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El Gobierno Rajoy ha cumplido con creces sus amenazas, poniendo en marcha toda su maquinaria represiva en cuanto la Generalitat de Catalunya ha formalizado la convocatoria de referéndum para el próximo 1 de octubre. Tal y como se había anunciado, no ha habido ni una suspensión formal de la autonomía catalana ni la intervención militar contemplada por la Constitución monárquica. Pero no cabe duda de que el Gobierno ha estirado a su conveniencia lo que el PP entiende por “legalidad”, imponiendo un estado de excepción de hecho y convirtiendo los derechos formalmente reconocidos en papel mojado: esta es la «fuerza del Estado de derecho», de resabios franquistas, que suelen citar en cuanto surge un conflicto político de calado.

Funcionarios amenazados, webs cerradas, publicaciones secuestradas, redacciones asaltadas, actos y mítines suspendidos por la policía, material de propaganda requisado, más de setecientos alcaldes perseguidos, cientos de policías trasladados a Cataluña para buscar urnas y reprimir a los ciudadanos, un Tribunal Constitucional que actúa como simple testaferro del Ejecutivo, la Fiscalía amenazando con detenciones que no le corresponden…

Ese es el panorama que hoy se cierne sobre Cataluña y sobre toda España: la amenaza de un fascismo que revive (aunque nunca se había ido) en la recuperación de facto del delito de “propaganda ilegal” y que ha tenido su más viva imagen en un PP catalán exultante, que jalea y recibe con silbidos de éxtasis el anuncio de la incautación de cien mil carteles de propaganda. Nuestros camaradas, los que sufrieron cárcel y tortura por lo que también eran delitos bajo la legalidad fascista, saben bien lo que eso significa.

Ello no impide al Gobierno, sino más bien todo lo contrario, aferrarse cínicamente a la defensa de su “legalidad”: la misma que el Partido Popular viola impunemente o interpreta a su antojo cuantas veces le sea necesario. Así lo demuestran sus más de 1300 imputados, pero sobre todo la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución para blindar el pago de la deuda; la inserción de España en la estructura militar de la OTAN, contra el resultado del referéndum de 1986; los acuerdos secretos con EEUU y, ahora, con Arabia Saudí… Por no hablar de los derechos sociales incluidos en la Constitución monárquica para hacerla pasar por democrática, que son sistemáticamente ignorados.

Por otra parte, la burguesía nacionalista catalana apela a la solidaridad de los pueblos de España, pero sabe que sin un cambio radical, una ruptura, con el régimen del 78 que ella ayudó a asentarse, es imposible el ejercicio del derecho de autodeterminación. Sin embargo, a  lo largo de estos años (la última ocasión en 2012, cuando los diputados de CiU apoyaron las brutales reformas de Rajoy, incluida la reforma laboral) han venido dando sostén a un régimen que en momentos de crisis siempre ha mostrado su verdadera cara reaccionaria. ¿Cómo extrañarse, si la mayoría de los trabajadores consideran que esta apuesta política se libra entre dos burguesías al margen de los intereses y necesidades populares más sentidos?

No hay vuelta de hoja: después de las leyes mordaza, los de Rajoy han encontrado en Cataluña el pretexto para dar otra vuelta de tuerca al proceso de degradación de los derechos democráticos y de fascistización del Estado. Si el Gobierno es incapaz de abordar una solución política es porque ni lo desea -para oprimir aún más a las clases populares, como brazo ejecutor de los intereses de la oligarquía- ni se lo permite el marco jurídico del 78. El 1 de octubre pone al desnudo la verdadera naturaleza del Estado burgués, que en situaciones de crisis orgánica se deshace de sus ropajes democráticos para mostrarse como el instrumento de dominación de una clase sobre el resto. Y es, asimismo, la demostración palmaria de que, como hemos repetido hasta la saciedad los comunistas, el régimen monárquico del 78 es irreformable, un lastre para los derechos democráticos y sociales y una cárcel para los pueblos.

Por eso, el referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña (más que una eventual independencia) puede ser un punto de ruptura que ponga en jaque al Estado monárquico. Puede serlo a pesar de que las prisas de algunos dirigentes independentistas -que se consideran “desconectados” de España aun antes del referéndum- le den al procès un cierto tono de ópera bufa; independientemente del resultado de la votación, si se llega a producir; y puede serlo porque ha conseguido revitalizar el amplio y dinámico movimiento popular que lo impulsó en sus inicios, con el impagable apoyo del Gobierno Rajoy y su Santiago, y cierra España.

Partiendo de esta base, es de destacar la lamentable actuación de la “izquierda” española, que ha acabado ajustándose a su vetusto papel de oposición de su majestad. Que en una cuestión de principio, como es el derecho de autodeterminación de los pueblos, los “dirigentes” de la “izquierda visible” opten por ponerse de perfil, escudándose en formalidades, ya es grave; pero que exijan «un referéndum en condiciones», ¡bajo el régimen monárquico!, es indigno y rastrero. Su problema no es técnico, sino ideológico y político: simplemente, no tienen programa alternativo al régimen del 78. Ya lo demostraron en 2014, en un momento de auge de la lucha popular, cuando eludieron apostar claramente por la República en medio del proceso de abdicación del borbón. Ahora vuelven a hacer patente esa misma falta de respuesta, cuando el Estado se aferra a una ley que es letra muerta para justificar su escalada represiva.

Que una inmensa mayoría de catalanes desea ejercer su legítimo derecho a la autodeterminación, sea “legal” o no, es indudable, como también lo es que buena parte de ellos al menos intentará ponerlo en práctica el 1 de octubre. No es tarea de los revolucionarios, desde luego, examinar los aspectos técnicos del asunto, como tampoco la pelea por los derechos democráticos y contra el fascismo es exclusiva del pueblo catalán.

Lo que nos toca ahora, por tanto, es aplicar toda nuestra energía a profundizar la debilidad política del Estado monárquico para avanzar en la ruptura con la podredumbre heredada del franquismo. Esa es una tarea que compromete a todos los pueblos de España, y que se concreta en apoyar sin matices el derecho de los catalanes a decidir su futuro; en hacer frente a la coacción y a los recortes de derechos; en denunciar la incapacidad manifiesta del Estado para hacer frente a los problemas cruciales de nuestros pueblos y de nuestra clase; y en promover un amplio frente antifascista y republicano, que dé impulso a la ruptura con el régimen apoyándose en una respuesta general a la oleada represora del PP, independientemente del resultado del referéndum.

Esas son las tareas a las que llamamos a desarrollar conjuntamente a todas las personas y organizaciones que se consideran de la izquierda consecuente.

Comité Ejecutivo del PCE (m-l)

Madrid, 19 de septiembre de 2017