Levantamiento popular en Perú (Diciembre 2022 a Abril de 2023)

La lucha reciente en el Perú es resultado de varios factores históricos que han incidido en un masivo levantamiento popular.

La lucha desde las regiones por hacer respetar su derecho a elegir, contra la usurpación de Dina Boluarte, contra el centralismo limeño, la constante imposición de proyectos extractivistas en los territorios de las comunidades campesinas y nativas, las luchas contra los recortes de derechos de los trabajadores, la lucha contra el racismo y el fascismo; cobraron dimensiones que desde el levantamiento popular para derrocar a la dictadura neoliberal de Fujimori no se habían visto en las regiones y en algunas semanas en la capital.

La conspiración de los grupos de poder, haciendo uso de todo su aparato estatal: fuerzas armadas y policiales, el Congreso, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, han creado el marco para la consolidación de una dictadura cívico-militar que ahora se sostiene en el poder con la represión al movimiento popular, prebendas políticas y una tremenda campaña desde la prensa que a diario golpea las posiciones de los trabajadores y los pueblos, y que además encubren los nexos del narcotráfico con las principales instituciones del Estado y partidos políticos como el Fujimorismo y sataniza la lucha popular para frustrar la posibilidad de lograr justicia por el asesinato de más de 78 peruanos que fueron ultimados por las fuerzas armadas y policiales, mientras ejercían su derecho a protestar. De estas muertes son responsables políticos e instigadores, los integrantes del parlamento y periodistas, siguientes:

1. Dina Ercilia Boluarte Zegarra, que usurpa el cargo de Presidente de la República; por resultar autora mediata de crímenes de lesa humanidad.

2. Pedro Angulo Arana, Presidente del Consejo de Ministros; por resultar autor mediato de crímenes de lesa humanidad.

3. Luis Alberto Otárola Peñaranda, Ministro de Defensa; por resultar autor mediato de crímenes de lesa humanidad.

4. Gral (r) José Williams Zapata, Presidente del Congreso de la República; por resultar autor mediato de crímenes de lesa humanidad.

5. César Augusto Cervantes Cárdenas, Ministro del Interior; por resultar autor mediato de crímenes de lesa humanidad.

6. Gral. Antero Mejía Escajadillo, Jefe de la Macro Región Policial de Ayacucho; por resultar autor mediato de crímenes de lesa humanidad.

7. Gral. Jesús Amarildo Vera Ipenza, Comandante General de la 2da Brigada de Infantería Militar de Ayacucho; Capitán EP, Víctor Grados Rivas (patrulla N° 1), por resultar autor mediato de crímenes de lesa humanidad.

8. Gral PNP, Carlos Omar Bravo Cáceres, jefe de la X Macro Región Policial Puno, fue el encargado del comando general, y el coronel PNP, Julio Santos Mauricio Contreras, jefe de la Región Policial Puno, el responsable del comando operativo regional, por resultar autores mediatos de crímenes de lesa humanidad.

9. Gral. Mario Moreno Alvarado, Jefe del Frente Policial Apurímac, que fuese premiado por la dictadura en enero de 2023 con la designación como nuevo jefe de la Dirección General de Inteligencia – Digimin, por resultar autor mediato de crímenes de lesa humanidad.

10. Alm. (r) Jorge Carlos Montoya Manrique, Congresista de la República; por resultar instigador de los delitos denunciados.

11. Alm. (r) José Ernesto Cueto Aservi; Congresista de la República; por resultar instigador de los delitos denunciados.

12. Gral (r) Roberto Enrique Chiabra Leon, Congresista de la República, por resultar instigador de los delitos denunciados.

13. Patricia Rosa Chirinos Venegas; Congresista de la República, por resultar instigadora de los delitos denunciados.

14. José Augusto Barba Caballero; opinólogo, aprendiz de periodista, por resultar instigador de los delitos denunciados.

15. Fernando Miguel Rospigliosi Capurro; ex ministro del interior del gobierno corrupto de Alejandro Toledo, por resultar instigador de los delitos denunciados.

16. Edward Phillip Alexander Butters Rivadeneira; supuesto periodista, por resultar instigador de los delitos denunciados.

Entre otros.

I. Antecedentes y caracterización de la sociedad peruana

La sociedad semifeudal dirigida por la oligarquía terrateniente entró en crisis a mitad del siglo XX, por un lado, la recuperación o toma de tierras por parte de las comunidades campesinas y la migración del campo a la ciudad huyendo de los abusos, atraso y explotación patentes en el campo a causa de la existencia de la semifeudalidad, debilitaron las dos fuentes de riqueza de la sociedad gamonal, en la forma de no disponer de mano de obra como del medio de producción del que se valía para acumular riqueza y poder.

Por otro lado, las recetas dictadas por los Estados Unidos, con la “Alianza Por El Progreso”, llamaban a eliminar las taras feudales en los países latinoamericanos para evitar que se repitiera la experiencia de otra Cuba comunista en el continente. Fenómeno vaticinado por Mariategui en 1929, sobre el interés que presenta el imperialismo para también querer barrer con la feudalidad. Pero que debido a los obstáculos que imponía el parlamento gamonal – burgués, en los años 60, resultaron ser las Fuerzas Armadas (FFAA) con el golpe de 1968 quienes se encargaron de dar un golpe de efecto vacuna, es decir para proteger a las clases dominantes, otrora dirigentes de la semi-feudalidad, para supuestamente fortalecer el capital nacional y dar paso a su conversión burguesa; crear un escenario político “más democrático” y evitar una revolución “comunista”, mientras acababa con todo el tejido de resistencia popular, con el uso de un discurso demagógico que a muchos intelectuales los puso a la cola de los intereses imperialistas ruso y norteamericano en el continente.

Las reformas emprendidas por la dictadura militar (1968-1980) desplazaron a la oligarquía terrateniente como clase hegemónica para ocupar su lugar la burguesía financiera (intermediaria), e impulsaron el fortalecimiento de una burguesía industrial que articule el mercado nacional desde la capital. Pero teniendo el obstáculo de tener a la clase obrera y campesina organizada y luchando por reivindicaciones tanto políticas como económicas, que trataron de ser canalizadas parcialmente en la Constitución de 1979, tuvieron que recurrir a otros métodos como la violencia política (1980-2000) donde el terrorismo de Estado como el terrorismo contra el pueblo de “Sendero Luminoso”, en concierto con las clases dominantes, desplegaron todo su accionar contra el movimiento popular, significaron la coronación del plan de desplazamiento forzoso de mano de obra excedente del campo a las grandes ciudades para que la pretendida burguesía industrial pueda servirse de mano de obra barata y continuar con su proceso de acumulación. Debido a esto el incremento poblacional en Lima que se pobló masivamente con nuevas oleadas de migraciones que hizo formar los distritos populosos y también despoblar los andes, donde se encuentran los recursos minerales más valiosos, para imponer el saqueo de las transnacionales sin la menor resistencia organizada.

El descabezamiento de las organizaciones populares y arrasamiento de comunidades campesinas para facilitar la imposición del neoliberalismo por parte del gobierno cívico-militar del corrupto Alberto Fujimori, hicieron que se cumplan las recetas de “reducción del Estado” del Consenso de Washington (1989), mediante la privatización de las empresas públicas, la apertura al capital privado en los derechos básicos (educación, salud, pensiones) y los privilegios al capital internacional que fueron plasmados en la Constitución de 1993, previo Golpe de Estado del 5 de abril de 1992.

Esa última década del siglo XX consolidó como clase hegemónica a la gran burguesía financiera con los grupos Romero, Brescia, Rodríguez Pastor (Intercorp) y Benavides a la cabeza; deshizo las ilusiones que la burguesía industrial se convierta en burguesía nacional; pero en cambio, hizo surgir a una burguesía media principalmente en el área de servicios: educación, salud, transporte con los Acuña, Luna Gálvez, Ramírez y Huancaruna. 

Todo ello mientras que la clase trabajadora se veía privada de derechos, sin organización que los defienda, explotada bajo relaciones sociales de producción capitalistas, con sus recursos naturales destinados a alimentar la industria extranjera y solo con la promesa de convertirse individualmente en pequeño emprendedor o pequeña burguesía. Terminando por configurar a la sociedad peruana como capitalista atrasada y dependiente del imperialismo en el marco del neocolonialismo, manteniendo a nuestro país como una semicolonia en el escenario de disputa interimperialista.

Las siguientes décadas a la caída del fujimorato han sido de mayor consolidación del modelo neoliberal. En la que ha prevalecido el saqueo, la explotación y la corrupción por encima del bienestar general. Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala continuaron las políticas privatizadoras y de apertura preferencial al capital transnacional. Pero en el caso del falso nacionalista Ollanta Humala, ingresó al gobierno con un plan reformista que tiró al tacho para entregarse a los brazos de la burguesía financiera y en los tecnócratas de ONGs que esta le ofrecía. Durante ese gobierno y en el de Kuczynski-Vizcarra es donde más se trató de reordenar los distintos sectores de la economía en la educación, transporte y salud; para que la gran burguesía financiera concentre más riqueza y desplace a la burguesía media que emergió durante la década del noventa.

Las pugnas interburguesas, por mejores condiciones en el saqueo del país y la dirección del Estado, han influído en la agudización de las recientes crisis políticas y han podido ganar mejores posiciones según la fuerza que han tenido para arrastrar al pueblo a las luchas que más favorecían a uno de sus bandos, es así que las distintos partidos de derecha, representados en el Parlamento: Fuerza Popular, Apra, Perú Podemos, Acción Popular, etc. vs Peruanos por el Kambio, Partido Morado, Nuevo Perú, Juntos por el Perú, etc.; no hayan tenido otro trasfondo que disputarse intereses económicos en las instituciones estatales, afectando al pueblo trabajador. Intentando utilizar en ocasiones las luchas justas de la clase trabajadora, la juventud y los pueblos para golpear al otro sector burgués, como en los casos de la Ley Universitaria, Nuevo Régimen Laboral Juvenil (Ley Pulpín), Huelga Magisterial del 2017, Marchas contra Merino, entre otros.

Han sido las contradicciones del sistema capitalista, la barbarie del modelo económico neoliberal y las disputas interburguesas las que han dejado un Estado inoperante que fue totalmente incapaz de afrontar, primero las nefastas consecuencias del fenómeno del Niño Costero, la pandemia del Covid-19 en el 2020 y recientemente las consecuencias del ciclón Yaku, que al momento deja el saldo de miles de afectados en la zona norte del país. Donde el pueblo trabajador fue quien más padeció y a la vez quien principalmente se auxilió para sobrevivir a las distintas crisis climatológicas y sanitarias que se produjeron. Ya que expuso toda la precariedad en materia de salud, educación y trabajo que nos ha legado el neoliberalismo.

Estos eventos hicieron que el pueblo peruano, principalmente, en las regiones, haya elevado su conciencia política, para no seguir a la cola de ningún sector burgués y exija el cambio de modelo económico con reformas en la Constitución, mediante una Asamblea Constituyente Democrática y Popular, donde no solo los partidos con inscripción electoral intervengan en la discusión de una nueva carta magna sino también el pueblo organizado. En este sentido, en las elecciones del 2021 el pueblo apostó por el candidato que en el discurso estuviera más cerca de ofrecer ese cambio; motivo por el cual el profesor Pedro Castillo Terrones fue quien capitalizó todo el acumulado del descontento popular y fue elegido como presidente del Perú.

 

2. Carácter y limitaciones del gobierno de Pedro Castillo

Las pugnas interburguesas ocasionaron el descrédito de los partidos de derecha, pero principalmente su fragmentación para las elecciones de 2021. Esto fue aprovechado moderadamente por los partidos de izquierda que tenían inscripción electoral vigente: Perú Libre (18%) y Juntos por el Perú (8%). La vacilación de este último para enarbolar la bandera de la Asamblea Constituyente se debió a que se encuentran en sus filas muchos intelectuales de ONGs que están ligados a la gran minería y burguesía financiera y que tienen como objetivo lavarle la cara al extractivismo para seguir viviendo a costa de la destrucción del país y desplazamiento de los pueblos.

Finalmente el electorado más descontento con el modelo económico se inclinaría por Perú Libre en las elecciones del 2021, teniendo que competir en la segunda vuelta con el partido más rancio, ligado al narcotráfico y mafioso de la burguesía: Fuerza Popular (13%). 

En la segunda vuelta, a pesar de toda la campaña de difamación que realizaron los medios de comunicación concentrados, surtió cierto efecto en Lima, la costa y selva norte, pero no pudieron evitar el triunfo de Pedro Castillo, que llegó a la presidencia con el aplastante apoyo en las regiones andinas, principalmente las del sur del país. 

Pedro Castillo y Perú Libre recogían demandas populares como la Asamblea Constituyente, la nacionalización de nuestros recursos naturales, protección de la producción nacional, libre ingreso a la universidades, etc. Exaltaba la dicotomía ideológica izquierda-derecha, la geográfica Lima-regiones, criticaba los monopolios, y el dominio del imperialismo norteamericano en nuestra economía. Sin embargo, su ideario elaborado por Vladimir Cerrón no ahondaba en la lucha de clases y tenía como norte solo crear un “capitalismo popular” que reemplace al neoliberalismo.

La victoria de Pedro Castillo nunca fue aceptada por la mayoría de bancadas de la derecha, principalmente, las que representan al sector más conservador y acomodado de la burguesía media: Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular. Y la formación del primer gabinete de Castillo dirigido por Guido Bellido buscaba ser una amplia coalición entre las agrupaciones de izquierda: FENATEP, Juntos por el Perú y Perú Libre, que mostró su sectarismo más extremo, tratándose de situar siempre a la “izquierda” del sector caviar ligados a las ONGs, lo que resquebrajó la unidad del campo popular y los llevó a ubicarse cada vez más cerca de la reacción. Frases como que “el enemigo principal eran los caviares”, desenfocó el proyecto político para consolidar una alternativa democrática popular para el pueblo, para centrarse en una pequeña guerra de intereses donde los Ministerios sean repartidos según la fuerza de cada sector y su aporte en la campaña de Castillo durante las elecciones.

El primer gabinete nunca dejó de ser atacado por la derecha, la vacancia fue el tema principal de las manifestaciones de los partidos de la reacción, persiguieron a cada elemento progresista o considerado democrático para dejar sin base y posibilidades de mejor orientación al nuevo gobierno. El primero en ser censurado y abandonado por el gobierno de Castillo fue al canciller Héctor Béjar, quien pese a haber servido a los intereses de los militares en el Golpe de Juan Velasco Alvarado, denunció que la Marina de Guerra del Perú siempre estuvo ligada a actos terroristas y que Sendero Luminoso fue un invento de la CIA para destruir al movimiento popular en el Perú y allanar el camino al neoliberalismo. La censura de este ministro de relaciones exteriores hizo notar más el intento del Ejecutivo para lograr una convivencia con el Congreso, dando su primera muestra de debilidad ante los futuros intentos golpistas.

Lo que siguió a ese gabinete fueron gabinetes armados a conveniencia de la burguesía, principalmente con cuadros de la burguesía financiera que mantuvieran el modelo neo liberal con el piloto automático; como los ministros de economía Óscar Graham y Kurt Burneo.

La pérdida de rumbo del nuevo gobierno y la desesperada carrera de los congresistas de izquierda por ver cómo asegurarse recursos desde el Parlamento y acomodarse a sus nuevos privilegios, llevaron a que se atomice la fuerza democrática y de izquierda en el Congreso, todos estuvieron tratando de influir para que sus partidos ganen más posiciones en los ministerios que incluso se llegó a permitir que el Congreso, de mayoría reaccionaria, modificara la Constitución para evitar una convocatoria a referéndum y limite el uso de las mociones de confianza. Arma que, si el Ejecutivo no usó desde el inicio para defender a sus ministros, el Congreso se la terminó arrebatando.

Las promesas como Asamblea Constituyente, libre ingreso a la universidad, segunda reforma agraria, etc. Fueron desestimadas o desvirtuadas para que el modelo no resultara trastocado en ningún sector de la economía. Solo eran enarboladas en forma demagógica cuando el ejecutivo se sentía acorralado. A pesar de acomodarse a los designios de la burguesía financiera, Pedro Castillo nunca dejó de tener un Congreso hostil; una prensa concentrada que buscaba desprestigiarlo por lo más mínimo; una Fiscalía y Tribunal Constitucional funcionales al Legislativo; y unas Fuerzas Armadas y Policía Nacional que no tenían reparos en manifestar sus injerencias políticas, como no se había visto desde el fujimorato, pero esta vez, en oposición al Ejecutivo. 

A esto se sumaba la fragmentación de las bancadas de izquierda. Perú Libre demostró no tener cuadros y ser una mezcolanza de intereses atomizados de la pequeña burguesía provinciana donde no existía la más mínima unidad ideológica y disciplina partidaria. No sólo no pudo mantener al sector magisterial dentro de su bancada, sino que se caracterizó por la deserción dentro sus propias filas. Fue incapaz de direccionar al gobierno y peor aún de mantener una sola postura entre sus parlamentarios con respecto a este. Castillo solo podía mantener el respaldo de dichas bancadas según como devolvía favores en la administración pública. Modus operandi que se repitió para todos a quienes les prestaron su apoyo durante la campaña electoral: familiares, paisanos, pequeños y medianos empresarios de provincia, que fueron los que en suma dieron argumentos a la reacción para que se unifiquen en el criterio de hacerlo ver como el personaje político más corrupto de todos los tiempos y presionen con más fuerza por la vacancia.

Todo ello fue haciendo que el respaldo popular al gobierno se fuera deteriorando, y la enorme movilización que existió para que se reconociera su triunfo se disperse. Por otro lado, la hostilidad que le plantaba al Congreso pese al cambio de rumbo del gobierno se debía a que la mayor parte de este contaba con representantes del sector más acomodado de la burguesía media, que desde antes de Castillo se encontraban en pugna con la gran burguesía financiera por el control de distintos sectores de la economía: Educación, Salud, Transporte.
Castillo observó leyes que buscaban el reacomodo del consejo directivo de la Superintendencia de Educación Universitaria (SUNEDU). A pesar de que ello no signifique mayor cambio en el mercantilizado sistema de educación superior; pero sí, volver a darle más participación a la burguesía media para que licencie sus universidades, que en muchos casos no lograban superar las condiciones mínimas de funcionamiento.  Similar era el caso de la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, cuyo control del apro-fujimorismo se inclinaba más a los sectores de la burguesía media. Inclinación que se replicaría también después con el Tribunal Constitucional.

Por lo que respecta a la prensa corporativa y concentrada, su oposición al gobierno se debía al retiro del financiamiento estatal directo, para dárselos a los medios de comunicación de provincia y medios alternativos, que de alguna manera trataban de transmitir los mínimos avances del nuevo gobierno, generando que todos los titulares de la radio, televisión y periódicos se enfoquen en la vacancia presidencial, para recuperar los subsidios del Estado y no entren a la quiebra, dado que su precario nivel informativo no les permite ser una alternativa de consulta para el pueblo en general.

En cuanto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, siempre estuvieron del lado del narcotráfico, el sector más rancio de la reacción peruana sesgados por su tradicional anticomunismo y anti izquierdismo inculcado a los oficiales desde las escuelas militares de EEUU y la narrativa de que fueron estas instituciones las que acabaron con el terrorismo en el Perú, cuando en realidad fueron parte del mismo plan y actuaron en concierto.

La continua hostilidad del Congreso al gobierno de Castillo con la búsqueda de su vacancia por incapacidad moral, sumado al empeoramiento de la situación económica por la variación del tipo de cambio con respecto al dólar, la subida del precio de los combustibles, la especulación desatada por la burguesía financiera que afectó al incremento de precios de la canasta básica familiar, hicieron que el Ejecutivo se viera acorralado. Y tendiera entre ahondar en las prácticas saqueadoras neo liberales que le recomendaban los tecnócratas de la burguesía financiera o intentar recuperar el respaldo popular.

Los últimos decretos en materia de extender la sindicalización, prohibir la tercerización laboral en áreas básicas de las empresas, su negativa a asumir el coste social de destrabar los proyectos minero-energéticos rechazados por la población y las mociones de confianza para tratar de sacar adelante la Asamblea Constituyente indican que el Ejecutivo se inclinó tarde a la segunda opción. Por ello que la gran burguesía financiera le terminó de quitar su respaldo y la clase trabajadora desmovilizada no pudo defender el programa que llevó a Castillo al gobierno y ser el contrapeso para frenar la intentona golpista desde el Congreso, más aún con las acusaciones de corrupción que la prensa concentrada se encargó de publicitar fueron determinantes para ocasionar la caída de Pedro Castillo.

Todos los virajes, vacilaciones, intención de gobernar en favor de todas las clases sociales revelan que el gobierno de Pedro Castillo tenía un carácter socialdemócrata, pequeño burgués que intentaba consolidar un semi-bonapartismo que por ausencia de experiencia fue una bomba de tiempo de la que resultó más afectado el pueblo trabajador. Pues, aunque alumbraba demandas democráticas que logren una mejor distribución de la riqueza; evitaba en cambio una confrontación de las clases sociales solo aspirando a realizar reformas leves dentro del capitalismo que ni siquiera buscaban reemplazar el andamiaje del agotado sistema neo liberal. 

 

3. La Crisis y el Golpe Legislativo 

Nuestra economía, que no terminaba de recuperarse de los estragos del Covid-19, volvió a sufrir los embates de la guerra que la OTAN y Rusia desarrollan en Ucrania. El fenómeno inflacionario internacional afectó en el Perú, fundamentalmente sobre el poder adquisitivo de la clase trabajadora peruana que subsiste en más del 80% en la informalidad, lo que quiere decir que genera sus ingresos en el sector marginal de la economía y que no cuenta con derechos laborales, que subsiste en el completo abandono estatal.

El incremento de los precios de los fertilizantes y la ausencia de lluvias en la primera etapa productiva de la campaña 2023 golpearon a los pequeños y medianos agricultores, que en muchos casos se han arruinado y que en definitiva impactará en un decrecimiento del abastecimiento de alimentos en más de un 25% para el presente año.

La disputa imperialista de Estados Unidos, La Unión Europea y Japón contra el bloque China-Rusia hizo de nuestro país otro escenario de disputa para la provisión de recursos naturales, especialmente el litio y los recursos mineros. El gobierno de Pedro Castillo mantuvo relaciones de dependencia ante ambos bloques imperialistas, jamás se alejó del imperialismo norteamericano y recibió a la misiones de la OEA como una forma de hacer notar el respaldo que tenía del imperialismo norteamericano, para que no se acerque más al espectro del BRICS, cosa que pasó en su última etapa de gobierno, lo que terminó por afinar la alianza entre los dos sectores burgueses que por casi diez años habían estado en pugna: la gran burguesía financiera y la burguesía media; que teniendo el respaldo de la embajada norteamericana se envalentonaron más para buscar dar un golpe de estado que permitiera alinear más al país a la estela de dominación norteamericana.

El golpe de estado fue planificado previamente. Lo delata las coordinaciones previas de los partidos de la reacción con Dina Boluarte para que acepte el cargo y mantenga al Congreso hasta el 2026 a cambio de archivar sus investigaciones en la sub comisión de asuntos constitucionales y aprovechar todo el periodo para renovar los 46 proyectos minero energéticos que este año 2023 tendrán que renovar contratos de concesión con el Estado, donde también se podrá ver el desplazamiento de la concentración minera de los chinos, y sus aliados que llegan a más del 45%, a la nueva concentración minera en las manos del bando norteamericano.

La moción de vacancia anticipada presentada por Edgar Málaga del Partido Morado (principal partido de la burguesía financiera), y la persecución paranoica de la Fiscal de la Nación Patricia Benavides conocida por encubrir a su hermana en casos de narcotráfico y no tener los méritos académicos que exigen para el puesto. También revelan que los golpistas estuvieron estrechando lazos en las distintas esferas económicas, políticas, judiciales e internacionales. Sin embargo, llegado el día 7 de diciembre no alcanzaban los votos necesarios para la vacancia. Hizo falta que Castillo diera el pretexto emitiendo un pseudo discurso golpista sin tener a la población movilizada en su favor ni mucho menos el respaldo de las FFAA. Bien sea por ingenuidad política ante una trampa del Comando Conjunto de las FFAA (dirigido por el bando norteamericano) o por querer quedar como un mártir exiliado en México; lo hecho terminó por favorecer a la consumación del Golpe Legislativo ante una vacancia exprés e irregular que contó incluso con algunos votos de las bancadas de izquierda, que ahora vemos que estuvieron más preocupadas por su bolsillo que por “defender la democracia” y el programa de los trabajadores. 

La crisis política empujada desde los sectores de la burguesía y el cada vez más escaso apoyo popular al gobierno de Castillo, crearon las condiciones para que este crea en todas las tretas que tramó el imperialismo norteamericano para que se aventure a dar un discurso que pretenda cerrar el Congreso de la República y reciba como un medida respaldada por todas las instituciones manejadas por la reacción con una vacancia presidencial que incumplió todas las medidas determinadas en la Constitución y se terminó por configurar como un Golpe Legislativo que fue el antecedente de la actual dictadura cívico – militar jefaturada por Dina Boluarte, Alberto Otarola y José Williams Zapata.

Dina Boluarte asumió el cargo sin ninguna muestra de querer renunciar, el Congreso y el Tribunal Constitucional se trajeron abajo los escasos decretos progresistas que emitió el gobierno anterior y se armó un gabinete de la muerte presidido por Alberto Otárola que puso en marcha toda la maquinaria represiva con el total respaldo de la burguesía financiera y media y sus poderes fácticos (la prensa concentrada) y la Embajada Norteamericana.

La respuesta de la población no se haría esperar.

4. Levantamiento popular y respuesta represiva

La vacancia de Pedro Castillo el 7 de diciembre terminó por hacer reventar el malestar que tenían las clases y poblaciones relegadas por el modelo económico y que habían sido su principal soporte electoral durante el 2021. Su salida irregular difuminó cualquier esperanza de cambio del modelo e inició el estallido socio-político en el sur del Perú. La primera región en sublevarse fue Apurímac, siguiéndole Cusco, Puno, Ayacucho, Huancavelica, Madre de Dios, Moquegua, Ica y Tacna. Para después seguirle La Libertad, Cajamarca, Junín y otras partes del país. Las demandas principales eran la convocatoria a la Asamblea Constituyente Soberana y Popular, la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso e incluso en las regiones del sur la restitución de Castillo por haber sido depuesto de manera ilegal y haber sido detenido cuando aún lo investía el cargo de Presidente de la República.

Inmediatamente las Fuerzas Armadas y la PNP asumieron su rol represivo cobrando las primeras víctimas en Apurímac y perpetrando verdaderas masacres en Huamanga y Juliaca. Las continuas violaciones a los derechos humanos fueron celebradas por el gobierno, el Comando Conjunto de las FFAA y la CONFIEP por medio de su prensa concentrada que volvía a tener el jugoso financiamiento estatal. Hasta el momento han dejado alrededor de 78 muertos, miles de heridos y cientos de detenidos de forma irregular. El sistema judicial se acopló también para organizar la represión sirviendo como arma persecutoria a los manifestantes.

La dictadura cívico-militar que se configuró mediante la injerencia política de las FFAA era evidente, no solo con los esbirros en situación de retiro que dirigían y componen el legislativo (José Williams Zapata, Jorge Montoya, Roberto Chiabra Leon y José Cueto), sino con las continuas declaraciones y amenazas que daban los militares desde las tribunas que les ofrecía el Ejecutivo. Al punto de poner bajo su dirección zonas declaradas en emergencia para dirigir exclusivamente la represión en forma indiscriminada. 

Toda esta represión, como forma de contener la lucha de clases traía como ganancias el destrabe de los proyectos minero-energéticos para la gran burguesía financiera y un nuevo reacomodo del mercado educativo en favor de la burguesía media a través del cambio del consejo directivo de Sunedu. Siendo la burguesía financiera quien obtiene las mayores ganancias buscando empeñar rápidamente nuestros recursos al capital imperialista encabezado por Estados Unidos y su brazo armado la OTAN. Tal como viene ocurriendo con la pretendida entrega del litio a los canadienses. 

El estallido del conflicto reflotó todas las taras que aún mantiene la sociedad peruana. Pues además del clasismo del Estado, el racismo y discriminación se hicieron presentes para justificar la represión y el “terruqueo” contra los manifestantes. Aun así el pueblo no se amilanó para salir a movilizarse, bloquear carreteras y tomar pacíficamente instituciones públicas. Desde comerciantes, campesinos, proletariado agrícola y urbano, estudiantes e intelectuales progresistas salieron a luchar desbordando en muchos casos a sus propias organizaciones.

Una de las falencias del levantamiento fue la falta de coordinación inicial por medio de un comando o comité unificado. Lo que fue aprovechado por la reacción para sofocar brutalmente los levantamientos que iban estallando en forma espontánea en cada región y movilizándose a cada lugar donde la situación se presentara más aguda. Siéndole posible, aunque igual difícil el sofocamiento, pero demostrando que si el levantamiento hubiera sido simultáneo hubiera hecho caer rápidamente la dictadura.  

La otra falencia del movimiento fue que Lima metropolitana no lograba despertar en forma masiva como sucedió en el 2020. Las centrales sindicales dirigidas por los revisionistas y traidores Partido “Comunista”-Unidad y Patria Roja estuvieron lejos de permitirle a la clase obrera cumplir su papel de vanguardia. De esa forma, todo el mes de diciembre de 2022 se desarrolló teniendo a las provincias ardiendo en protestas, principalmente en el sur, y a una capital que solo salía a manifestarse en forma reducida a vigilias o paseos por el Distrito de Miraflores (centro financiero). Lo que hizo decidir a las provincias “La toma de Lima” para el mes siguiente. 

5. El proceso de la “Toma de Lima” y el despertar de los conos de la capital del país.

A pesar que el gobierno hizo todo lo posible por evitar que la lucha del interior llegue a Lima, no logró su objetivo. Las delegaciones fueron rompiendo cada obstáculo que le imponía el la dictadura en las carreteras. Fue el mismo pueblo quien se financió para movilizarse. No sirvió de nada toda la estigmatización y difamaciones que lanzaba la prensa acerca de que las delegaciones eran financiadas por el narcotráfico, minería ilegal o los bolivianos. Una tras otra fueron cayendo sus mentiras y los conos de Lima se prepararon para recibir a sus hermanos de clase.

La recepción si bien fue improvisada en un inicio, igual llegó a ser masiva en la capital. Los estudiantes de universidades como San Marcos y la Universidad Nacional de Ingeniería pusieron a disposición las instalaciones de sus centros de estudios para dar albergue a muchas delegaciones y otros apoyaron en la recepción de donaciones para llevarlas a los lugares de alojamiento. De igual forma las frentes distritales en los conos de la ciudad se movilizaron para darle alojamiento y recolectar donaciones para los compañeros de provincia y sostener lucha que se iba desarrollar ahora principalmente en la capital.

Si bien las primeras movilizaciones no surtieron el efecto esperado, por la carencia de una organización central y por las desviaciones que la dirección de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), permitieron mostrar que la más grande central sindical de trabajadores se encontraba en total actitud conciliadora con la dictadura.

La intervención violenta en el campus universitario de la universidad San Marcos dejó más de 200 detenidos y múltiples vejaciones que hicieron indignar más a la población y estudiantes, al ver actos violatorios de la autonomía universitaria y los derechos humanos, que fueron orquestados por la Rectora, el Poder Ejecutivo, la PNP, Fiscalía, SUNEDU, sumado a unas FFAA que por su lado intimidaban con una posible intervención en la UNI. Pero que solo terminaron por desenmascarar el verdadero carácter dictatorial del régimen ante la mayor parte del pueblo limeño.

De esa forma las movilizaciones y medidas de lucha cobraron más fuerza. Las marchas de sacrificio por las principales arterias de la ciudad fueron multitudinarias, principalmente en el cono norte, y las muestras de apoyo resultaron masivas.

Es así que para el 28 de enero se realizó una movilización contundente donde las fuerzas represivas al no tener el control completo de la situación recurrieron a la represión indiscriminada, asesinando a Víctor Santiesteban, dejando decenas de heridos, detenidos y sin respetar el Derecho Internacional Humanitario, pues se llegó al punto de intimidar a las brigadas de salud y a la prensa alternativa, motivo por el cual, actualmente organismos internacionales admiten que durante las represiones hubieron violaciones de derechos humanos por los que tendrá que enfrentar cargos Dina Boluarte, Alberto Otarola y consortes. 

Estos hechos hicieron que la dictadura fuera perdiendo aliados y se aísle más internacionalmente. Ya no solo eran los gobiernos socialdemócratas de hispanoamérica quienes no la reconocían, sino que hasta países de la Unión Europea y el mismo EEUU dudaban en seguirle otorgando su confianza. Ante ello, solo optó por continuar con la represión. Con la ayuda del Alcalde de Lima Rafael López Aliaga cerró plazas y después todo el Cercado de Lima para impedir las movilizaciones. Prohibió la más mínima concentración y disolvía cualquier manifestación en forma violenta.

El problema para el movimiento popular fue la carencia de una organización central. Hecho que trató de ser remediado con una bajada al llano de parte de las delegaciones de provincia para exigir que los dos comités de lucha existentes hasta el momento se unifiquen en uno solo. Formándose el Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú (CONULP) para tratar de organizar la “Segunda toma de Lima”. La misma que no cumplió su objetivo por encontrarse el movimiento en un momento de reflujo, pero hizo develar el nulo respeto que las fuerzas armadas y policiales tienen no solo por la vida de los manifestantes, sino también, por su propia tropa. Como lo prueban los funestos hechos de los 6 soldados del ejército ahogados en el río Ilave en Puno, por culpa de la orden dada por el capitán Josué Frisancho Lazo quien tiene antecedentes por delitos de violación sexual y ahora es investigado por dar una instrucción innecesaria a su tropa.

La creación del CONULP es un éxito por permitir centralizar mejor la lucha contra la dictadura y lograr la Asamblea Popular Constituyente. Pero tiene que superar muchas limitaciones que van desde comprender que la lucha en las regiones tiene una dinámica distinta a la capital; superar el discurso etnocéntrico que solo reduce la lucha a una dicotomía pueblos originarios-criollos o regiones-centralismo limeño para entender que la principal contradicción es de clase; lo que a su vez permitirá acoplar a los sindicatos democráticos que estén dispuestos a enfrentarse a la dictadura por encima de lo que transen las centrales sindicales.

Sin la elevación de la consciencia de clase de los trabajadores para que asuman su función histórica y sin la participación orgánica de la clase obrera en el CONULP no se podrá concretar el objetivo máximo de lograr la Asamblea Constituyente que ponga fin a este modelo saqueador que nos ha impuesto la dictadura del capital. 

6. Plataforma Política y suma de fuerzas 

La lucha iniciada en el 7 de diciembre de 2022, sin bien aún no ha cumplido sus objetivos principales, está lejos de terminar. Aunque en la confrontación directa se haya sufrido derrotas con las fuerzas de la reacción, producto de la dispersión inicial del movimiento popular, ello no quita que haya servido para desenmascarar la democracia liberal que no es otra cosa que la más pura dictadura burguesa que se torna fascista cuando esta clase ve amenazados sus intereses.

Desde el movimiento popular se ha logrado tener una victoria psicológica e ideológica sobre la burguesía, porque ahora el 69 % de peruanos están de acuerdo con que se convoque la Asamblea Constituyente, y más aún, exigen que tanto el Poder Ejecutivo y Legislativo convoque inmediatamente a elecciones para que cesen sus funciones.

Tanto los medios alternativos como la agitación de las organizaciones sociales, culturales y populares han logrado hacer calar un discurso que tome en cuenta los problemas de la población. Dejando sin valor las falsas narraciones de la prensa concentrada y de los esbirros del gobierno. Siendo ahora necesario concientizar y explicar más sobre la necesidad que la plataforma del CONULP se consiga:

1° Renuncia de Dina Boluarte.

2° Cierre del Congreso golpista.

3° Nuevas elecciones 2023.

4° Convocatoria a la Asamblea Constituyente Soberana y Popular.

5° Libertad a los detenidos y presos injusta e ilegalmente.

6° Juicio y sanción penal a los culpables directos e indirectos de los 78 asesinatos y violaciones a los DDHH.

7° No a los Contratos Ley y nacionalización de los recursos naturales concesionados a las transnacionales.

En la consecución de estos objetivos se debe continuar sumando fuerzas. Lima ya tiene una opinión semejante a la de provincia, pero hace falta que esté dispuesta a manifestarse con la misma magnitud como lo hacen los hermanos del interior. Ahí es donde se necesita el establecimiento de la mayor cantidad de redes con los diversos espacios que hagan llegar y expliquen la plataforma como también llamen a movilizarse a toda la capital.

La reciente lucha ha mostrado que todo tipo de organización suma, desde la prensa alternativa, las brigadas de salud o los equipos legales voluntarios; contribuyen a resistir mejor frente a los embates de la reacción. Estrechar lazos e incluirlos dentro de los organismos populares de los distritos y conos fortalecerá más el nivel combativo de Lima.

6. El trabajo en Lima, la capital del Perú

La demagogia del ultraconservador y fascusta Rafael López Aliaga y de su partido Renovación Popular se está viendo ahora por su incapacidad para afrontar el impacto del Ciclón Yaku. La Municipalidad Metropolitana de Lima, no puede solucionar la limpieza pública, contribuir a resguardar la salud de la gente, ni llevar el agua y desagüe a los asentamientos humanos. López Aliaga tampoco puede ordenar el transporte masivo y ha tenido uno de los primeros 100 días de gobierno municipal más desastrosos de la historia.

VII. Llamamiento del PCP (m-l)

• Llamamos a todas las fuerzas democráticas y de izquierda consecuente para avanzar a la centralización de la lucha nacional-popular para que se cumplan rápidamente los objetivos establecidos de derrocar a la dictadura y abrir un nuevo escenario de discusión sobre el Perú que queremos, a través de una nueva base constitucional.

• Llamamos a la elevación del discurso de clase que ayudará a tener más claro el panorama sobre el carácter del Estado y la correlación de fuerzas con que cuenta la lucha. El seguir reproduciendo el discurso etnocéntrico limitará en que no nos podamos ganar al proletariado que siente principalmente la opresión del capital por encima de cualquier discriminación de raza o género.

• Llamamos al acoplamiento de Lima a la lucha, que resulta crucial ya que en la capital se encuentra la tercera parte de la población de todo el país, por lo que apelamos a la solidaridad de clase del trabajador limeño y la hermandad cultural que traerá más éxitos que los discursos chauvinistas que traten de seccionar el sur del Perú. 

• Los referéndums populares pueden dar el primer motivo de existencia a los organismos de poder popular que aspiren a reemplazar al poder burgués en cada zona de la ciudad y el país. Tratar de llevarlos adelante puede darle un recurso a la clase trabajadora para que en un futuro no tan lejano ya no pelee solo por una Asamblea Popular Constituyente que modifique la base normativa del Estado sino por la conquista completa del poder político.

¡Vivan las luchas por derrocar a la dictadura cívico militar!

¡Por una nueva Constitución Política, Asamblea Constituyente Soberana y Popular!

¡Solo el pueblo salva al pueblo!

¡Vivan las luchas del pueblo trabajador y la alianza obrero – campesina por la liberación nacional y social!

Abril de 2023

Nilo Candela

Por el B.P del PCP (m-l)