Autor: PCP (m-l)

Desde el 07 de diciembre de 2022 se ha instaurado una dictadura cívico-militar que no ha sido otra cosa que el acuerdo temporal entre las dos facciones de la burguesía que han estado en pugna durante años: la gran burguesía financiera y la burguesía media. Decidiendo juntas tejer una alianza con el objetivo de frenar el avance de las reivindicaciones populares resultados de la mayor politización de la clase trabajadora peruana. En esta alianza han coincidido todos sus aparatos del Estado, vale decir: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial; organismos autónomos como Fiscalía de la Nación, Tribunal Constitucional, Defensoria del Pueblo, Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Municipalidad de Lima; así también, la CONFIEP, los jerarcas del clero católico y evangélico, la prensa tradicional y corporativa; y por supuesto, su aparato represivo a su servicio, la Policía Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en coordinación con la Embajada Norteamericana. Que en la misma sintonía incentivaron, avalaron y ejecutaron la más brutal represión contra el pueblo trabajador peruano en el último levantamiento popular de diciembre de 2022.
Fruto de ese acuerdo se esperaba la desorganización y desmovilización de la clase trabajadora para que no resulte un peligro ni perjudique los intereses de ningún sector burgués; la desregulación de sectores económicos como el transporte (ATU) y la educación superior (SUNEDU) favorecieron a la burguesía media. Y la continuidad de las concesiones minero-energéticas, como el destrabe de otros proyectos se esperaba que incrementen las ganancias de la gran burguesía financiera, que asegura también el dominio de esos recursos a la influencia del imperialismo norteamericano, quien se encuentra en pugna con el imperialismo chino, ruso y sus aliados.
Sin embargo, a más de medio año del Golpe de Estado de la asesina Dina Boluarte y los carniceros Alberto Otárola y Williams Zapata, la alianza de la burguesía ha significado principalmente ganancias para el sector de la burguesía media que continúa dominando el Congreso y ha conseguido copar varios de los organismos autónomos del Estado que antes los controlaba la burguesía financiera como el Tribunal Constitucional (TC), Defensoría del Pueblo, SUNEDU, Autoridad de Transporte Urbano (ATU); estos dos últimos, les ha servido para desregular sectores económicos que ya se encontraban concentrados por las empresas de la burguesía financiera. De ahí, que la alianza que se tejiera a fines del año pasado cada vez se fracture más.
Si bien, el estallido social de diciembre de 2022 pasó sin lograr las principales demandas del movimiento popular: Salida de Dina, Cierre del Congreso y Asamblea Constituyente Soberana y Popular. La polarización permanece y la movilización ha empezado a gestarse.
La gran burguesía financiera que ha logrado mantener su control sobre las concesiones que ya poseía, no logra aún destrabar los proyectos minero-energéticos como Tío María y Conga, por la resistencia que le presenta el movimiento popular, ni siquiera cediendo en el papel la explotación del litio de Puno a los canadienses tiene asegurada su extracción al encontrarse todo el Sur peruano movilizado. Por ello se entiende que su prensa corporativa cada vez más se preste a desprestigiar al Congreso y también pida elecciones inmediatas. Es consciente de que el golpe de estado dado el 07 de diciembre no ha traído mayor ganancia al sector burgués que representa, y que la permanencia de Dina y el Congreso, significa que la polarización permanezca y se incremente dejando sin posibilidad, en el corto plazo, al destrabe de los proyectos minero-energéticos que le interesa. Y su situación se agrava ante el próximo control que la burguesía media plantea sobre el sistema electoral (JNE, ONPE, RENIEC) y la reactivación de las protestas el 19 de julio; quedándole así un aliado que siempre se encuentra subordinado a los intereses de la Embajada Norteamericana: El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Por el lado del movimiento popular. La lucha, no logro sus objetivos ante los embates de las fuerzas reaccionarias, obtuvo una victoria psicológica al desenmascarar el carácter represivo del Estado, su carácter de clase y mostrar más claramente qué clase social es la que lo dirige, con lo que cada vez más la clase trabajadora comprende la necesidad de elevar sus demandas económicas a políticas y las unifique en una primera etapa en la lucha por lograr la Asamblea Constituyente Soberana y Popular.
El proletariado formal e informal, el campesinado pobre y medio, y la pequeña burguesía progresista van saliendo poco a poco de la alienación y la inmediatez económica, para comprender que, sino adquieren consciencia de clase y se organizan con objetivos políticos claros, no podrán dar una solución concreta al atraso económico que tiene el país y ni podrá dar solución a las crisis que generan continuamente las pugnas interburguesas.
En miras de lograr los objetivos del movimiento popular se conformó el Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú (CONULP), impulsado principalmente por las organizaciones de la Macro Región Sur, con el que se esperaba superar los errores estratégicos y tácticos que se tuvo en el estallido del verano de 2022. Se intentó superar la descoordinación y espontaneísmo, como también el manejo oportunista y conciliador de las organizaciones que dirigen la Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP) y las centrales sindicales que dirigen Patria Roja, PC-Unidad y Nuevo Perú. Sin embargo, hasta la fecha el CONULP no ha logrado consensuar una plataforma que orienten las luchas venideras.
El oportunismo que aún subsiste en las filas del movimiento popular ha contribuido a que el sectarismo, caudillismo y pragmatismo permanezcan y afloren. Esto, producto de que la Macro Sur, que lo impulsó, seguía y sigue careciendo de mayor participación del proletariado. Entre sus organizaciones encontramos principalmente al campesinado, comerciantes, intelectuales progresistas de las ciudades y una menor participación del proletariado agrícola e industrial. El grueso de la clase obrera sigue bajo influencia de la socialdemocracia oportunista. Y la CONULP lejos de emprender una táctica para ganarla se ha enfrascado en luchas intestinas, además de creer que no la necesita para hacer caer al gobierno ni lograr la Constituyente. Peor aún, entre muchos de su dirigentes la lucha que se prioriza es más étnica que de la de clases.
Esto ha hecho que lejos de aprovechar la polarización que permanece y el descontento que se acrecienta entre la clase trabajadora, el CONULP haya terminado partiéndose oficialmente a dos semanas del 19 de julio. Dejando en la confusión y el desconcierto a gran parte de esa masa trabajadora desorganizada pero descontenta que espera salir a luchar con una vanguardia y un plan de acción organizado por esta. No parece entender que el frente único no anula la independencia política, ni mucho menos una temporal unidad en la acción. No toma en cuenta que, si se repiten los mismos errores de descoordinación y espontaneísmo, la ya débil alianza de los sectores burgueses aún podrá usar todas sus herramientas de represión y manipulación para ganar esta última batalla antes de romper su alianza.
El actual debate sobre la restitución de Castillo o el adelanto de elecciones ha servido solo como pretexto para el caudillismo pequeño burgués a la hora de asegurarse el dominio de sus propios espacios, sin importarle sacrificar el resultado del Paro Nacional. No toman en cuenta que cuanto menos la caída del gobierno daría el impulso necesario para que el pueblo trabajador continúe avanzando por la Constituyente; y que de no lograrse ni esto, traería la desmoralización del movimiento y la deslegitimación total del mismo CONULP o de sus dos facciones. No parecen ver que la salida de la asesina Dina y su cúpula es inminente, la disyuntiva será en si lo hará el movimiento popular o la burguesía financiera con algún golpe militar cuando la amenaza de la lucha en julio haya pasado.
Es necesario tener claro que la caída del gobierno, gracias a la lucha de julio, rompería prematuramente la alianza que tienen los dos sectores burgueses para que vuelvan a entrar en sus pugnas, debido a que significaría la salida de los representantes políticos de la burguesía media en el Congreso. Dándole oportunidad a la clase trabajadora de aprovechar las divisiones del enemigo mientras toma consciencia que la lucha rinde sus frutos, avanza en la formación del poder popular y comprende el papel histórico que tiene que cumplir para conquistar el poder político del Estado.
Los sectores que se disputan el adelanto de elecciones a secas (sin referéndum) o la restitución de Pedro Castillo tienen el mismo interés electoral. Los primeros queriendo postular de inmediato y los segundos queriendo aplazar las elecciones hasta que tengan las condiciones para postular. Pero para ambos las elecciones es el fin, no el medio; y la lucha en las calles una mera formalidad que se puede condicionar mientras no resuelvan quien podrá postular.
Ante esta situación el Partido Comunista Peruano (marxista-leninista) se reafirma en su compromiso de seguir luchando para que el movimiento popular avance y la clase trabajadora peruana pueda concretar sus objetivos inmediatos y mediatos. No bajaremos los brazos al combatir las desviaciones de la socialdemocracia oportunista y las distintas desviaciones pequeño burguesas (maoístas, guevaristas o tawantinsuyanas) que lejos de hacer avanzar al movimiento, lo pretenden llevar hacia su fracaso para beneficio de la burguesía y el imperialismo.
Este 19 de julio todos debemos salir a las calles, en un frente único, para que la dictadura civico militar caiga. La victoria solo podrá ser posible guiándonos de la ciencia marxista que empodere a la clase obrera en su papel histórico de liberación nacional y social.

¡VIVA EL PARO DEL 19 DE JULIO!
¡SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO!, TODOS A LAS CALLES!
¡ABAJO LA DICTADURA CÍVICO MILITAR!
¡VIVA LA ALIANZA OBRERO – CAMPESINA!
¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA PERUANO (MARXISTA-LENINISTA)!
BP del CC. del PCP(m-l)

La lucha reciente en el Perú es resultado de varios factores históricos que han incidido en un masivo levantamiento popular.

La lucha desde las regiones por hacer respetar su derecho a elegir, contra la usurpación de Dina Boluarte, contra el centralismo limeño, la constante imposición de proyectos extractivistas en los territorios de las comunidades campesinas y nativas, las luchas contra los recortes de derechos de los trabajadores, la lucha contra el racismo y el fascismo; cobraron dimensiones que desde el levantamiento popular para derrocar a la dictadura neoliberal de Fujimori no se habían visto en las regiones y en algunas semanas en la capital.

La conspiración de los grupos de poder, haciendo uso de todo su aparato estatal: fuerzas armadas y policiales, el Congreso, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, han creado el marco para la consolidación de una dictadura cívico-militar que ahora se sostiene en el poder con la represión al movimiento popular, prebendas políticas y una tremenda campaña desde la prensa que a diario golpea las posiciones de los trabajadores y los pueblos, y que además encubren los nexos del narcotráfico con las principales instituciones del Estado y partidos políticos como el Fujimorismo y sataniza la lucha popular para frustrar la posibilidad de lograr justicia por el asesinato de más de 78 peruanos que fueron ultimados por las fuerzas armadas y policiales, mientras ejercían su derecho a protestar. De estas muertes son responsables políticos e instigadores, los integrantes del parlamento y periodistas, siguientes:

1. Dina Ercilia Boluarte Zegarra, que usurpa el cargo de Presidente de la República; por resultar autora mediata de crímenes de lesa humanidad.

2. Pedro Angulo Arana, Presidente del Consejo de Ministros; por resultar autor mediato de crímenes de lesa humanidad.

3. Luis Alberto Otárola Peñaranda, Ministro de Defensa; por resultar autor mediato de crímenes de lesa humanidad.

4. Gral (r) José Williams Zapata, Presidente del Congreso de la República; por resultar autor mediato de crímenes de lesa humanidad.

5. César Augusto Cervantes Cárdenas, Ministro del Interior; por resultar autor mediato de crímenes de lesa humanidad.

6. Gral. Antero Mejía Escajadillo, Jefe de la Macro Región Policial de Ayacucho; por resultar autor mediato de crímenes de lesa humanidad.

7. Gral. Jesús Amarildo Vera Ipenza, Comandante General de la 2da Brigada de Infantería Militar de Ayacucho; Capitán EP, Víctor Grados Rivas (patrulla N° 1), por resultar autor mediato de crímenes de lesa humanidad.

8. Gral PNP, Carlos Omar Bravo Cáceres, jefe de la X Macro Región Policial Puno, fue el encargado del comando general, y el coronel PNP, Julio Santos Mauricio Contreras, jefe de la Región Policial Puno, el responsable del comando operativo regional, por resultar autores mediatos de crímenes de lesa humanidad.

9. Gral. Mario Moreno Alvarado, Jefe del Frente Policial Apurímac, que fuese premiado por la dictadura en enero de 2023 con la designación como nuevo jefe de la Dirección General de Inteligencia – Digimin, por resultar autor mediato de crímenes de lesa humanidad.

10. Alm. (r) Jorge Carlos Montoya Manrique, Congresista de la República; por resultar instigador de los delitos denunciados.

11. Alm. (r) José Ernesto Cueto Aservi; Congresista de la República; por resultar instigador de los delitos denunciados.

12. Gral (r) Roberto Enrique Chiabra Leon, Congresista de la República, por resultar instigador de los delitos denunciados.

13. Patricia Rosa Chirinos Venegas; Congresista de la República, por resultar instigadora de los delitos denunciados.

14. José Augusto Barba Caballero; opinólogo, aprendiz de periodista, por resultar instigador de los delitos denunciados.

15. Fernando Miguel Rospigliosi Capurro; ex ministro del interior del gobierno corrupto de Alejandro Toledo, por resultar instigador de los delitos denunciados.

16. Edward Phillip Alexander Butters Rivadeneira; supuesto periodista, por resultar instigador de los delitos denunciados.

Entre otros.

I. Antecedentes y caracterización de la sociedad peruana

La sociedad semifeudal dirigida por la oligarquía terrateniente entró en crisis a mitad del siglo XX, por un lado, la recuperación o toma de tierras por parte de las comunidades campesinas y la migración del campo a la ciudad huyendo de los abusos, atraso y explotación patentes en el campo a causa de la existencia de la semifeudalidad, debilitaron las dos fuentes de riqueza de la sociedad gamonal, en la forma de no disponer de mano de obra como del medio de producción del que se valía para acumular riqueza y poder.

Por otro lado, las recetas dictadas por los Estados Unidos, con la “Alianza Por El Progreso”, llamaban a eliminar las taras feudales en los países latinoamericanos para evitar que se repitiera la experiencia de otra Cuba comunista en el continente. Fenómeno vaticinado por Mariategui en 1929, sobre el interés que presenta el imperialismo para también querer barrer con la feudalidad. Pero que debido a los obstáculos que imponía el parlamento gamonal – burgués, en los años 60, resultaron ser las Fuerzas Armadas (FFAA) con el golpe de 1968 quienes se encargaron de dar un golpe de efecto vacuna, es decir para proteger a las clases dominantes, otrora dirigentes de la semi-feudalidad, para supuestamente fortalecer el capital nacional y dar paso a su conversión burguesa; crear un escenario político “más democrático” y evitar una revolución “comunista”, mientras acababa con todo el tejido de resistencia popular, con el uso de un discurso demagógico que a muchos intelectuales los puso a la cola de los intereses imperialistas ruso y norteamericano en el continente.

Las reformas emprendidas por la dictadura militar (1968-1980) desplazaron a la oligarquía terrateniente como clase hegemónica para ocupar su lugar la burguesía financiera (intermediaria), e impulsaron el fortalecimiento de una burguesía industrial que articule el mercado nacional desde la capital. Pero teniendo el obstáculo de tener a la clase obrera y campesina organizada y luchando por reivindicaciones tanto políticas como económicas, que trataron de ser canalizadas parcialmente en la Constitución de 1979, tuvieron que recurrir a otros métodos como la violencia política (1980-2000) donde el terrorismo de Estado como el terrorismo contra el pueblo de “Sendero Luminoso”, en concierto con las clases dominantes, desplegaron todo su accionar contra el movimiento popular, significaron la coronación del plan de desplazamiento forzoso de mano de obra excedente del campo a las grandes ciudades para que la pretendida burguesía industrial pueda servirse de mano de obra barata y continuar con su proceso de acumulación. Debido a esto el incremento poblacional en Lima que se pobló masivamente con nuevas oleadas de migraciones que hizo formar los distritos populosos y también despoblar los andes, donde se encuentran los recursos minerales más valiosos, para imponer el saqueo de las transnacionales sin la menor resistencia organizada.

El descabezamiento de las organizaciones populares y arrasamiento de comunidades campesinas para facilitar la imposición del neoliberalismo por parte del gobierno cívico-militar del corrupto Alberto Fujimori, hicieron que se cumplan las recetas de “reducción del Estado” del Consenso de Washington (1989), mediante la privatización de las empresas públicas, la apertura al capital privado en los derechos básicos (educación, salud, pensiones) y los privilegios al capital internacional que fueron plasmados en la Constitución de 1993, previo Golpe de Estado del 5 de abril de 1992.

Esa última década del siglo XX consolidó como clase hegemónica a la gran burguesía financiera con los grupos Romero, Brescia, Rodríguez Pastor (Intercorp) y Benavides a la cabeza; deshizo las ilusiones que la burguesía industrial se convierta en burguesía nacional; pero en cambio, hizo surgir a una burguesía media principalmente en el área de servicios: educación, salud, transporte con los Acuña, Luna Gálvez, Ramírez y Huancaruna. 

Todo ello mientras que la clase trabajadora se veía privada de derechos, sin organización que los defienda, explotada bajo relaciones sociales de producción capitalistas, con sus recursos naturales destinados a alimentar la industria extranjera y solo con la promesa de convertirse individualmente en pequeño emprendedor o pequeña burguesía. Terminando por configurar a la sociedad peruana como capitalista atrasada y dependiente del imperialismo en el marco del neocolonialismo, manteniendo a nuestro país como una semicolonia en el escenario de disputa interimperialista.

Las siguientes décadas a la caída del fujimorato han sido de mayor consolidación del modelo neoliberal. En la que ha prevalecido el saqueo, la explotación y la corrupción por encima del bienestar general. Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala continuaron las políticas privatizadoras y de apertura preferencial al capital transnacional. Pero en el caso del falso nacionalista Ollanta Humala, ingresó al gobierno con un plan reformista que tiró al tacho para entregarse a los brazos de la burguesía financiera y en los tecnócratas de ONGs que esta le ofrecía. Durante ese gobierno y en el de Kuczynski-Vizcarra es donde más se trató de reordenar los distintos sectores de la economía en la educación, transporte y salud; para que la gran burguesía financiera concentre más riqueza y desplace a la burguesía media que emergió durante la década del noventa.

Las pugnas interburguesas, por mejores condiciones en el saqueo del país y la dirección del Estado, han influído en la agudización de las recientes crisis políticas y han podido ganar mejores posiciones según la fuerza que han tenido para arrastrar al pueblo a las luchas que más favorecían a uno de sus bandos, es así que las distintos partidos de derecha, representados en el Parlamento: Fuerza Popular, Apra, Perú Podemos, Acción Popular, etc. vs Peruanos por el Kambio, Partido Morado, Nuevo Perú, Juntos por el Perú, etc.; no hayan tenido otro trasfondo que disputarse intereses económicos en las instituciones estatales, afectando al pueblo trabajador. Intentando utilizar en ocasiones las luchas justas de la clase trabajadora, la juventud y los pueblos para golpear al otro sector burgués, como en los casos de la Ley Universitaria, Nuevo Régimen Laboral Juvenil (Ley Pulpín), Huelga Magisterial del 2017, Marchas contra Merino, entre otros.

Han sido las contradicciones del sistema capitalista, la barbarie del modelo económico neoliberal y las disputas interburguesas las que han dejado un Estado inoperante que fue totalmente incapaz de afrontar, primero las nefastas consecuencias del fenómeno del Niño Costero, la pandemia del Covid-19 en el 2020 y recientemente las consecuencias del ciclón Yaku, que al momento deja el saldo de miles de afectados en la zona norte del país. Donde el pueblo trabajador fue quien más padeció y a la vez quien principalmente se auxilió para sobrevivir a las distintas crisis climatológicas y sanitarias que se produjeron. Ya que expuso toda la precariedad en materia de salud, educación y trabajo que nos ha legado el neoliberalismo.

Estos eventos hicieron que el pueblo peruano, principalmente, en las regiones, haya elevado su conciencia política, para no seguir a la cola de ningún sector burgués y exija el cambio de modelo económico con reformas en la Constitución, mediante una Asamblea Constituyente Democrática y Popular, donde no solo los partidos con inscripción electoral intervengan en la discusión de una nueva carta magna sino también el pueblo organizado. En este sentido, en las elecciones del 2021 el pueblo apostó por el candidato que en el discurso estuviera más cerca de ofrecer ese cambio; motivo por el cual el profesor Pedro Castillo Terrones fue quien capitalizó todo el acumulado del descontento popular y fue elegido como presidente del Perú.

 

2. Carácter y limitaciones del gobierno de Pedro Castillo

Las pugnas interburguesas ocasionaron el descrédito de los partidos de derecha, pero principalmente su fragmentación para las elecciones de 2021. Esto fue aprovechado moderadamente por los partidos de izquierda que tenían inscripción electoral vigente: Perú Libre (18%) y Juntos por el Perú (8%). La vacilación de este último para enarbolar la bandera de la Asamblea Constituyente se debió a que se encuentran en sus filas muchos intelectuales de ONGs que están ligados a la gran minería y burguesía financiera y que tienen como objetivo lavarle la cara al extractivismo para seguir viviendo a costa de la destrucción del país y desplazamiento de los pueblos.

Finalmente el electorado más descontento con el modelo económico se inclinaría por Perú Libre en las elecciones del 2021, teniendo que competir en la segunda vuelta con el partido más rancio, ligado al narcotráfico y mafioso de la burguesía: Fuerza Popular (13%). 

En la segunda vuelta, a pesar de toda la campaña de difamación que realizaron los medios de comunicación concentrados, surtió cierto efecto en Lima, la costa y selva norte, pero no pudieron evitar el triunfo de Pedro Castillo, que llegó a la presidencia con el aplastante apoyo en las regiones andinas, principalmente las del sur del país. 

Pedro Castillo y Perú Libre recogían demandas populares como la Asamblea Constituyente, la nacionalización de nuestros recursos naturales, protección de la producción nacional, libre ingreso a la universidades, etc. Exaltaba la dicotomía ideológica izquierda-derecha, la geográfica Lima-regiones, criticaba los monopolios, y el dominio del imperialismo norteamericano en nuestra economía. Sin embargo, su ideario elaborado por Vladimir Cerrón no ahondaba en la lucha de clases y tenía como norte solo crear un “capitalismo popular” que reemplace al neoliberalismo.

La victoria de Pedro Castillo nunca fue aceptada por la mayoría de bancadas de la derecha, principalmente, las que representan al sector más conservador y acomodado de la burguesía media: Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular. Y la formación del primer gabinete de Castillo dirigido por Guido Bellido buscaba ser una amplia coalición entre las agrupaciones de izquierda: FENATEP, Juntos por el Perú y Perú Libre, que mostró su sectarismo más extremo, tratándose de situar siempre a la “izquierda” del sector caviar ligados a las ONGs, lo que resquebrajó la unidad del campo popular y los llevó a ubicarse cada vez más cerca de la reacción. Frases como que “el enemigo principal eran los caviares”, desenfocó el proyecto político para consolidar una alternativa democrática popular para el pueblo, para centrarse en una pequeña guerra de intereses donde los Ministerios sean repartidos según la fuerza de cada sector y su aporte en la campaña de Castillo durante las elecciones.

El primer gabinete nunca dejó de ser atacado por la derecha, la vacancia fue el tema principal de las manifestaciones de los partidos de la reacción, persiguieron a cada elemento progresista o considerado democrático para dejar sin base y posibilidades de mejor orientación al nuevo gobierno. El primero en ser censurado y abandonado por el gobierno de Castillo fue al canciller Héctor Béjar, quien pese a haber servido a los intereses de los militares en el Golpe de Juan Velasco Alvarado, denunció que la Marina de Guerra del Perú siempre estuvo ligada a actos terroristas y que Sendero Luminoso fue un invento de la CIA para destruir al movimiento popular en el Perú y allanar el camino al neoliberalismo. La censura de este ministro de relaciones exteriores hizo notar más el intento del Ejecutivo para lograr una convivencia con el Congreso, dando su primera muestra de debilidad ante los futuros intentos golpistas.

Lo que siguió a ese gabinete fueron gabinetes armados a conveniencia de la burguesía, principalmente con cuadros de la burguesía financiera que mantuvieran el modelo neo liberal con el piloto automático; como los ministros de economía Óscar Graham y Kurt Burneo.

La pérdida de rumbo del nuevo gobierno y la desesperada carrera de los congresistas de izquierda por ver cómo asegurarse recursos desde el Parlamento y acomodarse a sus nuevos privilegios, llevaron a que se atomice la fuerza democrática y de izquierda en el Congreso, todos estuvieron tratando de influir para que sus partidos ganen más posiciones en los ministerios que incluso se llegó a permitir que el Congreso, de mayoría reaccionaria, modificara la Constitución para evitar una convocatoria a referéndum y limite el uso de las mociones de confianza. Arma que, si el Ejecutivo no usó desde el inicio para defender a sus ministros, el Congreso se la terminó arrebatando.

Las promesas como Asamblea Constituyente, libre ingreso a la universidad, segunda reforma agraria, etc. Fueron desestimadas o desvirtuadas para que el modelo no resultara trastocado en ningún sector de la economía. Solo eran enarboladas en forma demagógica cuando el ejecutivo se sentía acorralado. A pesar de acomodarse a los designios de la burguesía financiera, Pedro Castillo nunca dejó de tener un Congreso hostil; una prensa concentrada que buscaba desprestigiarlo por lo más mínimo; una Fiscalía y Tribunal Constitucional funcionales al Legislativo; y unas Fuerzas Armadas y Policía Nacional que no tenían reparos en manifestar sus injerencias políticas, como no se había visto desde el fujimorato, pero esta vez, en oposición al Ejecutivo. 

A esto se sumaba la fragmentación de las bancadas de izquierda. Perú Libre demostró no tener cuadros y ser una mezcolanza de intereses atomizados de la pequeña burguesía provinciana donde no existía la más mínima unidad ideológica y disciplina partidaria. No sólo no pudo mantener al sector magisterial dentro de su bancada, sino que se caracterizó por la deserción dentro sus propias filas. Fue incapaz de direccionar al gobierno y peor aún de mantener una sola postura entre sus parlamentarios con respecto a este. Castillo solo podía mantener el respaldo de dichas bancadas según como devolvía favores en la administración pública. Modus operandi que se repitió para todos a quienes les prestaron su apoyo durante la campaña electoral: familiares, paisanos, pequeños y medianos empresarios de provincia, que fueron los que en suma dieron argumentos a la reacción para que se unifiquen en el criterio de hacerlo ver como el personaje político más corrupto de todos los tiempos y presionen con más fuerza por la vacancia.

Todo ello fue haciendo que el respaldo popular al gobierno se fuera deteriorando, y la enorme movilización que existió para que se reconociera su triunfo se disperse. Por otro lado, la hostilidad que le plantaba al Congreso pese al cambio de rumbo del gobierno se debía a que la mayor parte de este contaba con representantes del sector más acomodado de la burguesía media, que desde antes de Castillo se encontraban en pugna con la gran burguesía financiera por el control de distintos sectores de la economía: Educación, Salud, Transporte.
Castillo observó leyes que buscaban el reacomodo del consejo directivo de la Superintendencia de Educación Universitaria (SUNEDU). A pesar de que ello no signifique mayor cambio en el mercantilizado sistema de educación superior; pero sí, volver a darle más participación a la burguesía media para que licencie sus universidades, que en muchos casos no lograban superar las condiciones mínimas de funcionamiento.  Similar era el caso de la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, cuyo control del apro-fujimorismo se inclinaba más a los sectores de la burguesía media. Inclinación que se replicaría también después con el Tribunal Constitucional.

Por lo que respecta a la prensa corporativa y concentrada, su oposición al gobierno se debía al retiro del financiamiento estatal directo, para dárselos a los medios de comunicación de provincia y medios alternativos, que de alguna manera trataban de transmitir los mínimos avances del nuevo gobierno, generando que todos los titulares de la radio, televisión y periódicos se enfoquen en la vacancia presidencial, para recuperar los subsidios del Estado y no entren a la quiebra, dado que su precario nivel informativo no les permite ser una alternativa de consulta para el pueblo en general.

En cuanto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, siempre estuvieron del lado del narcotráfico, el sector más rancio de la reacción peruana sesgados por su tradicional anticomunismo y anti izquierdismo inculcado a los oficiales desde las escuelas militares de EEUU y la narrativa de que fueron estas instituciones las que acabaron con el terrorismo en el Perú, cuando en realidad fueron parte del mismo plan y actuaron en concierto.

La continua hostilidad del Congreso al gobierno de Castillo con la búsqueda de su vacancia por incapacidad moral, sumado al empeoramiento de la situación económica por la variación del tipo de cambio con respecto al dólar, la subida del precio de los combustibles, la especulación desatada por la burguesía financiera que afectó al incremento de precios de la canasta básica familiar, hicieron que el Ejecutivo se viera acorralado. Y tendiera entre ahondar en las prácticas saqueadoras neo liberales que le recomendaban los tecnócratas de la burguesía financiera o intentar recuperar el respaldo popular.

Los últimos decretos en materia de extender la sindicalización, prohibir la tercerización laboral en áreas básicas de las empresas, su negativa a asumir el coste social de destrabar los proyectos minero-energéticos rechazados por la población y las mociones de confianza para tratar de sacar adelante la Asamblea Constituyente indican que el Ejecutivo se inclinó tarde a la segunda opción. Por ello que la gran burguesía financiera le terminó de quitar su respaldo y la clase trabajadora desmovilizada no pudo defender el programa que llevó a Castillo al gobierno y ser el contrapeso para frenar la intentona golpista desde el Congreso, más aún con las acusaciones de corrupción que la prensa concentrada se encargó de publicitar fueron determinantes para ocasionar la caída de Pedro Castillo.

Todos los virajes, vacilaciones, intención de gobernar en favor de todas las clases sociales revelan que el gobierno de Pedro Castillo tenía un carácter socialdemócrata, pequeño burgués que intentaba consolidar un semi-bonapartismo que por ausencia de experiencia fue una bomba de tiempo de la que resultó más afectado el pueblo trabajador. Pues, aunque alumbraba demandas democráticas que logren una mejor distribución de la riqueza; evitaba en cambio una confrontación de las clases sociales solo aspirando a realizar reformas leves dentro del capitalismo que ni siquiera buscaban reemplazar el andamiaje del agotado sistema neo liberal. 

 

3. La Crisis y el Golpe Legislativo 

Nuestra economía, que no terminaba de recuperarse de los estragos del Covid-19, volvió a sufrir los embates de la guerra que la OTAN y Rusia desarrollan en Ucrania. El fenómeno inflacionario internacional afectó en el Perú, fundamentalmente sobre el poder adquisitivo de la clase trabajadora peruana que subsiste en más del 80% en la informalidad, lo que quiere decir que genera sus ingresos en el sector marginal de la economía y que no cuenta con derechos laborales, que subsiste en el completo abandono estatal.

El incremento de los precios de los fertilizantes y la ausencia de lluvias en la primera etapa productiva de la campaña 2023 golpearon a los pequeños y medianos agricultores, que en muchos casos se han arruinado y que en definitiva impactará en un decrecimiento del abastecimiento de alimentos en más de un 25% para el presente año.

La disputa imperialista de Estados Unidos, La Unión Europea y Japón contra el bloque China-Rusia hizo de nuestro país otro escenario de disputa para la provisión de recursos naturales, especialmente el litio y los recursos mineros. El gobierno de Pedro Castillo mantuvo relaciones de dependencia ante ambos bloques imperialistas, jamás se alejó del imperialismo norteamericano y recibió a la misiones de la OEA como una forma de hacer notar el respaldo que tenía del imperialismo norteamericano, para que no se acerque más al espectro del BRICS, cosa que pasó en su última etapa de gobierno, lo que terminó por afinar la alianza entre los dos sectores burgueses que por casi diez años habían estado en pugna: la gran burguesía financiera y la burguesía media; que teniendo el respaldo de la embajada norteamericana se envalentonaron más para buscar dar un golpe de estado que permitiera alinear más al país a la estela de dominación norteamericana.

El golpe de estado fue planificado previamente. Lo delata las coordinaciones previas de los partidos de la reacción con Dina Boluarte para que acepte el cargo y mantenga al Congreso hasta el 2026 a cambio de archivar sus investigaciones en la sub comisión de asuntos constitucionales y aprovechar todo el periodo para renovar los 46 proyectos minero energéticos que este año 2023 tendrán que renovar contratos de concesión con el Estado, donde también se podrá ver el desplazamiento de la concentración minera de los chinos, y sus aliados que llegan a más del 45%, a la nueva concentración minera en las manos del bando norteamericano.

La moción de vacancia anticipada presentada por Edgar Málaga del Partido Morado (principal partido de la burguesía financiera), y la persecución paranoica de la Fiscal de la Nación Patricia Benavides conocida por encubrir a su hermana en casos de narcotráfico y no tener los méritos académicos que exigen para el puesto. También revelan que los golpistas estuvieron estrechando lazos en las distintas esferas económicas, políticas, judiciales e internacionales. Sin embargo, llegado el día 7 de diciembre no alcanzaban los votos necesarios para la vacancia. Hizo falta que Castillo diera el pretexto emitiendo un pseudo discurso golpista sin tener a la población movilizada en su favor ni mucho menos el respaldo de las FFAA. Bien sea por ingenuidad política ante una trampa del Comando Conjunto de las FFAA (dirigido por el bando norteamericano) o por querer quedar como un mártir exiliado en México; lo hecho terminó por favorecer a la consumación del Golpe Legislativo ante una vacancia exprés e irregular que contó incluso con algunos votos de las bancadas de izquierda, que ahora vemos que estuvieron más preocupadas por su bolsillo que por “defender la democracia” y el programa de los trabajadores. 

La crisis política empujada desde los sectores de la burguesía y el cada vez más escaso apoyo popular al gobierno de Castillo, crearon las condiciones para que este crea en todas las tretas que tramó el imperialismo norteamericano para que se aventure a dar un discurso que pretenda cerrar el Congreso de la República y reciba como un medida respaldada por todas las instituciones manejadas por la reacción con una vacancia presidencial que incumplió todas las medidas determinadas en la Constitución y se terminó por configurar como un Golpe Legislativo que fue el antecedente de la actual dictadura cívico – militar jefaturada por Dina Boluarte, Alberto Otarola y José Williams Zapata.

Dina Boluarte asumió el cargo sin ninguna muestra de querer renunciar, el Congreso y el Tribunal Constitucional se trajeron abajo los escasos decretos progresistas que emitió el gobierno anterior y se armó un gabinete de la muerte presidido por Alberto Otárola que puso en marcha toda la maquinaria represiva con el total respaldo de la burguesía financiera y media y sus poderes fácticos (la prensa concentrada) y la Embajada Norteamericana.

La respuesta de la población no se haría esperar.

4. Levantamiento popular y respuesta represiva

La vacancia de Pedro Castillo el 7 de diciembre terminó por hacer reventar el malestar que tenían las clases y poblaciones relegadas por el modelo económico y que habían sido su principal soporte electoral durante el 2021. Su salida irregular difuminó cualquier esperanza de cambio del modelo e inició el estallido socio-político en el sur del Perú. La primera región en sublevarse fue Apurímac, siguiéndole Cusco, Puno, Ayacucho, Huancavelica, Madre de Dios, Moquegua, Ica y Tacna. Para después seguirle La Libertad, Cajamarca, Junín y otras partes del país. Las demandas principales eran la convocatoria a la Asamblea Constituyente Soberana y Popular, la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso e incluso en las regiones del sur la restitución de Castillo por haber sido depuesto de manera ilegal y haber sido detenido cuando aún lo investía el cargo de Presidente de la República.

Inmediatamente las Fuerzas Armadas y la PNP asumieron su rol represivo cobrando las primeras víctimas en Apurímac y perpetrando verdaderas masacres en Huamanga y Juliaca. Las continuas violaciones a los derechos humanos fueron celebradas por el gobierno, el Comando Conjunto de las FFAA y la CONFIEP por medio de su prensa concentrada que volvía a tener el jugoso financiamiento estatal. Hasta el momento han dejado alrededor de 78 muertos, miles de heridos y cientos de detenidos de forma irregular. El sistema judicial se acopló también para organizar la represión sirviendo como arma persecutoria a los manifestantes.

La dictadura cívico-militar que se configuró mediante la injerencia política de las FFAA era evidente, no solo con los esbirros en situación de retiro que dirigían y componen el legislativo (José Williams Zapata, Jorge Montoya, Roberto Chiabra Leon y José Cueto), sino con las continuas declaraciones y amenazas que daban los militares desde las tribunas que les ofrecía el Ejecutivo. Al punto de poner bajo su dirección zonas declaradas en emergencia para dirigir exclusivamente la represión en forma indiscriminada. 

Toda esta represión, como forma de contener la lucha de clases traía como ganancias el destrabe de los proyectos minero-energéticos para la gran burguesía financiera y un nuevo reacomodo del mercado educativo en favor de la burguesía media a través del cambio del consejo directivo de Sunedu. Siendo la burguesía financiera quien obtiene las mayores ganancias buscando empeñar rápidamente nuestros recursos al capital imperialista encabezado por Estados Unidos y su brazo armado la OTAN. Tal como viene ocurriendo con la pretendida entrega del litio a los canadienses. 

El estallido del conflicto reflotó todas las taras que aún mantiene la sociedad peruana. Pues además del clasismo del Estado, el racismo y discriminación se hicieron presentes para justificar la represión y el “terruqueo” contra los manifestantes. Aun así el pueblo no se amilanó para salir a movilizarse, bloquear carreteras y tomar pacíficamente instituciones públicas. Desde comerciantes, campesinos, proletariado agrícola y urbano, estudiantes e intelectuales progresistas salieron a luchar desbordando en muchos casos a sus propias organizaciones.

Una de las falencias del levantamiento fue la falta de coordinación inicial por medio de un comando o comité unificado. Lo que fue aprovechado por la reacción para sofocar brutalmente los levantamientos que iban estallando en forma espontánea en cada región y movilizándose a cada lugar donde la situación se presentara más aguda. Siéndole posible, aunque igual difícil el sofocamiento, pero demostrando que si el levantamiento hubiera sido simultáneo hubiera hecho caer rápidamente la dictadura.  

La otra falencia del movimiento fue que Lima metropolitana no lograba despertar en forma masiva como sucedió en el 2020. Las centrales sindicales dirigidas por los revisionistas y traidores Partido “Comunista”-Unidad y Patria Roja estuvieron lejos de permitirle a la clase obrera cumplir su papel de vanguardia. De esa forma, todo el mes de diciembre de 2022 se desarrolló teniendo a las provincias ardiendo en protestas, principalmente en el sur, y a una capital que solo salía a manifestarse en forma reducida a vigilias o paseos por el Distrito de Miraflores (centro financiero). Lo que hizo decidir a las provincias “La toma de Lima” para el mes siguiente. 

5. El proceso de la “Toma de Lima” y el despertar de los conos de la capital del país.

A pesar que el gobierno hizo todo lo posible por evitar que la lucha del interior llegue a Lima, no logró su objetivo. Las delegaciones fueron rompiendo cada obstáculo que le imponía el la dictadura en las carreteras. Fue el mismo pueblo quien se financió para movilizarse. No sirvió de nada toda la estigmatización y difamaciones que lanzaba la prensa acerca de que las delegaciones eran financiadas por el narcotráfico, minería ilegal o los bolivianos. Una tras otra fueron cayendo sus mentiras y los conos de Lima se prepararon para recibir a sus hermanos de clase.

La recepción si bien fue improvisada en un inicio, igual llegó a ser masiva en la capital. Los estudiantes de universidades como San Marcos y la Universidad Nacional de Ingeniería pusieron a disposición las instalaciones de sus centros de estudios para dar albergue a muchas delegaciones y otros apoyaron en la recepción de donaciones para llevarlas a los lugares de alojamiento. De igual forma las frentes distritales en los conos de la ciudad se movilizaron para darle alojamiento y recolectar donaciones para los compañeros de provincia y sostener lucha que se iba desarrollar ahora principalmente en la capital.

Si bien las primeras movilizaciones no surtieron el efecto esperado, por la carencia de una organización central y por las desviaciones que la dirección de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), permitieron mostrar que la más grande central sindical de trabajadores se encontraba en total actitud conciliadora con la dictadura.

La intervención violenta en el campus universitario de la universidad San Marcos dejó más de 200 detenidos y múltiples vejaciones que hicieron indignar más a la población y estudiantes, al ver actos violatorios de la autonomía universitaria y los derechos humanos, que fueron orquestados por la Rectora, el Poder Ejecutivo, la PNP, Fiscalía, SUNEDU, sumado a unas FFAA que por su lado intimidaban con una posible intervención en la UNI. Pero que solo terminaron por desenmascarar el verdadero carácter dictatorial del régimen ante la mayor parte del pueblo limeño.

De esa forma las movilizaciones y medidas de lucha cobraron más fuerza. Las marchas de sacrificio por las principales arterias de la ciudad fueron multitudinarias, principalmente en el cono norte, y las muestras de apoyo resultaron masivas.

Es así que para el 28 de enero se realizó una movilización contundente donde las fuerzas represivas al no tener el control completo de la situación recurrieron a la represión indiscriminada, asesinando a Víctor Santiesteban, dejando decenas de heridos, detenidos y sin respetar el Derecho Internacional Humanitario, pues se llegó al punto de intimidar a las brigadas de salud y a la prensa alternativa, motivo por el cual, actualmente organismos internacionales admiten que durante las represiones hubieron violaciones de derechos humanos por los que tendrá que enfrentar cargos Dina Boluarte, Alberto Otarola y consortes. 

Estos hechos hicieron que la dictadura fuera perdiendo aliados y se aísle más internacionalmente. Ya no solo eran los gobiernos socialdemócratas de hispanoamérica quienes no la reconocían, sino que hasta países de la Unión Europea y el mismo EEUU dudaban en seguirle otorgando su confianza. Ante ello, solo optó por continuar con la represión. Con la ayuda del Alcalde de Lima Rafael López Aliaga cerró plazas y después todo el Cercado de Lima para impedir las movilizaciones. Prohibió la más mínima concentración y disolvía cualquier manifestación en forma violenta.

El problema para el movimiento popular fue la carencia de una organización central. Hecho que trató de ser remediado con una bajada al llano de parte de las delegaciones de provincia para exigir que los dos comités de lucha existentes hasta el momento se unifiquen en uno solo. Formándose el Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú (CONULP) para tratar de organizar la “Segunda toma de Lima”. La misma que no cumplió su objetivo por encontrarse el movimiento en un momento de reflujo, pero hizo develar el nulo respeto que las fuerzas armadas y policiales tienen no solo por la vida de los manifestantes, sino también, por su propia tropa. Como lo prueban los funestos hechos de los 6 soldados del ejército ahogados en el río Ilave en Puno, por culpa de la orden dada por el capitán Josué Frisancho Lazo quien tiene antecedentes por delitos de violación sexual y ahora es investigado por dar una instrucción innecesaria a su tropa.

La creación del CONULP es un éxito por permitir centralizar mejor la lucha contra la dictadura y lograr la Asamblea Popular Constituyente. Pero tiene que superar muchas limitaciones que van desde comprender que la lucha en las regiones tiene una dinámica distinta a la capital; superar el discurso etnocéntrico que solo reduce la lucha a una dicotomía pueblos originarios-criollos o regiones-centralismo limeño para entender que la principal contradicción es de clase; lo que a su vez permitirá acoplar a los sindicatos democráticos que estén dispuestos a enfrentarse a la dictadura por encima de lo que transen las centrales sindicales.

Sin la elevación de la consciencia de clase de los trabajadores para que asuman su función histórica y sin la participación orgánica de la clase obrera en el CONULP no se podrá concretar el objetivo máximo de lograr la Asamblea Constituyente que ponga fin a este modelo saqueador que nos ha impuesto la dictadura del capital. 

6. Plataforma Política y suma de fuerzas 

La lucha iniciada en el 7 de diciembre de 2022, sin bien aún no ha cumplido sus objetivos principales, está lejos de terminar. Aunque en la confrontación directa se haya sufrido derrotas con las fuerzas de la reacción, producto de la dispersión inicial del movimiento popular, ello no quita que haya servido para desenmascarar la democracia liberal que no es otra cosa que la más pura dictadura burguesa que se torna fascista cuando esta clase ve amenazados sus intereses.

Desde el movimiento popular se ha logrado tener una victoria psicológica e ideológica sobre la burguesía, porque ahora el 69 % de peruanos están de acuerdo con que se convoque la Asamblea Constituyente, y más aún, exigen que tanto el Poder Ejecutivo y Legislativo convoque inmediatamente a elecciones para que cesen sus funciones.

Tanto los medios alternativos como la agitación de las organizaciones sociales, culturales y populares han logrado hacer calar un discurso que tome en cuenta los problemas de la población. Dejando sin valor las falsas narraciones de la prensa concentrada y de los esbirros del gobierno. Siendo ahora necesario concientizar y explicar más sobre la necesidad que la plataforma del CONULP se consiga:

1° Renuncia de Dina Boluarte.

2° Cierre del Congreso golpista.

3° Nuevas elecciones 2023.

4° Convocatoria a la Asamblea Constituyente Soberana y Popular.

5° Libertad a los detenidos y presos injusta e ilegalmente.

6° Juicio y sanción penal a los culpables directos e indirectos de los 78 asesinatos y violaciones a los DDHH.

7° No a los Contratos Ley y nacionalización de los recursos naturales concesionados a las transnacionales.

En la consecución de estos objetivos se debe continuar sumando fuerzas. Lima ya tiene una opinión semejante a la de provincia, pero hace falta que esté dispuesta a manifestarse con la misma magnitud como lo hacen los hermanos del interior. Ahí es donde se necesita el establecimiento de la mayor cantidad de redes con los diversos espacios que hagan llegar y expliquen la plataforma como también llamen a movilizarse a toda la capital.

La reciente lucha ha mostrado que todo tipo de organización suma, desde la prensa alternativa, las brigadas de salud o los equipos legales voluntarios; contribuyen a resistir mejor frente a los embates de la reacción. Estrechar lazos e incluirlos dentro de los organismos populares de los distritos y conos fortalecerá más el nivel combativo de Lima.

6. El trabajo en Lima, la capital del Perú

La demagogia del ultraconservador y fascusta Rafael López Aliaga y de su partido Renovación Popular se está viendo ahora por su incapacidad para afrontar el impacto del Ciclón Yaku. La Municipalidad Metropolitana de Lima, no puede solucionar la limpieza pública, contribuir a resguardar la salud de la gente, ni llevar el agua y desagüe a los asentamientos humanos. López Aliaga tampoco puede ordenar el transporte masivo y ha tenido uno de los primeros 100 días de gobierno municipal más desastrosos de la historia.

VII. Llamamiento del PCP (m-l)

• Llamamos a todas las fuerzas democráticas y de izquierda consecuente para avanzar a la centralización de la lucha nacional-popular para que se cumplan rápidamente los objetivos establecidos de derrocar a la dictadura y abrir un nuevo escenario de discusión sobre el Perú que queremos, a través de una nueva base constitucional.

• Llamamos a la elevación del discurso de clase que ayudará a tener más claro el panorama sobre el carácter del Estado y la correlación de fuerzas con que cuenta la lucha. El seguir reproduciendo el discurso etnocéntrico limitará en que no nos podamos ganar al proletariado que siente principalmente la opresión del capital por encima de cualquier discriminación de raza o género.

• Llamamos al acoplamiento de Lima a la lucha, que resulta crucial ya que en la capital se encuentra la tercera parte de la población de todo el país, por lo que apelamos a la solidaridad de clase del trabajador limeño y la hermandad cultural que traerá más éxitos que los discursos chauvinistas que traten de seccionar el sur del Perú. 

• Los referéndums populares pueden dar el primer motivo de existencia a los organismos de poder popular que aspiren a reemplazar al poder burgués en cada zona de la ciudad y el país. Tratar de llevarlos adelante puede darle un recurso a la clase trabajadora para que en un futuro no tan lejano ya no pelee solo por una Asamblea Popular Constituyente que modifique la base normativa del Estado sino por la conquista completa del poder político.

¡Vivan las luchas por derrocar a la dictadura cívico militar!

¡Por una nueva Constitución Política, Asamblea Constituyente Soberana y Popular!

¡Solo el pueblo salva al pueblo!

¡Vivan las luchas del pueblo trabajador y la alianza obrero – campesina por la liberación nacional y social!

Abril de 2023

Nilo Candela

Por el B.P del PCP (m-l)

Desde las distintas regiones del Perú, miles de trabajadores del campo y la ciudad, luchadores sociales, jóvenes hombres y mujeres estudiantes, madres de familia y distintos profesionales, han emprendido viaje a la ciudad de Lima para desarrollar movilizaciones que hagan más visible el descontento popular que ha causado el Golpe de Estado Parlamentario que ha instaurado una dictadura cívico – militar fascista, que al 18 de enero ha dejado un saldo lamentable de 54 asesinatos de peruanos que salieron a defender su derecho a elegir y a querer cambiar el país, a reclamar justicia por los asesinatos y violación de derechos humanos y para que de una vez por todas, toda la casta política de los partidos de la reacción se larguen y se busque escribir una nueva historia del Perú.
En el trayecto de las caravanas se han visto muestras de solidaridad del pueblo trabajador que en sintonía con los marchantes proveyeron de comida, agua y aliento para que los hijos más decididos del pueblo los representen en las movilizaciones en la capital. Todos hemos visto la grandeza de nuestro pueblo solidario que con dignidad y combatividad han consolidado una unidad basada en lucha, una plataforma y con dirigentes elegidos democráticamente en todos los puntos de resistencia del país.
DIFUNDIMOS LA PLATAFORMA CONSTRUÍDA POR LOS TRABAJADORES Y LOS PUEBLOS DEL PERÚ.
1. Se exige la renuncia de la usurpadora y traidora Dina Ercilia Boluarte Zegarra y su Consejo de Ministros criminal, presidido por Alberto Otárola.
2. Se exige el cambio de la Mesa Directiva del Congreso de República, para sacar al fascista José Williams Zapata de la posibilidad de asumir la presidencia de la República y se exige la inmediata disolución de este poder ilegítimo.
3. Se declaran en rebeldía el movimiento campesino y los pueblos afectados por el extractivismo, rechazando la renovación de las 46 concesiones minero-energéticas que vencen su periodo este año 2023, exigiendo la cancelación de las concesiones mineras otorgadas sin la respectiva licencia social y violando el derecho a la Consulta Previa establecida en el Convenio 169 de la OIT. Así mismo se desconoce al Congreso de la República y demás funcionarios quienes no tienen legitimidad ni legalidad para renovar concesiones que vulneran la soberanía nacional y destruyen territorio productivo agropecuario.
4. Se exige la convocatoria a una Asamblea Constituyente Soberana y Popular, tras la restitución de la Constitución de 1979, que será la base legal para acabar con los Contratos Ley que atentan a la soberanía nacional.
5. Se exige el adelanto de elecciones a abril de 2023 y se rechazan las reformas de bicameralidad y de la ley electoral, que permitirían que los mismos delincuentes que fungen de congresistas copen la nueva instancia legislativa. Además, que esta iniciativa ya fue rechazada vía referéndum.
6. Se exige la restitución del presidente Pedro Castillo, dado que su vacancia no se ajusta al procedimiento legal y debe declarase nula.
7. Se exige sanción penal para los autores mediatos, intelectuales e instigadores de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico militar, por el asesinato de 54 peruanos en contexto de protesta social.
8. Se exige la libertad de todos los detenidos en contexto de protesta social y se rechaza la campaña de terruqueo que ha lanzado el fascismo y la reacción.
9. Se plantea la lucha por consolidar una República Democrátrica-Popular y Federativa, que la compongan macrorregiones con relativa independencia de gobierno, económica, legislativa y judicial con respecto al Estado Central; que en las actuales circunstancias se puede establecer con la presión popular y la consecución de la convocatoria de una Asamblea Constituyente Soberana y Popular, donde se reconozcan a los pueblos, naciones y culturas que componen el Perú.
¡Viva la lucha de la clase obrera y el pueblo por la liberación nacional y social!
¡No bajemos los brazos hasta que se vayan todos los corruptos y se convoque a la Constituyente!
¡Por una República Democrátrica-Popular y Federativa y el Socialismo!
Perú, 18 de enero de 2023
Nilo Candela
Por el BP del CC del PCP(m-l)

Los comunistas marxista – leninistas y los revolucionarios del mundo defendemos hasta las últimas consecuencias el derecho a la autodeterminación de los pueblos, pero, así como el pueblo tiene su derecho a la autodeterminación, el proletariado también tiene el derecho a instaurar su sistema, el Socialismo Científico, allí donde se encuentre. Damos este preámbulo, porque ha aparecido una corriente en las organizaciones populares del “Sur del Perú”, que quieren impulsar un proceso de independencia con las regiones que actualmente han demostrado más combatividad al enfrentar al gobierno usurpador de Dina Boluarte, el Congreso de la República golpista y su dictadura cívico-militar; responsables, junto a las Fuerzas Armadas y Policiales de más de 28 muertes de civiles, en las protestas contra su intento de apoderarse del Poder Ejecutivo, junto a sus aliados de la burguesía parasitaria del Perú y el imperialismo norteamericano, principalmente.

Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna, serían las regiones que integren esta “nueva república”, dado la permanente vulneración de derechos desde el centralismo limeño, que ataca con racismo, fascismo, discriminación y desfalco de recursos, que hacen que lleguen migajas y marginación a las regiones donde se ejecutan proyectos extractivos de oro, plata cobre, gas, litio, entre otros; que además fueron impuestos mediante concesiones que vulneran permanentemente la posibilidad de progreso de los pueblos en todo el país.

El Congreso de la República, copado con lo más rancio de la reacción y la socialdemocracia y presidido por un acusado de crímines de lesa humanidad como José Williams Zapata, ha dado un Golpe de Estado para sacar del gobierno a Pedro Castillo, que procede de extracción rural y que fue llevado a la presidencia por el deseo de cambio que existe y el empuje de las organizaciones populares, donde el Sur ha tenido protagonismo; por lo que siente que le han quitado a un presidente, además de haberse restringido el derecho a referéndum para que el pueblo intervenga en el desarrollo político del país, haberse llamado a elecciones sin consulta a una Asamblea Constituyente; son argumentos que desde su punto de vista justifican los deseos de separación de las regiones del “Sur del Perú”.

Como Partido organizado de la clase obrera y su aliado el campesinado pobre, damos nuestra posición, para que decisiones aventureras no generen impactos negativos en el desarrollo del movimiento popular, ni distraigan al pueblo del problema central del poder, ni dañen su tejido de resistencia orgánica.

1.- La independencia del Sur, debe ser alumbrada no solo por deseos de revancha o sino por un plan de consolidación de un proyecto de país y de un nuevo sistema político, económico y social que riña con los fundamentos del país al que se renuncia. El “Sur” no propone la instauración del Socialismo Científico y sus dirigentes no van a construir la Patria de los Trabajadores, por lo que no se justifica el peligro de una guerra de secesión para conservar el capitalismo en el “Sur” o para apoyarse en un bloque imperialista hambriento por arrebatarnos nuestros recursos naturales.

2.- Se habla mucho sobre los ingresos del canon y demás regalías extractivas que se apropia Lima y que sería momento de recuperarlas; pero no se escucha el deseo de las comunidades campesinas y nativas que exigen la cancelación de las concesiones extractivas y que no están dispuestas a ser contaminadas para ser caja chica de ningún proyecto de consolidación de la reacción o del separatismo, ni a engordar a ninguna nueva burguesía o burocracia regional, ni venderse a ninguna potencia imperialista sacrificando su producción agrícola y soberanía.

3.- El “Sur” ha demostrado que puede poner presidentes en el gobierno, que tiene capacidad de movilización y que tiene aliados en los trabajadores del centro y el norte del país, con pueblos que siguen en la lucha, junto a los cuales se pueden impulsar transformaciones reales en nuestra patria; por lo que no se puede disminuir su capacidad de generar cambios, ni aceptar dejar ni un solo centímetro del Perú a los explotadores y fascistas; si queremos un pueblo emancipado y libre, que se larguen los reaccionarios; los pueblos, la clase obrera, el campesinado pobre, sus organizaciones y Partido estamos en la capacidad de asumir un nuevo gobierno que construya el Socialismo Científico.

4.- La declaración de independencia de una parte del Perú, pone en peligro de guerra a todo el país, donde seremos los hijos de la clase obrera y campesinado pobre quienes pongamos los muertos para que la burguesía y el imperialismo siga festinándose con nuestros recursos. A la declaración de guerra de secesión proponemos la declaración de guerra revolucionaria de liberación nacional y social. Si no se cambia de sistema capitalista actual por el Socialismo Científico, cualquier peligro de guerra carece de justificación. La única guerra que sí se justifica es la de todo el pueblo contra los explotadores y fascistas, donde los comunistas marxistas leninistas estaremos en la primera linea de combate sin renunciar jamás a nuestra misión histórica.

5.- Proponemos frente a los deseos de cambio del “Sur”, la lucha por una República Democrátrica-Popular y Federativa, que la compongan macrorregiones con relativa independencia de gobierno, económica, legislativa y judicial con respecto al Estado Central; que en las actuales circunstancias se puede establecer con la presión popular y la consecución de la convocatoria de una Asamblea Constituyente Soberana y Popular, donde se reconozcan a los pueblos, naciones y culturas que componen el Perú.

¡Así como el pueblo tiene su derecho a la autodeterminación, la clase obrera tiene su derecho a instaurar su sistema allí donde ésta se encuentre!
¡Viva la lucha de la clase obrera y el pueblo por la liberación nacional y social!
¡Por una República Democrátrica-Popular y Federativa y el Socialismo!
¡No bajemos los brazos hasta que se vayan todos y se convoque a la Constituyente!

Nilo Candela – Secretario General –
Por el BP del CC del PCP (m-l)
– 27 de diciembre de 2022 –

¡ABAJO EL ESTADO DE EMERGENCIA DECRETADO POR EL GOBIERNO USURPADOR!
¡EL PUEBLO EXIGE REFORMAS Y SALIDAS CONCRETAS A LA CRISIS POLÍTICA!
¡FUERA DINA BOLUARTE, SU CONSEJO DE MINISTROS Y JOSÉ WILLIAMS ZAPATA!
La situación de crisis política que vive el país en los últimos 7 días ha tomado nuevos rumbos, el movimiento popular, antes reprimido y satanizado con el fantasma del terrorismo, ha salido a las calles cansado de tanto abuso y prepotencia de la burguesía parasitaria del Perú. El golpe de Estado parlamentario contra Pedro Castillo ha significado un golpe que el movimiento popular no está dispuesto a tolerar y ha dado paso a un gran levantamiento a lo largo y ancho del país, que desde el 15 de este mes se levanta de manera orgánica a través de los frentes regionales y organizaciones populares para exigir que se vayan todos los corruptos del poder y se implementen las reformas que desde la época de la dictadura fujimontesinista no se han llevado a cabo.
Se exige:
– La inmediata renuncia de la usurpadora Dina Baluarte con su Consejo de ministros asesinos, y la disolución del Congreso que preside el acusado por violación de derechos humanos y la masacre de Accomarca José Williams Zapata. Para que con un gobierno transitorio pueda llevarse adelante los procesos de reforma política necesarios para el desarrollo del país. Así mismo, se exige la sanción penal a estos miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo por el asesinato de 7 peruanos en contexto de protesta social.
– Se exige que se sancionen penalmente a los policías y mandos responsables por los asesinatos de 7 peruanos, de los cuales 2 son adolescentes. Así mismo se releve de sus mandos a todo el personal militar y policial que haya dado instrucción de usar armas de fuego y francotiradores para reprimir a la población en Apurímac, Ica y Arequipa.
– Se exige la convocatoria a elecciones en el menor plazo, primer semestre de 2023.
– Se exige la Convocatoria a una Asamblea Constituyente Soberana y Popular, que albergue la participación de los sectores populares organizados por rama de actividad, sindicatos, federaciones y gremios y no solo la admisión de los partidos con registro electoral, todo esto con el objetivo de construir una Constitución Política que preserve las prerrogativas de soberanía nacional, pluralidad en el desarrollo económico, se prohíban los monopolios, estimule la participación del Estado en la economía y acabe con su papel subsidiario. Así mismo que asegure estabilidad laboral, educación, salud y seguridad social como prioritarios, así mismo siente las bases para una planificación del desarrollo nacional con el reconocimiento del derecho de la propiedad de sus territorios para las comunidades campesinas y nativas, se busque la seguridad soberanía alimentaria; así mismo la preservación del agua y los recursos naturales del país.
– Se exigen reformas para la democratización del sistema electoral, para que haya la posibilidad de inscripción de más partidos que representen las aspiraciones de los trabajadores y los pueblos y no solo se conserven con los viejos partidos de la derecha que con prebendas y maniobras impiden la inscripción de nuevos partidos a nivel regional y nacional.
Hacemos un llamado al pueblo trabajador para que con su lucha construyamos referentes orgánicos que puedan centralizar la protesta y programa popular, en un gran frente democrático que conduzca las luchas de los trabajadores y los pueblos en la presente etapa.
¡En esta lucha nadie se cansa!
¡Todos a las calles por una Asamblea Constituyente Soberana y Popular!
¡Abajo el Estado de emergencia del gobierno usurpador!

14 de Diciembre de 2022

Nilo Candela – Secretario General
Por el BP. del CC del PCP (m-l)

¡ABAJO EL GOLPE DE ESTADO PARLAMENTARIO, ORQUESTADO POR LA DERECHA Y EL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO!
¡POR UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE SOBERANA Y POPULAR, QUE SE VAYAN TODOS!

Lo acontecido el día de hoy, miércoles 07 de diciembre de 2022, al medio día en el Perú, no ha sido un hecho sin planificación o solamente un arrebato de aventurerismo del ex Presidente Pedro Castillo, que dio un discurso televisado para disolver el Congreso de la República y de esta manera buscar poner fin a las disputas entre el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo que han entrampado muchos proyectos de ley que podrían dar algunas soluciones en el actual contexto de crisis alimentaria, energética, económica y política que vive el país. Existen elementos mayores que no podemos perder de vista, para no ser víctimas necias del engaño ajeno y propio, y desenmascarar los intereses de clase que se vienen disputando en la actual coyuntura, frente a los cuales no podemos ser ingenuos.

La misión de la OEA, acantonada en el país semanas atrás, trajeron más que una misión para aportar a la estabilidad del Perú, las posibilidades de establecer un gobierno de transición en el marco del encargo de mantener la calma en la región, como una de las directrices del imperialismo norteamericano; al cual el gobierno de Pedro Castillo no afectó en ninguno de sus intereses, sino que por el contrario le dio más posibilidades para afianzarnos a su dominio, siguiendo las recomendaciones del FMI y Banco Mundial.

La misión de la OEA y los intereses del imperialismo norteamericano, debían buscar la estabilidad, para que las fuerzas de izquierda no levanten más la exigencia de la “Convocatoria a una Asamblea Constituyente Soberana y Popular”, que siente las bases de un nuevo modelo económico que posibilite el desarrollo nacional y la mejora de las condiciones de vida del pueblo trabajador, además de esto, evitar que haya un nuevo gobierno que acerque más al Perú a la influencia China y Rusa, tras la constituyente.

Existe en el mundo un contexto de disputa interinterimperialista, que nos pone en peligro de guerra. Estados Unidos, los países de la Unión Europea, Rusia y China; pugnan por un nuevo reparto del mundo en el marco de crisis económica, política, alimentaria y energética a escala mundial. Para lo cual, el imperialismo norteamericano debía enfriar los focos que posibiliten el progreso de las fuerzas de izquierda y se preste más atención a las contradicciones interimperialistas.

Hay un fondo muy importante en el que la oligarquía peruana juega un papel, pues fue la que tramó que Pedro Castillo sienta confianza en el respaldo de las Fuerzas Armadas y Policiales para que en su discurso pretenda “disolver temporalmente el Congreso” y a la hora definitiva sea abandonado, dándole todas herramientas para que proceda una Vacancia Constitucional, desde el Congreso de la República y asuma la conducción del país, la Primera Vice-presidenta Dina Boluarte, que desde hace mucho tiempo venía siendo la carta de transición de los partidos de la derecha y ya tenía preparado un discurso que denuncia el intento de Autogolpe de Estado de Castillo y levanta las banderas de la defensa del Orden Constitucional y el respeto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y Policiales.

Pedro Castillo quizo realizar un golpe de Estado al estilo fujimontesinista repitiendo infelices frases que nos llevan a recordar el origen del plan violento de implantación del neoliberalismo en el Perú, decía Marx “La historia se repite dos veces, primero como tragedia, luego como comedia”, y la farsa en la que cayó Pedro Castillo, sin duda significa un golpe a las banderas que levanta el movimiento popular para el cambio de Constitución Política, para limitar la acción de los monopolios y oligopolios, acabar con el papel subsidiario del Estado y frenar la venta descarada de nuestros reecursos naturales a las transnacionales.

Los trabajadores están en las calles levantando su voz de protesta contra esta maniobra de la oligarquía y el imperialismo norteamericano, quienes con un falso llamado de “unidad nacional” pretenden desviar nuestra atención del peligro que actualmente corren las comunidades campesinas y nativas y la producción nacional agropecuaria, al existir más de 46 mega-proyectos mineros que quieren ejecutarse arrebatando territorios comunales, sin contar con licencia social y sin haberse evaluado cabalmente el impacto en el ambiente y la producción agrícola; así mismo, por haberse limitado el uso del referéndum para realizar cambios en la Constitución de 1993 y estar en un contexto de crisis alimentaria, que en lo que va de la primera etapa productiva nacional ya se ha perdido el 20% de la producción agrícola por ausencia de lluvias, no existe producción de fertilizantes ni una planta petroquímica que industrialice nuestro gas; todo esto afectará el suministro de alimentos desde el segundo bimestre de 2023.

Los monopolios que controlan la importación de alimentos, el sistema financiero y la prensa que agitaba la vacancia, para seguir recibiendo dinero por progapaganda Estatal, son los más beneficiados por este golpe de estado de la derecha, orquestado por el imperialismo norteamericano y que no transmite el movimiento en las calles de los trabajadores y pueblo organizado.

Desde el Partido Comunista Peruano (marxista – leninista), hacemos un llamado a los trabajadores y los pueblos a continuar en las calles para defender el programa popular, contrarrestar la intentona de la burguesía parasitaria de imponer proyectos e intereses transnacionales en el país y así avanzar en forma organizada para exigir que se vayan todos los corruptos y se convoque a una Asamblea Constituyente Soberana y Popular, donde las fuerzas organizadas del pueblo debatan el modelo de país que actualmente necesitamos.

La reciente experiencia nos ha demostrado que la vía electoral de la democracia burguesa tiene sus límites y no debe ser la única forma en la que el pueblo trabajador exprese su voluntad, así mismo, es claro que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional siempre están al servicio de las clases dominantes en el país y no podemos creer que desde el Congreso y la nueva presidencia del país se puedan hacer los cambios que el pueblo y país necesitan. No habrá ningún caudillo que reemplace el papel del pueblo trabajador organizado en la tarea de construir una República Democrática Popular, ni defienda sus intereses.

Ni las fuerzas del nacionalismo con tendencia fascista que cubrieron el escape de Montesinos en el año 2000, ni la socialdemocracia y las ONG´s (que quieren nuevas elecciones sin cambio de Constitución) son caminos certeros para el cumplimiento del programa del movimiento popular.

¡Solo el pueblo organizado salva al pueblo!
¡Abajo el Golpe de Estado Parlamentario tramado por la derecha y el imperialismo norteamericano!
¡Por una Asamblea Constituyente Soberana y Popular, que se vayan todos los corruptos!

Nilo Candela – Secretario General
Por el BP. del CC del PCP (m-l)

¡FARSANTES PRETENDEN APODERARSE DEL NOMBRE DE NUESTRO PARTIDO!
¡NO PASARÁN LOS COMPINCHES DE PATRIA ROJA!

Hemos recibido noticias de varios camaradas a nivel nacional quienes denuncian que personajes de la calaña de Walter Romero, Juan Fernández, Víctor Martínez (Padre e Hijo), José Gonzales, José Ballena, Hermenegildo Espinal, Enver Espinal, Washington Paredes, Carlos Pisfil, entre otros traidores y expulsados; están haciendo un recorrido nacional e internacional presentándose como miembros de nuestro Partido y como su dirección; cuando es por todos conocidos que estos personajes no han dejado nada organizado en el movimiento popular, la mayoría de los mencionados han vegetado en la vida universitaria, desde las aulas hasta cargos de profesores y autoridades sin dejar ni un militante consecuente para nuestro Partido; estos “revolucionarios” de salón ahora se pretenden los iluminados para “reorganizar” un Partido que está en marcha y está luchando frente al enemigo de clase. Ya conocemos el papel de los “reorganizadores” de antaño, sabemos dónde se encuentran y a qué intereses sirven.

No es coincidencia que estos farsantes salgan ahora con más fuerza; precisamente cuando “patria roja” está por perder la Derrama Magisterial y necesitan ayuda, casualmente ellos han dado un salto “cualitativo” para constituirse en Partido Comunista y pretenden apoderarse del legado del Dr. Saturnino Paredes Macedo y nuestros símbolos; su desesperación es tal, que viajan al exterior para ganar legitimidad a nivel nacional y crean perfiles falsos para reproducir sus panfletos que usan nuestro nombre partidario, escudo y siglas.

Hacemos un llamado a toda la militancia a cerrar filas y mantener la unidad orgánica, no hay que dejarnos sorprender por estos personajes que al Partido no le han aportado nada ni han dejado base orgánica para continuar el trabajo revolucionario. Donde han ido siempre han liquidado el trabajo de masas o saboteado las iniciativas que permitían el crecimiento de la organización, siguiendo el ejemplo de personajes de la calaña de Alejandro Osorio y Ricardo Escalante. Quienes en su vida política destacaron por liquidar organismos del Partido y expulsar buenos elementos de la organización bajo el pretexto de “indisciplina”, cuando se cuestionaban sus nocivos métodos de trabajo.

Estos usurpadores son una cola más del oportunismo de Patria Roja, que cerrando todos los espacios de dialogo con nuestra dirigencia han impulsado hasta un organismo electoral llamado “MDP” para que en su primera oportunidad se lancen a los brazos de sus compinches de patria roja, quienes ya sabemos siempre han traicionado al movimiento magisterial y estudiantil.

Es importante señalar que todos estos elementos fueron expulsados del Partido en su oportunidad y que para no despegarse de la mamadera electoral usan nuestros símbolos, para aprovecharse del prestigio del Partido y reclamen cuotas de participación en todos los frentes, de manera mafiosa.

Es más importante para ellos la pandilla que la organización del movimiento popular, más importante llenarse de nombres de cargos que hacer trabajo orgánico, más importante es buscar recursos para apropiárselos que entregar esfuerzos para que el trabajo continue, para ellos es más importante el amiguismo y la pandilla para ganarse puestos de trabajo; en toda su vida como pretendida facción de nuestro frente electoral lo único que han logrado son canas en las cabezas y reproducirse, con más hijos para hacerlos pasar como militantes de su partido político, ese ejemplo de dirigentes no los necesitamos en las filas de la clase obrera.

Denunciamos públicamente a esos elementos y los emplazamos a que dejen de usar nuestros símbolos partidarios, sean más honestos y soliciten su suscripción a patria roja, que es a donde siempre han pertenecido. La historia de sus sabotajes a nuestros trabajos en el frente magisterial, electoral, obrero, campesino y estudiantil son prueba patente de estas afirmaciones.

¡Vivan las resoluciones y conclusiones del VII Conferencia Nacional Marxista Leninista del PCP (m-l)!
¡Viva la Unidad Partidaria!
¡Viva el Partido Comunista Peruano (marxista-leninista) y su dirigencia revolucionaria!

Perú, 12 de Octubre de 2022

Por el Buró Político del Comité Central
Nilo Candela – Secretario General del PCP (m-l)

¡ABAJO EL NUEVO PLAN GOLPISTA DE LA DERECHA FASCISTA!
¡RECHAZAMOS EL USO POLÍTICO DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN!

Desde el Partido Comunista Peruano (marxista-leninista) nos pronunciamos para rechazar el nuevo plan de desestabilización que ha seguido orquestando la facción más reaccionaria -fascista- de los partidos de derecha del Perú, representados por el Fujimorismo, Renovación Popular, Avanza País, remanentes Apristas y ex miembros de las Fuerzas Armadas que han sido acusados por graves delitos de violación de derechos humanos en nuestro país.

Fiel al estilo fuji-montesinista de los años de la dictadura en los 90s, la fiscal de la nación Liz Patricia Benavides Vargas, quien está rodeada por lo más rancio del sector delincuencial narcotraficante y en cuya elección ha declarado información falsa sobre sus grados académicos para lograr el cargo; está haciendo uso político de sus atribuciones como representante del Ministerio Público, para crear un escenario de crisis política que lleve a una nueva confrontación entre poderes del Estado (Legislativo y Ejecutivo); para que los delincuentes que han copado todas las instituciones estatales sigan robando y centralicen todo el plan de adquisiciones del Estado, así mismo, para que estos sectores exijan una mayor partida presupuestal y sigan enriqueciéndose a costa del dinero de todos los peruanos.

El día de ayer 11 de octubre de 2022, ha ingresado a la Mesa de Partes del Congreso de la República una Acusación Constitucional contra el presidente Pedro Castillo y los ex ministros Juan Silva (Transportes y Comunicaciones) y Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento), por los supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias simple y agravada, colusión agravada, que en el caso de la acusación al Presidente vulnera hasta lo establecido por el artículo 117 de la misma Constitución Política Fujimontesinista de 1993, que señala que durante su periodo, el Presidente solamente puede ser acusado constitucionalmente por los delitos de traición a la Patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos y por impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Ningún otro delito está contemplado en ese artículo, por lo que las declaraciones de la Fiscal de la Nación y la comparsa de los medios de comunicación nacionales como América televisión, Frecuencia Latina, Canal N, ATV, Panamericana, Willax, grupo el Comercio, La República; entre otros mercenarios; siguen nutriendo el escenario para que las fuerzas de la reacción tengan un mejor posicionamiento para dar un golpe blando.

Vemos en esta intentona golpista, una mayor amenaza para el movimiento popular dado que existe la presencia de enfermos anticomunistas en el Parlamento y además este está presidido por el Gral. EP (r) José Daniel Williams Zapata, quien ha sido acusado por violación de derechos humanos en la Masacre de Accomarca (Ayacucho en 1985), es un furioso anticomunista y tiene toda la escuela de represión fascista norteamericana en las venas. Estos elementos son parte de la punta de lanza de esta estratagema que pretende desconocer los resultados electorales, en donde la mayoría de los peruanos eligieron la posibilidad de cambiar las cosas en el país, y que lamentablemente la pugna fraccionaria del partido que llegó al gobierno, la ausencia de dirigentes honestos, cuadros, y la inexistencia de un plan de desarrollo nacional consecuente, truncaron la posibilidades de avanzar a hacer cambios sustanciales en el contexto de crisis que vive nuestro país.

Una vez más la historia nos demuestra que las limitaciones y degeneración de la socialdemocracia en el poder abren la puerta a las posiciones más reaccionarias de la burguesía parasitaría de nuestro país, que tienen copado el parlamento nacional para ganar mejores posiciones en la disputa de los recursos del Estado y que abandonan al pueblo que los eligió, en un escenario en el cual existe un grave peligro en el suministro de alimentos para todos los peruanos, hay un duro golpe al sector agropecuario por la ausencia de fertilizantes, hay un incremento considerable en el precio de los combustibles y por ende venimos siendo afectados por una inflación de casi 10% y un incremento de los precios de la canasta básica familiar en casi el 200%, la falta de trabajo y el incremento de la delincuencia siguen campeando en el país sin tener ninguna atención de los parlamentarios de la reacción, que desde el día siguiente de la victoria electoral de Pedro Castillo han intentado de todas las formas vacarlo de su cargo.

El actual escenario, de más confrontación entre las facciones de la burguesía y la socialdemocracia, exige que la clase obrera, el campesinado y sectores populares se movilicen, organicen y asuman un posición política para poner en agenda lo que realmente le interesa al pueblo trabajador en la perspectiva de solucionar sus problemas mediatos e inmediatos y que coinciden con la lucha por la soberanía nacional y alimentaria, la necesaria industrialización del país para lograr un desarrollo armónico en todo el Perú.

Como Partido de la clase obrera denunciamos las maniobras de la reacción, que en suma, buscan imponer los costos de la crisis sobre los hombros de los trabajadores y repartirse el botín de lo que aún queda en manos del Estado, por lo que hacemos un llamado a todos los trabajadores para salir a las calles a defender la voluntad popular y reimpulsar la lucha por la convocatoria a una Asamblea Constituyente Soberana y Popular que siente las bases de una nueva República con la participación activa del pueblo.

¡Abajo el plan de desestabilización de la derecha fascista!
¡Por la convocatoria a una Asamblea Constituyente Soberana y Popular!
¡Por una nueva Constitución que siente las bases de una nueva república!
¡América no fue descubierta, fue invadida y saqueada!

Perú, 12 de Octubre de 2022

Por el Buró Político del Comité Central
Nilo Candela – Secretario General del PCP (m-l)