MINERÍA A TODA COSTA: AUGE DE LA MINERÍA ILEGAL Y EL PELIGRO PARA LAS COMUNIDADES
Durante años la burguesía parasitaria ha repetido el mantra “Perú país minero” crearon el mito que, a mayor inversión minera, mayor desarrollo económico, haciéndonos dependientes de la explotación minera, en su capricho de imponer este modelo a la fuerza han concesionado el 14.78% del territorio nacional, equivalente a casi 20 millones de hectáreas. Por ello, muestran una preocupación constante por maximizar la explotación de nuestros recursos mineros, sin desarrollar un plan de diversificación económica que permita una mayor estabilidad y progreso a largo plazo. Esta política que privilegia el extractivismo minero por sobre el desarrollo agropecuario es una de las principales causas del incremento de la minería ilegal e informal. La ausencia de un plan de desarrollo agrícola efectivo, junto con estas políticas, favorece el aumento del desempleo y la pobreza en las zonas rurales. Se estima que aproximadamente el 39.8% de la población rural se encuentra en situación de pobreza, dejando a los campesinos y a la comunidad en general a merced de organizaciones criminales.
La relación de la minería ilegal e informal con bandas delictivas u organizaciones criminales está muy bien documenta, según el Observatorio Nacional de la Policía Criminal describe que los delitos relacionados con la minería ilegal son la trata de personas y explotación laboral, el narcotráfico con quien comparte rutas de tráfico, además del comercio ilegal de armas y la más importante, el lavado de activos, la minería ilegal mueve alrededor de 3000 millones de soles al año. Además de la violencia a los defensores ambientales en la Amazonia, donde contratan a bandas de sicarios para eliminar a quienes defienden sus territorios, desde el 2011 hasta el momento se han registrado 29 defensores ambientales asesinados. La situación de la provincia de Pataz es claro ejemplo del modelo extractivista que promueve Estado, cerca del 82.3% del territorio se encuentra concesionado y del cual 21% le pertenece a la Minera Poderosa. Los hechos de violencia en esta provincia son producto del enfrentamiento entre mineros ilegales e informales y la gran minería. Sin embargo, el Estado pro minero se hace de la vista gorda sobre que los mineros “legales” como en Pataz, arriendan sus concesiones y les compran la producción de los llamados mineros ilegales o artesanales, cuando ya se ha puesto en evidencia que estos son más que apéndices de la minería “legal” que así logra pingues ganancias.
La estrategia de los gobiernos neoliberales frente a la minería ilegal e informal ha sido promover la regularización de estos mineros mediante su incorporación al REINFO; sin embargo, esto ha fracasado y solo ha servido para disfrazar las organizaciones criminales de mineros, es postura de la pequeña burguesía para solucionar este problema solo evidencia un desconocimiento total sobre las consecuencias que tiene legalizar a pequeños mineros y mineros artesanales, debido a la escasa capacidad de fiscalización del estado, tanto la minería pequeña como la mediana tienden a contaminar similar a la gran minería, causando daños ambientales irreparables, contaminando ríos, tierras y afectando la flora y fauna de estos ecosistemas.
Los mineros ilegales e informales a través de las organizaciones criminales, disfrazas de partidos políticos han ganado espacio en la política, y han formulado una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) que está en debate en la Comisión de Energía y Minas, propuesto por el congresista Paul Gutiérrez de Perú Libre, el Ejecutivo y por representantes del sector minero, por el momento ha sido suspendido el debate en la comisión. Esta ley tiene como uno de su punto obligar a las comunidades campesinas y nativas a solicitar concesiones mineras sobre sus tierras, si no le entregaran la concesión a cualquier minero, de esta manera forzarían a las comunidades campesinas y nativas a realizar actividades mineras, ya que tendrían que pagar una tasa anual. Por otro lado, se legaliza el argumento “concesiones ociosas” en la cual empresas mineras se apropian de concesiones que no están siendo usada y que les pertenecen a otras empresas, de esta forma pueden apropiarse de terrenos de comunidades campesinas y nativas. La nueva Ley MAPE será un mecanismo para profundizar el extractivismo minero en el Perú, por lo que los partidos políticos de Perú Libre, Avanza País, Renovación Popular están intentando forzar la aprobación de esta Ley.
El extractivismo minero no es una opción para el desarrollo nacional, algunos sectores de la izquierda posmoderna y posturas nacionalistas eleva a la pequeña minería a una práctica cultural o ancestral y en contra posición de la gran minería, sirve como un discurso para validar el extractivismo minero.
Desde el Partido Comunista Peruano (m-l) planteamos al pueblo, a los campesinos y a las comunidades nativas que solo podemos correr el riesgo de realizar esta actividad con el objetivo de industrializar el país, evitando que se desarrolle en zonas agrícolas y cuencas hidrográficas. Por lo que es importante que el pueblo luche por conquistar la soberanía nacional y recuperar todas las zonas y recursos estratégicos del país, las fuentes de materia prima que se encuentran concesionadas a transnacionales y la restitución de la propiedad común sobre las tierras y territorios arrebatas a las comunidades campesinas y nativas por las transnacionales mineras. Además de promover iniciativas productivas de las cooperativas y comunas de los pequeños y medianos productores agropecuarios.