobierno la organización política que reivindica impunemente las violaciones de los derechos humanos ejecutadas por el Estado tanto en el CAI como en los últimos años. Sin embargo, este auge de las fuerzas conservadoras y reaccionarias también puede significar el inicio de su decadencia.

En adelante, las fuerzas oportunistas socialdemócratas o liberales «progresistas» ya no podrán seguir usando la excusa de «no golpear al mal menor» para no hacerle el juego al fujimorismo. El movimiento popular tendrá más claro que no hay mal mayor ni humillación peor que el hecho de que el fujimorismo se encuentre nuevamente gobernando después de todo el daño que le hizo al país.

Lo otro es que, hasta ahora, el fujimorismo ha ejercido el poder desde el Congreso detrás de los títeres que iba poniendo en Palacio de Gobierno; pero en adelante será el mismo fujimorismo quien gobierne, convirtiéndose en el principal responsable de la política pública y, por ende, en el blanco directo de las críticas y los ataques, por más que intente censurarlos.

El fujimorismo seguirá gobernando para mantener el modelo económico que favorece a la GBF y a la burguesía media, el cual a su vez sigue fortaleciendo al lumpen. Y ahí radica su principal contradicción: la pequeña burguesía conservadora y el proletariado informal esperan que la mano dura que lo caracteriza sea utilizada contra el crimen y no contra la protesta; pero la defensa a ultranza del modelo económico no permite satisfacer una demanda que el mismo sistema engendra para mantenerse y profundizarse.

El fujimorismo ya no parte de la nada como en los 90, con un modelo de capitalismo populista fracasado que debía ser desmantelado por el nuevo modelo neoliberal. El fujimorismo ahora debe salvaguardar un modelo que para las clases que lo apoyan (altas, medias o bajas) ha significado poseer algo, por lo que aún creen en este. Al ser incapaz de satisfacer las demandas de todos esos sectores que le han dado su respaldo, será el único responsable de su fracaso sin poder lavarse las manos.

Ahí radica la gran oportunidad de la clase trabajadora y de los cuadros marxistas-leninistas. Si bien deben realizar un repliegue estratégico ante la ofensiva reaccionaria, este debe ser aprovechado para fortalecerse orgánica e ideológicamente: estudiar lo más posible la compleja realidad peruana para lanzar las propuestas más concretas que atraigan a ese proletariado informal y a la pequeña burguesía conservadora cuando se encuentren desengañados del fujimorismo. Solo así se podrá inclinar la balanza para pasar a la ofensiva, enterrar finalmente al neoliberalismo y a las fuerzas políticas que engendró, y disputarle el poder a las clases sociales que este enriqueció.