ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA 2026

El capitalismo, como sistema de producción anárquico, carece de una cabeza que mueva sus hilos de forma centralizada; es más un metabolismo social o un mecanismo impersonal donde se articulan distintos intereses que tienen como principal objetivo la acumulación privada de la riqueza circulante. Y, como tal, los valores de su filosofía liberal-pragmática que se practican para alcanzar ese fin en la economía de su espacio geográfico se replican también en la política.

El Perú, que presenta un capitalismo atrasado en la periferia del sistema capitalista global (imperialista), tiene, sin embargo, algunas características particulares que hacen que la aplicación del marco de desarrollo capitalista llamado neoliberalismo sea diferente al de otros países de la región. En el Perú se ha formado, como en todos los países, una gran burguesía financiera (GBF) cuyo poder reside principalmente en la costa centro-norte, al ser la zona que ha ofrecido mejor oportunidad para generar una economía de escala donde logra acumular más plusvalor. Esta ha tratado de encuadrar el desarrollo capitalista del Perú dentro del marco capitalista global (FMI, Banco Mundial, OCDE, UNESCO); sin embargo, dichas intenciones se han visto frenadas por la emergencia de una burguesía media que, por las características particulares de la geografía peruana en altitud y latitud, muestra poca capacidad de articularse en un proyecto común, pero sí de converger en contra de los proyectos que vayan en contra de sus intereses.

De ahí que la mayor parte de la burguesía media, principalmente de la costa y selva centro-norte del país, se haya opuesto a cualquier tipo de regulación al mercado educativo, de transporte, minero, etc., que les impida acumular más riqueza y llegar a tener el nivel de poder de la gran burguesía. Para este sector burgués, la ingente informalidad propia de un capitalismo atrasado no es un problema a resolver; por el contrario, es la oportunidad para crecer, así signifique la sobreexplotación de la gran masa trabajadora, la incubación de economías ilegales y el retardo tecnológico del país.

El gobierno tras la caída de Pedro Castillo

La dispersión de la burguesía media respecto a un proyecto común, pero su convergencia en lo que rechaza, se ha manifestado con mayor plenitud en los últimos tres años y medio desde que fue derrocado Pedro Castillo. La legislación que impuso la burguesía media en el poder estuvo encaminada a desregular distintos sectores de la economía para disputárselos a la GBF; en ese proceso, las regulaciones y los estándares mínimos de los organismos internacionales fueron vistos como trabas que debían ser pasadas por alto para mantener y profundizar el modelo. Asimismo, buscó ganarse al máximo a las fuerzas del orden a través del blindaje y la impunidad para que sigan ejecutando la represión contra todo lo que amenazara el modelo, algo en lo que sí converge con la GBF.

De las distintas expresiones políticas de este sector burgués, la que ha tenido hegemonía ha sido el partido Fuerza Popular (el fujimorismo), que en conjunto con la coalición que dirigía en el Congreso (el llamado «pacto mafioso») preparó toda la legislación electoral para que la sucesión del gobierno no significara una pérdida del poder que habían conseguido hasta hace poco. El debilitamiento de las elecciones primarias, la enorme cantidad de organizaciones políticas en contienda y el cambio a un sistema bicameral debían hacer posible ese objetivo.

Y, efectivamente, la política fragmentaria —no solo de la burguesía media (con decenas de partidos), sino también de los partidos con más componente popular (Juntos por el Perú, Ahora Nación, Venceremos) e incluso los de la GBF (Partido Morado, Buen Gobierno, Primero la Gente)— terminó dándole la victoria en primera vuelta al partido que tenía, aunque pequeño, mejor asegurado su voto duro: Fuerza Popular. Esto permitiría la continuidad del control legislativo y la posibilidad de disputar el Ejecutivo con la siguiente organización política en obtención de votos: Juntos por el Perú.

Fuerza Popular como franquicia política

Fuerza Popular (FP) ha demostrado hasta ahora ser la franquicia política mejor organizada. Su resiliencia se la debe no solo al recuerdo de la dictadura de Alberto Fujimori, sino también a que ha sabido funcionar mejor como un «atrapalotodo» de intereses de la burguesía media que emergió durante la década de los 90, e incluso de parte de la GBF —principalmente los agroexportadores—, que consolidaron su poder también durante esos años. A esto se suman sus lazos con las economías ilegales que la ponen en estrecho vínculo con el lumpenproletariado, así como el apoyo de la pequeña burguesía conservadora y el proletariado informal sobreexplotado de las grandes ciudades de la costa y la selva centro-norte.

En el caso de estos dos últimos sectores, su adhesión, más que al partido o al ideario que defiende FP, es a la imagen de orden y mano dura que el gobierno de Alberto Fujimori trató de representar durante el Conflicto Armado Interno (CAI), y que esperan ver replicada en un gobierno de Keiko Fujimori contra el crimen organizado.

El rol de Juntos por el Perú y la segunda vuelta

El contendor de Keiko en la segunda vuelta fue Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JP), un elemento de la pequeña burguesía limeña que se asume como socialcristiano y tiene una dudosa honestidad. Sánchez, sin tener una masa militante detrás, supo atraer a aquellos sectores más descontentos tras la represión que se ejecutó luego de la caída de Pedro Castillo. Sin embargo, para ganar la segunda vuelta se requería más que los sectores populares de la zona surandina. Sánchez creyó erróneamente que el antifujimorismo, que había sido tan efectivo para hacer perder a Keiko en segundas vueltas anteriores, sería suficiente para garantizarle la victoria. Detrás de él se ubicaron el campesinado y la pequeña burguesía del ande (principalmente del sur andino), el proletariado organizado y la pequeña burguesía progresista de la costa y la selva centro-norte.

En la campaña para la segunda vuelta reinó la improvisación por ambas partes, pero solo el fujimorismo se dio cuenta de que se encontraba en un contexto altamente polarizado y supo, nuevamente, atraer mejor tras de sí a todos los sectores que, más que un proyecto común, compartían un rechazo: el miedo a una mayor inestabilidad de sus intereses.

Sánchez, que no partió con la ventaja de simpatía y orígenes que anteriormente tuvo Castillo en la primera vuelta de 2021, se concentró en tejer alianzas con sectores del centro político moderando su discurso y en prestarse intelectuales y técnicos al carecer de ellos, pero sin explotar —salvo tardíamente— la principal preocupación de gran parte de los sectores populares: la inseguridad ciudadana.

La arremetida del crimen organizado en los últimos años, propiciada por la laxa legislación aprobada por el Congreso, ha hecho que este problema se vuelva la principal preocupación de la población, sobre todo de los sectores medios y populares de la costa y la selva centro-norte, donde los lazos comunitarios son más débiles. Un lenguaje más confrontativo de parte de Sánchez hacia el crimen organizado, y una asociación temprana de Keiko como la «Señora del Caos», hubiera restado fuerza a la imagen de mano dura que el fujimorismo vendía como garantía de lucha contra la delincuencia (siendo ellos mismos responsables de que el lumpen se haya empoderado tanto). Pero Sánchez y su equipo fueron menos perspicaces ante las emociones de la masa que Castillo cuando recogió la indignación por los estragos del COVID-19 en el 2021.

Para Sánchez no importaba si la victoria se alcanzaba con tan solo 40 000 votos como lo logró Castillo; de ahí que no se preocupara por el cambio del ministro de Relaciones Exteriores por un perfil afín al fujimorismo como Carlos Pareja el 23 de abril, ni por las nuevas normativas para el envío de los resultados en las actas del extranjero (Resolución Jefatural N.° 000090-2026-JN/ONPE). Para él, la tendencia a la derrota de Keiko y la moderación de su propio discurso para atraer a las clases medias bastaban para asegurar un escueto triunfo, bajo la premisa de que él iría creciendo mientras Keiko disminuía.

Y aunque el día de la elección, el 7 de junio, el conteo rápido pareció repetir la historia de 2021, esta vez la comedia se convirtió en tragedia. La escueta ventaja que JP parecía sacarle al fujimorismo se vio revertida con el paso de los días a medida que llegaban tardíamente los votos del extranjero. Así, la victoria de Keiko Fujimori terminó consumándose por una ventaja de 50 000 votos.

El panorama del nuevo gobierno fujimorista

Con ello se formaliza el poder que la burguesía media ha venido ejerciendo desde el 7 de diciembre de 2022, al tener la mayor parte de las instituciones del Estado copadas y bastándole unos cuantos votos para tener la mayoría absoluta en el poder legislativo. Sin duda, estos votos se los darán los partidos de «centro» (Buen Gobierno) que, en la segunda vuelta, junto con sectores radicaloides pequeñoburgueses, le hicieron el juego llamando al voto nulo. El fujimorismo ya no tiene límites para terminar de barrer cualquier elemento progresista en el Estado y usar este sin control para ejercer la persecución, la represión y el control de todo aquello que cuestione al modelo o a sus particulares intereses.

Todo ello ha profundizado el desánimo en el movimiento popular, que no ha terminado de recuperarse de la derrota sufrida en el estallido sociopolítico de 2022-2023, y que ahora, amenazado también por el crimen organizado, debe soportar que retorne formalmente al gobierno la organización política que reivindica impunemente las violaciones de los derechos humanos ejecutadas por el Estado tanto en el CAI como en los últimos años. Sin embargo, este auge de las fuerzas conservadoras y reaccionarias también puede significar el inicio de su decadencia.

En adelante, las fuerzas oportunistas socialdemócratas o liberales «progresistas» ya no podrán seguir usando la excusa de «no golpear al mal menor» para no hacerle el juego al fujimorismo. El movimiento popular tendrá más claro que no hay mal mayor ni humillación peor que el hecho de que el fujimorismo se encuentre nuevamente gobernando después de todo el daño que le hizo al país.

Lo otro es que, hasta ahora, el fujimorismo ha ejercido el poder desde el Congreso detrás de los títeres que iba poniendo en Palacio de Gobierno; pero en adelante será el mismo fujimorismo quien gobierne, convirtiéndose en el principal responsable de la política pública y, por ende, en el blanco directo de las críticas y los ataques, por más que intente censurarlos.

El fujimorismo seguirá gobernando para mantener el modelo económico que favorece a la GBF y a la burguesía media, el cual a su vez sigue fortaleciendo al lumpen. Y ahí radica su principal contradicción: la pequeña burguesía conservadora y el proletariado informal esperan que la mano dura que lo caracteriza sea utilizada contra el crimen y no contra la protesta; pero la defensa a ultranza del modelo económico no permite satisfacer una demanda que el mismo sistema engendra para mantenerse y profundizarse.

El fujimorismo ya no parte de la nada como en los 90, con un modelo de capitalismo populista fracasado que debía ser desmantelado por el nuevo modelo neoliberal. El fujimorismo ahora debe salvaguardar un modelo que para las clases que lo apoyan (altas, medias o bajas) ha significado poseer algo, por lo que aún creen en este. Al ser incapaz de satisfacer las demandas de todos esos sectores que le han dado su respaldo, será el único responsable de su fracaso sin poder lavarse las manos.

Ahí radica la gran oportunidad de la clase trabajadora y de los cuadros marxistas-leninistas. Si bien deben realizar un repliegue estratégico ante la ofensiva reaccionaria, este debe ser aprovechado para fortalecerse orgánica e ideológicamente: estudiar lo más posible la compleja realidad peruana para lanzar las propuestas más concretas que atraigan a ese proletariado informal y a la pequeña burguesía conservadora cuando se encuentren desengañados del fujimorismo. Solo así se podrá inclinar la balanza para pasar a la ofensiva, enterrar finalmente al neoliberalismo y a las fuerzas políticas que engendró, y disputarle el poder a las clases sociales que este enriqueció.

APUNTES PARA LA SEGUNDA VUELTA: La batalla está en la inseguridad ciudadana

Ha pasado más de un mes para que se proclamen los resultados de la primera vuelta. Las elecciones del 12 de abril han sido una de las más complejas, bien sea por la cantidad de organizaciones políticas (38) como por los tipos de elecciones (5), y también, por los ataques al sistema electoral que venían dándose desde la reducción del presupuesto y que se agravaron el día de la jornada con los errores logísticos que llevaron a la salida del cargo del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Sin embargo, ello no inhibió de que la población asistiera a votar, pese a la situación sombría, el abstencionismo se redujo en estas elecciones, lo que demuestra, primero, que paulatinamente las masas vuelven a politizarse, y segundo, que la politización aún se sigue manifestando por la confianza en las reglas de régimen demoliberal como son las elecciones.

El resultado reflejó, una vez más, la polarización del país en torno a intereses de clase y región. Por un lado, la costa centro-norte y el nororiente albergan a una clase dominante (gran y mediana burguesía) muy favorecida por el modelo primario-exportador, la cual mantiene su poder gracias a la debilitada cohesión social de la clase trabajadora; este bloque socioeconómico ha sido el bastión del voto conservador que catapultó a Keiko Fujimori a la segunda vuelta. Por otro lado, en el ande —principalmente en el sur— no se ha consolidado aún una clase dominante unificada (mediana y pequeña burguesía) capaz de frenar la voracidad de la gran burguesía costeña. En esta región, la mayor cohesión social de la clase trabajadora sobrevive y percibe al modelo neoliberal como el principal causante de su atraso, al explotar sus recursos sin desarrollar las fuerzas productivas locales. Esta contradicción ha llevado nuevamente a la segunda vuelta al candidato del «sombrero disruptivo», esta vez representado por Roberto Sánchez.

El que esta contienda se defina en favor de Roberto Sánchez va a depender mucho de la estrategia que siga. Si bien para pasar a la segunda vuelta bastó con asegurar al electorado radical que por endose se le heredó Pedro Castillo (12%), y gracias también al fragmentado sistema de partidos, ese voto duro no va a bastar para la segunda vuelta. Pese al exceso de confianza de algunos, lo cierto es que Sánchez no parte con la ventaja de Castillo. Castillo fue el candidato más votado en primera vuelta del 2021, el descontento de la pandemia jugó mucho a su favor, después de la primera vuelta tuvo siempre una ventaja en las encuestas sobre Keiko, pero esta se fue reduciendo con el paso de las semanas hasta ganarle en la segunda vuelta por un estrecho margen que le dio a Keiko el pretexto para vociferar fraude sin fundamento. Sánchez, en cambio, quedó segundo en esta primera vuelta, y en las encuestas aparece como empatado con Keiko Fujimori.

 Además, Sánchez no tiene el carisma ni el pasado limpio de Castillo, de hecho, su pasado hace temer más en algunos una reedición de Dina Boluarte que del mismo Castillo. El que ahora se modere para parecer un reformista es una estrategia correcta para ganarse a los estratos medios que votaron por los candidatos más moderados (López Chau, Belmont, Pérez Tello), pero no para ganarse a las capas populares en esas regiones que han votado por el fujimorismo. En esas regiones de la costa centro-norte y el nororiente donde existe una organización social más débil o movida principalmente por redes clientelares no es que estén esperando un candidato más moderado, están buscando un candidato de mano dura. En comparación a sus estratos altos y parte de los medios que son a ultranza defensores del modelo neoliberal, y por ello, imposibles de ganar, las capas populares en esas regiones del Perú son ahora las más golpeadas por la delincuencia y la criminalidad. Criminalidad de la que forma parte Keiko Fujimori, pero que por el recuerdo de su padre y de la supuesta “lucha contra el terrorismo” le sirve de palanca para endosarse esos votos que buscan mano dura.

Todo el ataque que ahora le pueda hacer Sánchez a Keiko sobre corrupción o autoritarismo solo servirá para reforzar más las posiciones de ciertos sectores medios e intelectuales moderados, pero no para ganarse a los sectores populares, base numerosa que aún respalda al fujimorismo. Si antes fue el dolor que dejó la pandemia entre los peruanos lo que hizo que el electorado intentara castigar al modelo haciendo que triunfe Castillo, ahora Sánchez tiene que valerse del otro flagelo que ha llevado a movilizarse a la masa en los dos últimos años, la criminalidad. Si en vez de que Antauro Humala se pasee hablando desvaríos de iniciar un nuevo conflicto con Chile, redirigiera su mensaje hacia ANIQUILAR al crimen, al fujisicariato o a la fujiextorsión; ello haría que los sectores más golpeados por el crimen organizado pensaran en cambiar su voto. En ello es ahora donde no se puede ser tibio, el lumpen proletario es ahora un gran aliado de la burguesía, ha crecido de ese modelo informal (neoliberal) entre las economías ilegales, por tal, la lucha por combatirlo debe ser implacable, y en ello debe estar enfocado el mensaje para esta segunda vuelta.

Ello no significa que Sánchez debe abandonar sus principales banderas como es la asamblea constituyente, la revisión de los contratos ley o la soberanía sobre los recursos estratégicos del país, pero ahora está actuando bajo las reglas del juego demoburgués, ese que ve la política como la economía, un mercado donde el producto que más se necesita aumenta su demanda y se cotiza mejor, que en el marketing político electoral se traduce en más votos. Votos que ahora se inclinarán por quien ofrezca una rápida solución a la criminalidad. Ya en el gobierno la permanencia de Sánchez dependerá de qué tan firme sea en sus propuestas para que se mantenga o quede aislado para convertirse en un títere descartable del sistema. Por ahora, su triunfo depende de que se enfoque en lo que más necesita ese electorado popular pragmático, pero que clama por una solución concreta. Ya el hacerle entender a esa parte de la población que sus flagelos están relacionados al modelo económico neoliberal será la labor de educación política de los marxista-leninistas, difícilmente, de un candidato con solo semanas de campaña.

El modelo neoliberal que se viene agotando en los últimos años va a tener que ser superado con las mejores propuestas y planes para desarrollar las fuerzas productivas del país, Sánchez, si de verdad quiere ganar, asumirá esa responsabilidad; de lo contrario, quedará en manos del fujimorismo cerrar este ciclo sociohistórico del Perú tal como lo inició, con violencia, y eso por más que se resista no podrá evitarlo.

Los “Héroes” de la Burguesía: la memoria que la clase dominante quiere imponer

En el clima de polarización política que se profundiza cada vez más en el país, los hechos del pasado son usados como relatos para justificar la posición ideológica determinada que cada clase defiende, encubriendo sus intereses. El Conflicto Armado Interno (CAI), Violencia Política, Época del Terrorismo o Guerra Popular, ocurrida entre 1980 y 2000, según el actor que la quiera nombrar, es uno de los periodos más sensibles y usados convenientemente para justificar el actuar político en el presente. La mejor en hacerlo, por todos los medios que posee a su favor, obviamente, es la clase dominante: la burguesía.

En este año, una muestra clara de cómo la narrativa del pasado se llega a usar no solo trastocando u omitiendo determinados hechos de la historia del CAI, sino también, silenciando una versión distinta, es el recuerdo de lo que ocurrió durante la Crisis de la Casa del Embajador de Japón (1996-1997). Mientras que el libro Revolución en los Andes de Víctor Polay, líder del extinto Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), trató de ser censurado por todos lados y sus editores acosados por la DIRCOTE, que, aunque sin poder evitar que el libro se disparara en ventas, dejaron un estigma sobre sus editores, presentadores y lectores.

Lo contrario ocurrió con la película Chavín de Huántar: el rescate del siglo, promocionada por todos lados, puesta en cartelera durante semanas y presentada hasta con el ridículo lloriqueo de un presentador de televisión. En ella se glorifica la acción de los comandos militares y se retrata un Perú de fantasía, donde reina la armonía social que es quebrantada por unos desquiciados subversivos que aparecen casi como caídos del espacio, solo queriendo causar dolor en un Perú que crece prósperamente, sin corrupción ni narcotráfico. Y los comandos, impolutos, guiados por un abnegado patriotismo, deben combatir para preservar la paz.

Pero tal versión está lejos de ser convincente para una visión materialista de la realidad. Y es esta perspectiva la que ha sido mayormente dejada de lado por las visiones militaristas y humanistas de aquellos hechos. En primer lugar, la gran heroicidad que se atribuye a los Comandos de la Operación Nipón 96 (el verdadero nombre de la Operación Chavín de Huántar) es más el deseo de una clase social –la burguesía– por encumbrar a los personajes que permitieron la consolidación de su sistema y modelo socioeconómico. En segundo lugar, porque, según los historiadores, la calificación de “héroe” es dada a los personajes que mueren en el combate, que en el caso de los comandos solo serían dos de ellos; pero, además, el héroe es también quien lucha en desventaja. Algo que los comandos estaban muy lejos, al ser más de 140 efectivos contra 14 subversivos (Zapata, 2017). Eso sin contar la colaboración de algunos rehenes militares y policías, el espionaje religioso, la enorme logística estatal y el respaldo de la prensa tradicional, frente a los emerretistas que apenas tenían los periódicos que les podía alcanzar la Cruz Roja para informarse del exterior.

Pero no podemos remitir el análisis a lo meramente militar. Otro aspecto por tomar en cuenta es la situación internacional y nacional que determinaba la correlación de fuerzas en aquel entonces. Las Fuerzas Armadas (FFAA) no solo tenían la ventaja militar, sino también, política, puesto que en 1996 era evidente que el MRTA ya había perdido la guerra. Su acto, más que un recurso para golpear a la narcodictadura, como su líder lo recuerda (Polay, 2020), era un acto desesperado por sobrevivir políticamente, tratando de liberar a sus militantes, que en su mayoría se encontraban presos o fallecidos. Sin respaldo en las masas, fue su último manotazo de ahogado. A nivel externo, el escenario no podía ser más desfavorable, la Guerra Fría ya había culminado con una victoria del capitalismo, y en Hispanoamérica las tomas o secuestros habían perdido efectividad.

Deteniéndose en ello, si bien durante los años 70 aquellas acciones dieron, en la mayoría de los casos, resultados exitosos al golpear la seguridad de las fuerzas estatales en los países hispanoamericanos —como las protagonizadas por el FSLN en la toma de la casa del Chema Castillo (1974) y la Toma del Palacio Nacional en Nicaragua (1978); el secuestro del Cónsul británico por el ERP en Argentina (1971) y la Toma de la Embajada de la República Dominicana por el M-19 en Colombia (1980)—, es también ese año donde se vería uno de los últimos finales exitosos de aquellas operaciones. Con el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua (1979), que se considera dio inicio a la segunda ola guerrillera en la región (Castañeda, 1993), las élites de los respectivos países estarían más alarmadas y menos dispuestas a negociar en tales situaciones, lo que dio rienda suelta para que sus FFAA actúen sin importar el coste contra el considerado enemigo interno (la subversión) con tal de negarle la mínima victoria.

En el mismo año de 1980, la Embajada de España en Guatemala, que había sido tomada por los campesinos, fue incendiada en una brutal intervención policial con lanzallamas que dejó 37 muertos. En Ecuador, durante 1985, el secuestro del banquero Nahím Isaías Barquet, realizado por la guerrilla Alfaro Vive Carajo (AVC), fue finalizado con una operación de los militares donde tanto el rehén como todos sus captores terminaron liquidados, lo que finalmente benefició a los competidores financieros del banquero. Pero el desenlace más brutal de estas operaciones se dio en Colombia también en 1985, donde la guerrilla del M-19, que entrenó a AVC y al mismo MRTA, cayó en la trampa de los militares al protagonizar la Toma del Palacio de Justicia. En la retoma que de inmediato ejecutaron los militares con tanques y helicópteros, se cobró la vida de más de 100 personas, aniquiló a gran parte de la plana mayor del M-19 y benefició a los mismos militares colombianos al darles la oportunidad de destruir los archivos y desaparecer a los magistrados que juzgaban sus denuncias por violación a los derechos humanos.

Como vemos, ya para la década del 90 no había posibilidad alguna de que el MRTA pudiera salir victorioso en aquella operación. La carta que jugó para verse humanitario, liberando a muchos rehenes y no tocando a los que se quedaron durante los cuatro meses incluso ya conociendo de la construcción del túnel, le terminó jugando en contra. Pues permitió a la narcodictadura ganar tiempo para preparar una retoma sin los enormes costos de la experiencia colombiana, y al mismo tiempo, aprovechar la distracción de la población para promulgar leyes lesivas hacia la educación universitaria, como el privatista Decreto 882 (1997). En definitiva, la acción efectista, aventurera y aislada del MRTA, como balance final, no golpeó ni debilitó al régimen, sino que lo fortaleció. Y el resultado de la operación militar de los comandos era, por demás, previsible.

Igual de previsible era el final de cada uno de los emerretistas que se encontraban en la casa del embajador. Y acá es otro punto donde se cae la supuesta heroicidad de los comandos. Los análisis forenses, más otros testimonios, mencionan que hasta tres subversivos fueron ejecutados después de rendirse. Que, en el caso de Tito, está confirmado que salió vivo de la retoma, pero después apareció ejecutado dentro de la casa del embajador. Sin embargo, nunca se encontró responsabilidad ni a los comandos ni a los jefes políticos de la operación. Y la izquierda socialdemócrata, para no buscar chocar con los comandos, y solo contra los jefes políticos (Fujimori, Montesinos y Hermoza Ríos), acogió una tercera versión acerca de los supuestos “gallinazos” que ingresaron acabada la operación para ejecutar a los rendidos. Con esa versión se ha buscado negar una realidad más cruda acerca de las FFAA para no dañar la imagen de una de sus escasas victorias. Y es que los militares peruanos no respetan la vida de otros peruanos rendidos en combate. La caballerosidad solo se reserva para el enemigo extranjero, pero se deja de lado para los mismos peruanos. Los militares practican mejor que ninguno la frase “Perú, madrastra de tus hijos y madre de los ajenos”. Una tradición de terror que nuestras FFAA practicaron de forma constante desde finales del siglo XIX y todo el siglo XX. Basta recordar solo algunos sucesos:

  •       No se respetó prisioneros entre los 3,000 indígenas asesinados en la Rebelión de Atusparia en Áncash (1886) contra la subida de impuestos.
  •       No se respetó prisioneros en las masacres y torturas que los militares y las milicias de los gamonales practicaron contra los indígenas en la Rebelión de Rumi Maki en Puno (1916), como lo denunció la Asociación Pro Indígena.
  •       No se respetó la vida de los miles de apristas rendidos en la Rebelión de Trujillo (1932) masacrados en las ruinas de Chan Chan, ni en todo ese periodo de violencia política de los años 30 (Sánchez, 1981).
  •       No se respetó la vida de los escolares ametrallados del Colegio La Independencia en Arequipa (1950), y si no se continuaron las ejecuciones después del levantamiento de indignación fue por la intervención de un oficial, como alguna vez contó el escritor Oswaldo Reinoso.
  •       No se respetó la vida de los guerrilleros capturados en 1965, cuyos líderes como Velando y Lobatón fueron arrojados con vida desde helicópteros militares.
  •       No se respetó la vida de los comuneros de Rancas (1959), la de los campesinos en Cusco (1963), ni la de los escolares y campesinos en Ayacucho (1969). Ni siquiera la de los vecinos de Comas en el Paro de 1977.

Y, como era de esperarse, jamás se iba a respetar la vida de los subversivos rendidos durante el CAI. La respuesta a este ensañamiento no puede ser otra que la guerra de clases cobra mayor preocupación y encono que la guerra entre naciones. Esto porque se da por sentado, al menos por la clase dominante, que el enemigo es inferior. Y en especial porque la victoria de este puede significar el rompimiento de su modus vivendi, comparado con la cesión territorial que busque la otra nación. El escritor Miguel Gutiérrez (1988) en una de sus novelas donde intentaba entender por qué muchos de los gamonales de Piura se habían mostrado indiferentes o pasivos ante la invasión chilena, pero saltaron como fieras al mínimo brote de alzamiento popular, lo resumió así: “Una guerra entre países es circunstancial Augusto. Preservar el orden interno es lo permanente. Y de allí nace el deber. Nuestro deber Augusto”. El deber de la clase dominante.

Y en el caso de los 72 rehenes de la casa del embajador, cuya liberación dicen que todos los peruanos debiéramos estar agradecidos, basta mirar su extracción social para saber por qué se actuó así contra el MRTA. Mientras que los rehenes rescatados pertenecían casi en su totalidad a la clase dominante del Perú, Japón y Bolivia: empresarios, diplomáticos, ministros, almirantes, etc.; los integrantes del MRTA pertenecían a una clase social media o baja. Los comandos, aunque pertenecían a una clase social más cercana al MRTA que a los rehenes, siguieron solo la tradición que la clase dominante ha establecido dentro del Estado para el que sirven, la de que siempre se puede contratar a la mitad del pueblo para aniquilar a la otra mitad. 

En el CAI, donde se expresó de forma más aguda la lucha de clases que existe en la sociedad peruana, los comandos militares están muy lejos de convertirse en los héroes nacionales que la burguesía intenta vender. Son, por último, los patéticos “héroes” de una determinada clase que no conoce de clemencia ni de rendidos si existe la mínima amenaza a sus privilegios. Porque los intereses de una clase, no son lo mismo que los intereses de una nación. Y los héroes, si son nacionales, son la muestra del sacrificio por esa colectividad que, pese a estar dividida socialmente, lucha por ganarse un espacio en la dialéctica de los Estados; aun si lleva las de perder.

Así, en el caso de la retoma, los comandos terminaron de aniquilar a una organización ya derrotada, cuyos integrantes eran lo que quedaba de ese conjunto de peruanos que se alzó en armas, y cuyo final en ese contexto, no podía ser distinto. Tanto para los que combatieron hasta la última bala como para los que se rindieron; esto fue lo que terminó ocurriendo. Pueden los comandos sentirse orgullosos de su deber, de que la burguesía los utilice y los deseche cuando le convenga, y de aprovechar el actual contexto para hinchar el pecho alimentándose de las fantasías que una pobre película retrata. Pero la heroicidad, esa el pueblo trabajador peruano jamás se la otorgará.

LA CUESTIÓN HISPÁNICA

Desde la caída del bloque socialista, el mundo ha visto el resurgir de las ideologías nacionalistas o etnocéntricas. Bien sea desde las posiciones derechista-conservadoras, como también, en las izquierdista-posmodernas. En la primera posición han resurgido como una reacción a lo que consideran las amenazas globalistas que creen intentan destruir a la nación mediante un supuesto reemplazo cultural. En la segunda, los nuevos indigenismos y regionalismos dialectales que buscan combatir los macrorrelatos que supuestamente intentan imponer una homogeneidad cultural, tachada siempre de eurocéntrica, que termine por borrar a las minorías. La paranoia cultural es la misma, solo cambian los actores que la repiten.

Hispanoamérica no es ajena a este auge de los nacionalismos. Y cada vez más entre su clase media gana influencia la corriente hispanista. Corriente nacionalista que llama a la integración del mundo hispanoparlante; que presenta una revisión en la forma de ver el pasado virreinal; y cuyo marco teórico es el materialismo filosófico que, sin embargo, aún conserva la idiosincrasia de la religión católica. Pero a qué se debe que el hispanismo esté volviendo a cobrar fuerza en la región, qué ha cambiado con respecto al hispanismo de hace un siglo y qué posición se debe tomar con respecto a ello.

Para comprender bien el retorno de este tipo de nacionalismo en nuestra región es pertinente primero entender qué es la nación. Según Stalin (1942) la nación es la comunidad que comparte una economía dentro de un espacio geográfico que habita y va articulando con el uso de una lengua, creando a su vez una psicología en común (cultura, historia, literatura). De ahí se entiende que haya sido el sistema capitalista el que haya formado a las naciones modernas, ya que no hubo antes otro sistema que demandara más aceleradamente la articulación de un mercado común donde se fomente la circulación de mercancías dentro de un espacio territorial que la burguesía controlara y requiriera de una lengua franca que facilite las transacciones, y le sirva de base expansiva a otros mercados. Necesitando por ello formar un imaginario colectivo que unifique ideológicamente a su comunidad para que entre en defensa de sus intereses contra otra comunidad económica-cultural que limite su expansión o amenace su mercado. 

Por ello, según Hobsbawm (1992), no son las naciones las que forman los estados, sino los estados los que van formando las naciones, y escogen dentro de las macro etnias de su jurisdicción una como molde para constituirse como estado-nación. Y eso es lo que ha venido ocurriendo desde el siglo XVIII en que la burguesía ha ido destruyendo los imperios o estados multiétnicos para crear los estado-nación moderno. Valiéndose de la educación pública y los medios de comunicación para ir homogeneizando a las sociedades que habitan dentro de su territorio de control. 

Aterrizando en nuestra región las naciones serían algo que se formarían tardíamente en el siglo XX. Según Rostworowski (1999) una de las causas de la caída del Tahuantinsuyo fue la carencia de un sentimiento nacional, primando más los intereses regionales de las macro etnias quechuas que las del estado imperial. El Tahuantinsuyo, según la historiadora, fue un proyecto trunco de integrar las diversas macro etnias quechuas que habitaban los Andes centrales. Ello no cambió con el establecimiento del virreinato. La introducción de la economía feudal y mercantilista no vio la necesidad de crear un mercado que articulara las fuerzas internas, sino principalmente en función externa hacia la metrópoli. (Lumbreras, 1981). Aunque hay algunos que califican a Castilla como la primera nación moderna, el Imperio español, con sus leyes distintas para cada raza y con la tolerancia lingüística hacia las otras lenguas, fue un imperio multiétnico y no llegó a formar ninguna nación en todo Hispanoamérica. 

La independencia, aunque fue un movimiento continental y trató de ser visto por algunos historiadores patrioteros como la más grande prueba que el germen del sentimiento nacional venía formándose desde tiempo atrás. Lo cierto es que fue causa de la crisis de la monarquía hispánica en 1808, que no supo manejar los distintos intereses locales, ya muy presentes en el continente desde las reformas borbónicas, y que acabó en el desmoronamiento del Imperio español. (Sobrevilla, 2024). Fueron los intereses de las distintas aristocracias locales los que terminaron primando, y una vez expulsado el poder peninsular, terminaron cediendo el gobierno a los militares para imponerse unas sobre otras. Pero en todo el siglo XIX fueron incapaces de formar nación alguna. La consolidación de un mercado en común sería difícil sin barrer antes los regionalismos-feudales. Ello se expresó en la terrible balcanización que vivió Hispanoamérica en comparación con Estados Unidos (EE. UU.) y Brasil, y que el español no logró imponerse como lengua mayoritaria entre la población en casi todas las nuevas repúblicas hasta entrado el siglo XX.

Se tendría que esperar la llegada de ese siglo, donde la mayor penetración de capital británico y de EE. UU. iría formando una mayor clase media mestiza hispanohablante en las urbes. Estas, aunque al inicio rechazaban el imperialismo y enemigas de la aristocracia, crearían expresiones político-partidarias que buscarían consolidar el capitalismo en sus respectivos países: PRI, APRA, Justicialista, etc. Y sus intelectuales, en la preocupación por formar a la nación, buscarían incorporar elementos de la cultura popular para formar una identidad nacional más propia o mestiza. Algo que también será compartido por los intelectuales comunistas de la región. De esa manera, en los países hispanoamericanos con más componente indígena en los Andes y Mesoamérica, el indigenismo fue acogido por los intelectuales de esta clase; en los países del Caribe, la cultura afro; y en los del Río de la Plata, la cultura popular del nuevo migrante europeo. E incluso se retomaron los viejos sueños integradores de Simón Bolívar. Esto en contraposición al hispanismo de una élite aristocrática que miraba con nostalgia la colonia, cuya máxima identidad americana se remitió a la formación del criollo; pero que dejaba de lado su hispanismo a la hora de servir al capital anglosajón e imitar huachafamente su cultura. Ante esa alienación de las élites, los intelectuales de las emergentes clases medias y populares apostaron por formar naciones con una identidad más particular que les sirva para integrar a la población de sus respectivos países, y las diferencie del resto.

Todo el proceso de consolidación del capitalismo desde sus políticas desarrollistas-industriales agotadas para los años setenta, sus guerras civiles que arrasaron principalmente el campo, y la implantación del neoliberalismo; terminaron por formar naciones hispano-mestizas desde el Río Bravo hasta el Cabo de Hornos. Con más o menos acentuación de la cultura indígena, europea o afro; el español se convirtió en la lengua mayoritaria y su mestizaje más en motivo de festejo que de vergüenza, como ocurre con la cumbia en la música o el realismo mágico en la literatura. Sin embargo, en ese proceso de transculturación (Rama, 2008) las otras etnias o macro etnias terminaron siendo asimiladas con más o menos grado de violencia para concretar la tan anhelada homogeneización mestiza-nacional.

Sin embargo, en esa ruta semejante seguida por las repúblicas hispanas del continente, los organismos creados como CAN, MERCOSUR, SICA, CELAC; no lograron estrechar mayores vínculos de integración económica que luego den paso a una integración política. La burguesía de ser una clase media terminó convirtiéndose en la clase hegemónica en sus respectivos países. Cómoda ya en su puesto con un mercado donde su poder esté consolidado dejó de soñar con la integración que no sea la libre circulación de sus mercancías a los mercados más rentables (China, EE. UU., Unión Europea, etc.) y primó más la competición con sus vecinos por qué mercado nacional atrae más inversiones de fuera. El capitalismo que finalmente desarrolló fue el primario exportador. Parafraseando a Mariátegui (1924), las repúblicas hispanoamericanas siguieron sin buscarse, sin complementarse, ni presentar intención alguna ya de unirse.

Este éxito en la construcción de naciones hispano-mestizas en la región, pero acompañado del fracaso en el proyecto unificador, las despojó de cualquier peso geopolítico en la esfera internacional. Relegándolas a simples espectadoras de las grandes decisiones mundiales. De ahí que resulta comprensible la irrupción nuevamente del hispanismo, pero ya no en las capas altas. Como ocurrió antes entre la aristocracia, sino principalmente, entre las capas medias. En un mundo donde las decisiones geopolíticas que amenazan al mundo se disfrazan de intereses nacionales, Hispanoamérica se encuentra desterrada en sus propios intereses. Una de las clases que se ve más sacudida por los vaivenes de la política mundial y más excitable ante los discursos nacionalistas es la clase media (pequeña burguesía). Que no tarda en darse cuenta de que Hispanoamérica se encuentra atomizada en distintos países a pesar de tener formadas naciones hispano-mestizas que presentan más semejanzas que diferencias. Y que de estar unidas no solo formarían una economía más fuerte, sino también, la nación más numerosa del hemisferio occidental. La adaptación de una ideología que aglutina, en vez que disgregue, va a tener mejor recepción ahora entre los intelectuales de esta clase. 

El indigenismo que cumplió su papel de darle una identidad mestiza a las naciones hispanas en la región se encuentra ya caduco y es más una ideología disgregadora y retroactiva que idealiza el comunismo primitivo. Se encuentra ya muy lejos de ese indigenismo materialista que saludó Mariátegui, y que desarrolló Arguedas, donde la revalorización de la cultura indígena no signifique una negación de la cultura hispana. Y donde se tenía presente que la diferencia cultural reforzaba las diferencias de clase, y estaba en función de ella. Pero el indigenismo actual en su carácter etnocéntrico solo ve diferencias culturales. Niega la lucha de clases y la considera una invención de la cultura occidental, a la cual rechaza en todas sus formas. Peor aún, en su obsesión decolonial ha ido creando una leyenda negra sobre el virreinato. Provocando la incubación, del otro lado, de leyendas rosas que blanquean el pasado colonial. Y en su meta por lograr que se reconozca la pluriculturalidad en los países de la región desconoce la formación de la nación hispano-mestiza mayoritaria en cada uno de los países hispanoamericanos, o sigue repitiendo mecánicamente frases de hace noventa años, que en países como el Perú, la nación aún está formándose. Pese a que han pasado de ser sociedades semifeudales a ya capitalistas.

Para los hispanistas son estos “ismos” de las minorías los que amenazan las formadas naciones hispanoamericanas, y evitan su integración. Y si bien, parten de una verdad concreta, que en Hispanoamérica ya existen naciones hispano-mestizas. Al partir también de un enfoque etnocéntrico, no alcanzan a comprender el proceso material que las llevó a formarse, y, por ende, los limitantes que las impiden unirse y en quién está la tarea de lograrlo. 

Su visión etnocéntrica responsabiliza de la disgregación del mundo hispano al mundo anglosajón. Si rechaza el idealismo es porque lo considera una producción anglo-protestante. Al igual que al liberalismo, que fue el discurso ideológico que encumbró a las potencias anglosajonas. Es considerado ese mundo el portador y financiador de todos los ismos que solo sirven para disgregar al mundo hispano. Por ello, el materialismo hispanista no llega a ver clases sociales, sino mundos o imperios con cosmovisiones enfrentadas; y no ve males en el sistema, sino en la cultura que lo desarrolla. Más que materialista, continúa siendo mecánico y profundamente etnocéntrico.

De esa forma, el mayor planteamiento hispanista de unión es formar una Mancomunidad hispánica, réplica de la Commonwealth británica, con otro monarca como jefe. No analiza que fue el capitalismo durante la tan despreciada etapa republicana, el sistema que finalmente formó las naciones hispánicas, y volvió al español la lengua mayoritaria en las excolonias de España. Y que si no se ha logrado la unión es por las limitaciones de las burguesías locales, más interesadas en perseguir alianzas con el capital transnacional que en seguir a un monarca europeo por simpatías culturales.  

Hispanoamérica no tuvo un “zollverein” ni un Bismarck. Ni mucho menos una clase dirigente militarista y expansionista que se planteó la tarea de unificarla. Su limitada y disgregada población, y su llegada tardía al desarrollo capitalista, le impidió formarla. Ni entre la antigua aristocracia ni entre la presente burguesía. Los sueños de Bolívar, a quien los hispanistas particularmente detestan, solo fueron retomados temporalmente por los partidos populista-burgueses de inicios del siglo XX y por los grupos guerrillero-marxistas en la segunda mitad de ese siglo. El acomodo de los primeros, y la derrota de los segundos, con su siguiente también acomodo a la democracia liberal, hicieron que la integración quede solo en un trámite más ágil en las fronteras. 

De igual forma, las naciones en Hispanoamérica están ya formadas. Ese ha sido el mayor logro sociocultural de la burguesía en su tarea de consolidar el capitalismo en sus países. Pero su desunión más absurda que la de otras identidades culturales obedece a que continúan atrapadas dentro de repúblicas bananeras serviles al imperialismo. Y no será el voluntarismo monárquico de los hispanistas quien logre su unión. Sino la obra de una nueva clase social, el proletariado de esas repúblicas, que en la consolidación de una economía planificada y más productiva vea la necesidad de rebasar las fronteras de los pueblos que estén más cerca geográfica y culturalmente para integrarlos: las otras naciones hispano-mestizas. Es ese eje económico – productivo indispensable para que naciones cercanas en su geografía, con una misma lengua y una psicología semejante, alcancen su unidad política. Ya decía Mariátegui (1928) que la unión de la América Hispana o Latina tendría que ser obra del socialismo. Una obra que se llevará a cabo por sus necesidades materiales, y no solo por voluntades culturales.

MINERÍA A TODA COSTA: AUGE DE LA MINERÍA ILEGAL Y EL PELIGRO PARA LAS COMUNIDADES

Durante años la burguesía parasitaria ha repetido el mantra “Perú país minero” crearon el mito que, a mayor inversión minera, mayor desarrollo económico, haciéndonos dependientes de la explotación minera, en su capricho de imponer este modelo a la fuerza han concesionado el 14.78% del territorio nacional, equivalente a casi 20 millones de hectáreas. Por ello, muestran una preocupación constante por maximizar la explotación de nuestros recursos mineros, sin desarrollar un plan de diversificación económica que permita una mayor estabilidad y progreso a largo plazo. Esta política que privilegia el extractivismo minero por sobre el desarrollo agropecuario es una de las principales causas del incremento de la minería ilegal e informal. La ausencia de un plan de desarrollo agrícola efectivo, junto con estas políticas, favorece el aumento del desempleo y la pobreza en las zonas rurales. Se estima que aproximadamente el 39.8% de la población rural se encuentra en situación de pobreza, dejando a los campesinos y a la comunidad en general a merced de organizaciones criminales.

La relación de la minería ilegal e informal con bandas delictivas u organizaciones criminales está muy bien documenta, según el Observatorio Nacional de la Policía Criminal describe que los delitos relacionados con la minería ilegal son la trata de personas y explotación laboral, el narcotráfico con quien comparte rutas de tráfico, además del comercio ilegal de armas y la más importante, el lavado de activos, la minería ilegal mueve alrededor de 3000 millones de soles al año. Además de la violencia a los defensores ambientales en la Amazonia, donde contratan a bandas de sicarios para eliminar a quienes defienden sus territorios, desde el 2011 hasta el momento se han registrado 29 defensores ambientales asesinados. La situación de la provincia de Pataz es claro ejemplo del modelo extractivista que promueve Estado, cerca del 82.3% del territorio se encuentra concesionado y del cual 21% le pertenece a la Minera Poderosa. Los hechos de violencia en esta provincia son producto del enfrentamiento entre mineros ilegales e informales y la gran minería. Sin embargo, el Estado pro minero se hace de la vista gorda sobre que los mineros “legales” como en Pataz, arriendan sus concesiones y les compran la producción de los llamados mineros ilegales o artesanales, cuando ya se ha puesto en evidencia que estos son más que apéndices de la minería “legal” que  así logra pingues ganancias.

La estrategia de los gobiernos neoliberales frente a la minería ilegal e informal ha sido promover la regularización de estos mineros mediante su incorporación al REINFO; sin embargo, esto ha fracasado y solo ha servido para disfrazar  las organizaciones criminales de mineros, es postura de la pequeña burguesía para solucionar este problema solo evidencia un desconocimiento total sobre las consecuencias que tiene legalizar a pequeños mineros y mineros artesanales, debido a la escasa capacidad de fiscalización del estado, tanto la minería pequeña como la mediana tienden a contaminar similar a la gran minería, causando daños ambientales irreparables, contaminando ríos, tierras y afectando la flora y fauna de estos ecosistemas.

Los mineros ilegales e informales a través de las organizaciones criminales, disfrazas de partidos políticos han ganado espacio en la política, y han formulado una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) que está en debate en la Comisión de Energía y Minas, propuesto por el congresista Paul Gutiérrez de Perú Libre, el Ejecutivo y por representantes del sector minero, por el momento ha sido suspendido el debate en la comisión. Esta ley tiene como uno de su punto obligar a las comunidades campesinas y nativas a solicitar concesiones mineras sobre sus tierras, si no le entregaran la concesión a cualquier minero, de esta manera forzarían a las comunidades campesinas y nativas a realizar actividades mineras, ya que tendrían que pagar una tasa anual. Por otro lado, se legaliza el argumento “concesiones ociosas” en la cual empresas mineras se apropian de concesiones que no están siendo usada y que les pertenecen a otras empresas, de esta forma pueden apropiarse de terrenos de comunidades campesinas y nativas. La nueva Ley MAPE será un mecanismo para profundizar el extractivismo minero en el Perú, por lo que los partidos políticos de Perú Libre, Avanza País, Renovación Popular están intentando forzar la aprobación de esta Ley.

El extractivismo minero no es una opción para el desarrollo nacional, algunos sectores de la izquierda posmoderna y posturas nacionalistas eleva a la pequeña minería a una práctica cultural o ancestral y en contra posición de la gran minería, sirve como un discurso para validar el extractivismo minero.

Desde el Partido Comunista Peruano (m-l) planteamos al pueblo, a los campesinos y a las comunidades nativas que solo podemos correr el riesgo de realizar esta actividad con el objetivo de industrializar el país, evitando que se desarrolle en zonas agrícolas y cuencas hidrográficas. Por lo que es importante que el pueblo luche por conquistar la soberanía nacional y recuperar todas las zonas y recursos estratégicos del país, las fuentes de materia prima que se encuentran concesionadas a transnacionales y la restitución de la propiedad común sobre las tierras y territorios arrebatas a las comunidades campesinas y nativas por las transnacionales mineras. Además de promover iniciativas productivas de las cooperativas y comunas de los pequeños y medianos productores agropecuarios.

ANOTACIONES RUMBO AL PARO DEL 19 DE JULIO DE 2023

Desde el 07 de diciembre de 2022 se ha instaurado una dictadura cívico-militar que no ha sido otra cosa que el acuerdo temporal entre las dos facciones de la burguesía que han estado en pugna durante años: la gran burguesía financiera y la burguesía media. Decidiendo juntas tejer una alianza con el objetivo de frenar el avance de las reivindicaciones populares resultados de la mayor politización de la clase trabajadora peruana. En esta alianza han coincidido todos sus aparatos del Estado, vale decir: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial; organismos autónomos como Fiscalía de la Nación, Tribunal Constitucional, Defensoria del Pueblo, Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Municipalidad de Lima; así también, la CONFIEP, los jerarcas del clero católico y evangélico, la prensa tradicional y corporativa; y por supuesto, su aparato represivo a su servicio, la Policía Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en coordinación con la Embajada Norteamericana. Que en la misma sintonía incentivaron, avalaron y ejecutaron la más brutal represión contra el pueblo trabajador peruano en el último levantamiento popular de diciembre de 2022.
Fruto de ese acuerdo se esperaba la desorganización y desmovilización de la clase trabajadora para que no resulte un peligro ni perjudique los intereses de ningún sector burgués; la desregulación de sectores económicos como el transporte (ATU) y la educación superior (SUNEDU) favorecieron a la burguesía media. Y la continuidad de las concesiones minero-energéticas, como el destrabe de otros proyectos se esperaba que incrementen las ganancias de la gran burguesía financiera, que asegura también el dominio de esos recursos a la influencia del imperialismo norteamericano, quien se encuentra en pugna con el imperialismo chino, ruso y sus aliados.
Sin embargo, a más de medio año del Golpe de Estado de la asesina Dina Boluarte y los carniceros Alberto Otárola y Williams Zapata, la alianza de la burguesía ha significado principalmente ganancias para el sector de la burguesía media que continúa dominando el Congreso y ha conseguido copar varios de los organismos autónomos del Estado que antes los controlaba la burguesía financiera como el Tribunal Constitucional (TC), Defensoría del Pueblo, SUNEDU, Autoridad de Transporte Urbano (ATU); estos dos últimos, les ha servido para desregular sectores económicos que ya se encontraban concentrados por las empresas de la burguesía financiera. De ahí, que la alianza que se tejiera a fines del año pasado cada vez se fracture más.
Si bien, el estallido social de diciembre de 2022 pasó sin lograr las principales demandas del movimiento popular: Salida de Dina, Cierre del Congreso y Asamblea Constituyente Soberana y Popular. La polarización permanece y la movilización ha empezado a gestarse.
La gran burguesía financiera que ha logrado mantener su control sobre las concesiones que ya poseía, no logra aún destrabar los proyectos minero-energéticos como Tío María y Conga, por la resistencia que le presenta el movimiento popular, ni siquiera cediendo en el papel la explotación del litio de Puno a los canadienses tiene asegurada su extracción al encontrarse todo el Sur peruano movilizado. Por ello se entiende que su prensa corporativa cada vez más se preste a desprestigiar al Congreso y también pida elecciones inmediatas. Es consciente de que el golpe de estado dado el 07 de diciembre no ha traído mayor ganancia al sector burgués que representa, y que la permanencia de Dina y el Congreso, significa que la polarización permanezca y se incremente dejando sin posibilidad, en el corto plazo, al destrabe de los proyectos minero-energéticos que le interesa. Y su situación se agrava ante el próximo control que la burguesía media plantea sobre el sistema electoral (JNE, ONPE, RENIEC) y la reactivación de las protestas el 19 de julio; quedándole así un aliado que siempre se encuentra subordinado a los intereses de la Embajada Norteamericana: El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Por el lado del movimiento popular. La lucha, no logro sus objetivos ante los embates de las fuerzas reaccionarias, obtuvo una victoria psicológica al desenmascarar el carácter represivo del Estado, su carácter de clase y mostrar más claramente qué clase social es la que lo dirige, con lo que cada vez más la clase trabajadora comprende la necesidad de elevar sus demandas económicas a políticas y las unifique en una primera etapa en la lucha por lograr la Asamblea Constituyente Soberana y Popular.
El proletariado formal e informal, el campesinado pobre y medio, y la pequeña burguesía progresista van saliendo poco a poco de la alienación y la inmediatez económica, para comprender que, sino adquieren consciencia de clase y se organizan con objetivos políticos claros, no podrán dar una solución concreta al atraso económico que tiene el país y ni podrá dar solución a las crisis que generan continuamente las pugnas interburguesas.
En miras de lograr los objetivos del movimiento popular se conformó el Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú (CONULP), impulsado principalmente por las organizaciones de la Macro Región Sur, con el que se esperaba superar los errores estratégicos y tácticos que se tuvo en el estallido del verano de 2022. Se intentó superar la descoordinación y espontaneísmo, como también el manejo oportunista y conciliador de las organizaciones que dirigen la Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP) y las centrales sindicales que dirigen Patria Roja, PC-Unidad y Nuevo Perú. Sin embargo, hasta la fecha el CONULP no ha logrado consensuar una plataforma que orienten las luchas venideras.
El oportunismo que aún subsiste en las filas del movimiento popular ha contribuido a que el sectarismo, caudillismo y pragmatismo permanezcan y afloren. Esto, producto de que la Macro Sur, que lo impulsó, seguía y sigue careciendo de mayor participación del proletariado. Entre sus organizaciones encontramos principalmente al campesinado, comerciantes, intelectuales progresistas de las ciudades y una menor participación del proletariado agrícola e industrial. El grueso de la clase obrera sigue bajo influencia de la socialdemocracia oportunista. Y la CONULP lejos de emprender una táctica para ganarla se ha enfrascado en luchas intestinas, además de creer que no la necesita para hacer caer al gobierno ni lograr la Constituyente. Peor aún, entre muchos de su dirigentes la lucha que se prioriza es más étnica que de la de clases.
Esto ha hecho que lejos de aprovechar la polarización que permanece y el descontento que se acrecienta entre la clase trabajadora, el CONULP haya terminado partiéndose oficialmente a dos semanas del 19 de julio. Dejando en la confusión y el desconcierto a gran parte de esa masa trabajadora desorganizada pero descontenta que espera salir a luchar con una vanguardia y un plan de acción organizado por esta. No parece entender que el frente único no anula la independencia política, ni mucho menos una temporal unidad en la acción. No toma en cuenta que, si se repiten los mismos errores de descoordinación y espontaneísmo, la ya débil alianza de los sectores burgueses aún podrá usar todas sus herramientas de represión y manipulación para ganar esta última batalla antes de romper su alianza.
El actual debate sobre la restitución de Castillo o el adelanto de elecciones ha servido solo como pretexto para el caudillismo pequeño burgués a la hora de asegurarse el dominio de sus propios espacios, sin importarle sacrificar el resultado del Paro Nacional. No toman en cuenta que cuanto menos la caída del gobierno daría el impulso necesario para que el pueblo trabajador continúe avanzando por la Constituyente; y que de no lograrse ni esto, traería la desmoralización del movimiento y la deslegitimación total del mismo CONULP o de sus dos facciones. No parecen ver que la salida de la asesina Dina y su cúpula es inminente, la disyuntiva será en si lo hará el movimiento popular o la burguesía financiera con algún golpe militar cuando la amenaza de la lucha en julio haya pasado.
Es necesario tener claro que la caída del gobierno, gracias a la lucha de julio, rompería prematuramente la alianza que tienen los dos sectores burgueses para que vuelvan a entrar en sus pugnas, debido a que significaría la salida de los representantes políticos de la burguesía media en el Congreso. Dándole oportunidad a la clase trabajadora de aprovechar las divisiones del enemigo mientras toma consciencia que la lucha rinde sus frutos, avanza en la formación del poder popular y comprende el papel histórico que tiene que cumplir para conquistar el poder político del Estado.
Los sectores que se disputan el adelanto de elecciones a secas (sin referéndum) o la restitución de Pedro Castillo tienen el mismo interés electoral. Los primeros queriendo postular de inmediato y los segundos queriendo aplazar las elecciones hasta que tengan las condiciones para postular. Pero para ambos las elecciones es el fin, no el medio; y la lucha en las calles una mera formalidad que se puede condicionar mientras no resuelvan quien podrá postular.
Ante esta situación el Partido Comunista Peruano (marxista-leninista) se reafirma en su compromiso de seguir luchando para que el movimiento popular avance y la clase trabajadora peruana pueda concretar sus objetivos inmediatos y mediatos. No bajaremos los brazos al combatir las desviaciones de la socialdemocracia oportunista y las distintas desviaciones pequeño burguesas (maoístas, guevaristas o tawantinsuyanas) que lejos de hacer avanzar al movimiento, lo pretenden llevar hacia su fracaso para beneficio de la burguesía y el imperialismo.
Este 19 de julio todos debemos salir a las calles, en un frente único, para que la dictadura civico militar caiga. La victoria solo podrá ser posible guiándonos de la ciencia marxista que empodere a la clase obrera en su papel histórico de liberación nacional y social.

¡VIVA EL PARO DEL 19 DE JULIO!
¡SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO!, TODOS A LAS CALLES!
¡ABAJO LA DICTADURA CÍVICO MILITAR!
¡VIVA LA ALIANZA OBRERO – CAMPESINA!
¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA PERUANO (MARXISTA-LENINISTA)!
BP del CC. del PCP(m-l)

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