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Desde el año pasado se venía rumorando sobre la visita a Colombia del pontífice argentino domiciliado en Roma; ahora no es una especulación, es compromiso público del Estado Vaticano llegar a Cartagena, Medellín, Villavicencio y Bogotá, lugares de alta conflictividad política, social y económica y con distintas aristas en el contexto de la acentuada crisis del país. Son ciudades que no están lejos de donde se libran la mayoría de combates entre tropas gubernamentales y efectivos de la insurgencia; así, se dan hechos urbanos de importancia militar como el reciente golpe asestado por el ELN a una escuadra de efectivos del sanguinario y tenebroso escuadrón policial antidisturbios –ESMAD– ubicada en Bogotá.

Se dice que “el Papa no viene a favorecer una posición distinta que no sea la paz” y desde allí hacen referencia a su mención de la necesidad de “luchar sin descanso contra toda forma de injusticia, de inequidad, de corrupción, de exclusión”, por tratarse de males que, “destruyen la vida misma de la sociedad”, como señala la carta del Secretario de Estado del Vaticano para anunciar la visita.

También se indica que el Papa Francisco se referirá con acento especial a la urgencia de atacar algunas causas del conflicto armado para llegar a una paz “estable y duradera”. Este enfoque ya es lo suficientemente político como para que lo puedan capitalizar únicamente los que estuvieron negociando sobre el fin de la guerra en la Mesa de La Habana–Cuba. Habrá una notable puja para tratar de quedarse con las palabras que sobre la paz pronuncie el purpurado.

Es decir, en todo esto de la visita papal hay un hondo sabor espiritual, pero su visita es, en esencia, un hecho político claramente marcado por los propósitos que se exponen públicamente, y el apoyo que buscan recabar entre los millones de colombianos que siguen los dictados de la iglesia católica, en un contexto que no puede dejar de leer el difícil momento por el que pasa la implementación de los acuerdos de La Habana–Teatro Colón, modificados hoy al gusto del Ejecutivo con los ajustes del Congreso en sus debates de “vía rápida” (“Fast Track”).

Se dice que el Papa Francisco asignará a sus obispos y sacerdotes el mandato de “Asumir el riesgo de convertir toda la Iglesia, cada parroquia y cada institución, en un hospital de campo, en el lugar seguro en el que se puedan encontrar quienes experimentaron las atrocidades y quienes actuaron desde la orilla de la violencia”.

Entre tanto, lo que buscarán a todo costo desde el alto gobierno de Colombia y la alta jerarquía eclesiástica aliada de Santos, es utilizar desde ya la anunciada visita papal para mejorar la expectativa popular sobre las supuestas bondades de los acuerdos de paz.

Ellos bien saben que ha venido evaporándose de las mentes del pueblo esa esperanza de mejor vida al ver que su situación social se va deteriorando con las decisiones económicas, sociales y políticas del gobierno, al punto que ya varios sectores del pueblo confirman la denuncia que la salida de las FARC de sus territorios ha dejado las manos libres del capital nacional y extranjero para poner en marcha sus arbitrariedades y abusos, que incluyen el fortalecimiento del paramilitarismo que ya ha cegado la vida de 150 dirigentes sociales y políticos que se entregaron con fe a trabajar por los acuerdos para la “dejación de armas” de las FARC.

No sirvió mucho el Nobel de la Paz…

Las limitaciones de las acciones publicitarias para actuar sobre las porosidades de la sicología social fueron evidentes al usarla como medio para aclimatar entre las mayorías de los pueblos que habitan Colombia los “acuerdos de paz” para imponer el SI en el plebiscito de octubre de 2016, pues, el discurso se hace cada vez más vacío cuando no aparecen realizaciones que muestren disposición a cambiar en el régimen y el gobierno.

En efecto, luego del empalagoso ruido publicitario y el boato de los actos en Cartagena, a propósito de la segunda firma de los acuerdos que ponen fin a la existencia de las Farc como guerrilla (la primera firma fue en La Habana y con pompa internacional), los colombianos difícilmente olvidarán la costosa publicidad, apenas superada por la usada para impulsar el fracasado plebiscito para refrendarlos, manejada para anunciar el viaje de Santos a Noruega a recibir el premio Nobel de la Paz.

Tampoco se olvidan del costo de los anuncios publicitarios del encuentro —de poca altura y corto alcance— efectuado en el Coliseo de Ferias de Bogotá que inducía a pensar en un acto para mercadear como una mercancía más el anhelo popular de paz y no en evento para poner a jugar la inteligencia con soluciones profundas que den una salida política integral al conflicto surgido desde el segundo cuarto del Siglo XX. Allí, en ese recinto ferial, unos pocos poseedores de esa distinción honorífica, tan puesta en cuestión por estos días en que la ostentan personajes que desplegaron muchos comportamientos y decisiones políticas y militares contrarias a la paz como el expresidente imperialista yanqui Barak Obama.

Claro está, Santos no podía cambiar su imagen con ese Nobel. Luego de tanto pavonearse por sus decisiones de uso de la fuerza contra el pueblo y no sólo contra las guerrillas; de violador de la soberanía nacional del Ecuador con el bombardeo a Angostura, por obra y gracia de los medios de comunicación masiva no lograría pasar a ser “adalid de la Paz” viniendo de ser, por muchos años, el ministro de defensa militarista–guerrerista y el presidente heredero y alumno de la “Seguridad Democrática” de Uribe, que incrementó el holocausto del pueblo colombiano en su lucha por la liberación social y nacional, atizando la lucha de clases al poner más clara y viva las contradicciones entre trabajo asalariado y capital, entre la oligarquía y el pueblo y entre la nación y el imperialismo.

¿Servirá a la paz la visita del Papa?

La visita papal es un titular utilizado para airear el tema de la paz, se da justo en estos momentos de la entrega de las armas de las Farc e inicio de la implementación de los acuerdos que en muchos casos no pasará de ser “otra ley”, donde el acostumbrado santanderismo salta como medio para controlar población con su emisión de normas demagógicas.

Este anuncio de la visita del purpurado también coincide con un momento en que los acuerdos de La Habana están siendo cuestionados por los incumplimientos, las nuevas modificaciones en el Congreso y por los engaños que ellos entrañan, según varios actores de mayores desempeños en la dinámica —externa e interna— de la mesa de negociaciones de Cuba que empiezan a ver “engaño” y “estafa” del Gobierno pues no responde a la hora de cumplir, o busca retorcer el sentido que le dieron.

Se está abriendo paso la idea recogida por el imaginario popular “les metieron conejo a las Farc”, o sea que cayeron en una trampa que les sirve a los planes de rendición de Santos y los imperialistas yanquis y del mundo entero, tan regocijados al ver pisoteado el derecho a la rebelión.

De allí que la real conducta política del Estado Vaticano será más visible cuando sea imposible acallar o dejar de ventilar las falencias del acuerdo de cúpulas que tuvo como escenario a la Isla de Martí. Entonces, cuando llegue el Papa en octubre, ya se habrán dejado ver las tropelías que se avecinan con la implementación legal en el Congreso contra la libertad política del pueblo, la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y garantías de no repetición para el pueblo, pues, ya las medidas económicas contra la paz han galopado con la ley agraria de las ZIDRES en 2016, el salario mínimo de 2017, el incremento de la tercerización, la nueva oleada de privatizaciones y la nueva reforma tributaria en marcha, con un Nuevo Código de Policía que les facilita más la criminalización de la lucha popular.

El mismo Papa Francisco, frente a la “justicia social”, en una entrevista con el diario italiano ‘Il Messagero’, lanzó una frase bastante significativa: “Los comunistas nos han robado la bandera de los pobres” y ha asegurado que “la bandera de los pobres es cristiana”. Entonces está por verse si el Jefe del Estado Vaticano se limitará a aplaudir el cese de choques militares entre la Farc y el gobierno y la terminación de esa guerrilla o se comprometerá con el combate a las causas que generaron el conflicto.

Pero esto de la participación social que se leen en varias citas de frases del máximo jerarca católico, puede tener plena aplicación inmediata si los creyentes en esa religión trabajan en sintonía con el impulso de la participación social y el diálogo nacional en la solución del conflicto planteado desde la Mesa de Quito, que el gobierno de Santos negó en las negociaciones de La Habana y de nuevo, contrariando lo acordado en la agenda con el ELN, el jefe negociador calificó como NO vinculante el mismo día de la instalación de la Mesa el pasado 7 de febrero en las afueras de Quito. Entonces se supone que aquí hay una oportunidad para aplicar lo que el prelado ha enfatizado en su visita a Manila cuando señaló que “es un deber escuchar la voz de los pobres”.

¿La amnistía para insurgentes puede volverse perdón a criminales de guerra?

Es, de hecho, la amnistía, la seguridad jurídica de no ser encarcelados, constituye uno de los temas medulares de la negociación con las Farc, pues el Nuevo Movimiento Político que piensan lanzar en pocos meses parte de contar con la afiliación de los actuales miembros de esta guerrilla en trance de desmovilización.

De hecho, la existencia de una Ley, como ya lo anotamos, no supone una solución de un problema, incluso algunas los agravan. La Ley 1820 de 2016, referida a la amnistía, indulto y tratamientos especiales, votada con el mecanismo antidemocrático por lo brevísimo (fast track), desconoce la esencia del delito político, por tanto, sus marañas hacen que a pesar de empezar a regir el 30 de diciembre de 2016 aún no hay centenares de exguerrilleros amnistiados mientras si les presionan a cumplir con los plazos para hacer entrega de las armas, que es la gran meta del Acuerdo.

En el diario El Espectador del pasado 17 de enero, el periodista Carlos Martínez tituló: “En marzo 1.200 militares y policías, involucrados en delitos por conflicto, quedarán en libertad.”

En desarrollo de esa nota se lee: “El Ministro de Defensa Nacional Luís Carlos Villegas, anunció que, para la primera semana de marzo del presente año, 1.200 militares, implicados en delitos relacionados con el conflicto armado, quedarán en libertad, una vez entre a operar la Justicia Transicional para miembros de la Fuerza Pública.”

Villegas advirtió que, a diferencia de la Justicia Transicional para miembros de las Farc, la cual se acordó en La Habana, la de los militares se hizo de manera unilateral por el Gobierno Nacional, pensando en los hombres que resultaron envueltos en esta clase de delitos.

“También aclaró que los uniformados que se acojan a esta Justicia Especial y se de vía libre a este Acto Legislativo, tan sólo pagarán una condena de cinco años, como una muestra de perdón, olvido y reparación.”

“Indicó, además, que en el caso del general Jaime Uscátegui, condenado por la masacre de Mapiripán, aunque no conoce en detalle el caso, el ministro señaló que también podría acogerse a los beneficios que señala la Justicia Especial para militares.”

El lunes 13 de marzo, rápidamente, se aprobó el acto legislativo reformatorio de la desencajada y estropeada Constitución del 91, que implementa los contenidos de la Jurisdicción Especial de Paz –JEP–. A este contenido constitucional se agregan las observaciones arriba señaladas por el ministro de Defensa y ex-negociador en La Habana y exembajador en Washington, al igual que las glosas del Fiscal General de la Nación que favorecen la impunidad de los civiles que han financiado el paramilitarismo y procedimientos sicariales para eliminar líderes sociales y políticos, así como potencia el desconocimiento de la conexidad entre delito político y delito común para bloquear la salida política al conflicto armado.

En esas condiciones, toda la demagogia gubernamental sobre las víctimas, la verdad y la no repetición queda en palabrería. Así los esfuerzos del movimiento de defensa de los derechos humanos queda burlado al quedar en el cesto de la basura cibernética de la justicia sus esfuerzos para probar y demostrar la existencia por décadas del Terrorismo de Estado, como política auspiciadora del paramilitarismo y el terror ejercido por la fuerza pública, uno de los ejes del proceso de fascistización del régimen político en Colombia.

Entonces, como dice la canción del grupo La Muralla: Qué dirá el santo papa / que vive en Roma / si le están degollando a sus palomas…

El delito del narcotráfico como espada de Damocles

A lo aprobado sobre la JEP, que junto a la Ley 30 de 1986 ya constituye un mamotreto jurídico de engorroso manejo, se le adherirá otra Ley para abordar la conexidad del delito político y el delito del narcotráfico, lo que es un evidente peligro para procesar en cualquier momento a los desmovilizados de las Farc, o negarles la amnistía y el indulto.

Esto incluye el peligro de extradición a los Estados Unidos, que ha solicitado nuevos miembros de las Farc para procesarlos por narcotráfico, asunto de graves consecuencias pues está la burla a las Farc con el incumplimiento de la promesa de Santos de liberar a Simón Trinidad, actualmente preso en EEUU. Entonces, pueden temer los jefes de las Farc, que insisten en no pagar un solo día de cárcel.

Como está en la carta de confirmación de la visita del Papa Francisco a Colombia, él viene fundamentalmente a “respaldar de manera personal el proceso de paz”. Cualquier lector de esta realidad de crisis de los Acuerdos con las Farc se preguntará: ¿de qué proceso se está hablando en el Vaticano? ¿de la lucha por la paz o de un armisticio para formalizar la rendición (¿o derrota?) de las Farc?

Pero el Vaticano habla de la necesidad de trabajar por la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas. Es decir, tendría que modificar este criterio o entrar en el detalle de los acuerdos de La Habana y compenetrarse con la actividad tendiente a lograr los cambios que supone sacar adelante la Mesa de Quito con el ELN. De quedarse solo en las frases que estimulan la religiosidad y tratan de trascender a la espiritualidad, el purpurado y su Estado Vaticano se moverían a dejar esos enunciados para la “justicia divina” dejando a los miembros de su congregación en el terrenal infierno de la “injusticia social”.

La realidad de las tramoyas del gobierno para lograr la desmovilización de las Farc supera lo imaginable, por tanto los demonios que ha desatado la desastrosa gestión presidencial de Santos, que ya incluye la corrupción descarada al estilo Uribe, en la entraña del gabinete, son hechos que lo tienen atrapado y la visita de un gran jerarca religioso no podrá librarlo de ellos.

Partido Comunista de Colombia (Marxista‒Leninista)

Comité Ejecutivo Central